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AGMER denuncia el ataque nacional hacia la educación pública y demanda definiciones del gobierno provincial

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AGMER denuncia el ataque nacional hacia la educación pública y demanda definiciones del gobierno provincial

Enero 11
17:40 2017
AGMER denuncia el ataque nacional hacia la educación pública y demanda definiciones del gobierno provincial
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Desde los inicios del gobierno nacional los cambios en la política nacional educativa no han sido para desarrollar avances con mayor inclusión, soberanía pedagógica desde los trabajadores de la educación y sus comunidades, mayor presupuesto educativo y formación docente continua en servicio sino todo lo contrario.

Como un adelanto de lo que venía, ya en enero de 2016 el gobierno nacional, en el decreto de modificiación de la ley de ministerios, omitió la Ley Nacional de Educación. Lo que se presentó entonces como un error administrativo, no es una expresión de deseos, sino una voluntad política: volver a reafirmar un sistema educativo con escasa inversión pública, fragmentado por provincias, con salarios a la baja; en lo formativo, hacia los docentes meritocrático y para quien se la pueda pagar, hacia la sociedad con la escuela como formadora de mano de obra barata que requiere el ajuste neoliberal, flexibilizando el mercado laboral, y en lo profesional con la búsqueda de “talentos”. El paradigma de la inclusión como punto de partida de un sistema democrático y de calidad educativa busca ser reemplazado por el de los más aptos. Cambiamos pedagogías y saberes escolares por especialistas en neurociencias y tecnocratas del Banco Mundial.

El conjunto de los acuerdos paritarios en condiciones laborales y formación docente no están siendo cumplidos deliberadamente por el gobierno, así como lo referido a la no aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género, el cierre de los Planes Mejora y Fines, el vaciamiento del programa Conectar Igualdad, entre otras medidas contrarias a los avances logrados en los últimos diez años. El presupuesto educativo es uno de los que mayores subejecuciones posee, no invirtiendo el Estado en educación en los porcentajes establecidos por ley. Esto atenta gravemente contra la ley de Financiamiento Educativo y nos genera la pregunta: ¿Que hizo el gobierno con esos fondos? ¿En qué los gastó? ¿Dónde fueron a parar?

El gobierno nacional llevó adelante el Operativo Aprender, de corte meritocrático, inconsulto y contrario a la posición de CTERA y como primer paso para un sistema restringido en lo laboral, excluyente en lo social y elitista en lo pedagógico. El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, se definió como un “gerente de recursos humanos” y comparó sus iniciativas con “una nueva Campaña del Desierto”, reivindicando el genocidio contra los pueblos originarios.

El año 2017 comenzó con 3.000 despidos de trabajadores que dependen de programas del Ministerio de Educación Nacional, incluídos quienes trabajan de manera virtual con el Plan Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, con la policía reprimiendo a delegados sindicales y 12.000 millones de pesos que decidieron no invertir en las escuelas mediante la Subejecución Presupuestaria.

La frutilla del postre -por ahora- de la política del gobierno que en definitiva ataca la educación pública como posibilidad igualitaria para el conjunto de la sociedad, se confirma con la negativa a que la Paritaria Docente discuta un piso salarial para las provincias, violando la ley de Financiamiento Educativo. La memoria de como el año pasado el ministro Bullrich se negaba a firmar ese acuerdo paritario parece definir ahora los pasos ilegales del gobierno. La inversión que el gobierno nacional no desea aportar a las provincias es de 10 mil millones de pesos en salarios, pero si está dispuesto a favorecer con quita de retenciones a los exportadores dueños de la tierra, los bancos, las mineras y las petroleras.

En este marco, AGMER acompaña las denuncias de la CTERA sobre los graves retrocesos en la política nacional educativa gubernamental, compromete su participación en estas luchas y exige el gobierno provincial el sostenimiento de los programas socioeducativos; los tiempos, espacios y condiciones laborales para el desarrollo de la Formación Permanente en Servicio con la correspondiente acreditación, ninguna armonización nacional en la Caja de Jubilaciones y una discusión salarial que recomponga el poder adquisitivo que los trabajadores perdieron el año pasado por la inflación, el proceso inflacionario actual y los aumentos que se han aplicado ya en enero sobre el combustible, el transporte, en la factura de luz y el retiro del descuento de IVA en las tarjetas de débito.

Exigimos voluntad política del gobernador Bordet para cumplir los acuerdos paritarios de Vivienda, Infraestructura y Transporte y la discusión paritaria salarial.
Demandamos medidas que distribuyan la riqueza a favor de los trabajadores y no resignando ingresos para las provincias como en la adhesión al blanqueo de capitales o el CGE actuando como agente de retención del injusto impuesto al salario.



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Roberto Alcides

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