Pero fuentes de la investigación señalaron que se les restringió fue el uso de celulares y el servicio de televisión digital Premium, pagados por el Estado, así como también se procedió a la contabilización real de horas laborales, ya que aparentemente hacían figurar horas ficticias para engrosar sus sueldos, que superarían a los de un jubilado.
Según revelaron altas fuentes ligadas al caso, desde que el Penal de Colonia Pinto pasó a la órbita federal, los presos lograron beneficios riesgosos. Se les entregó celulares, contaban con sistema de TV digital a través de una antena satelital, además de percibir salarios por encima de lo que gana un jubilado santiagueño.
Las fuentes consultadas por el diario El Liberal hicieron hincapié en que en la cárcel conviven presos que cometieron distintos delitos, incluyendo a los acusados de violaciones. Durante muchos años éstos tuvieron la posibilidad de contar con Direct TV, con el pack Premium, entre ellos los canales pornográficos; todo ello también con los recursos de los contribuyentes argentinos.
Desde marzo se decidió suspender la suscripción de TV por cable, quedando sólo con TV digital abierta. Desde entonces se tornó más «pesado» el ambiente, aseguran las fuentes.
Una de las últimas medidas que habría derivado en la presentación de un hábeas corpus colectivo, fue el quite de horas de trabajo «ficticias» que tenían los presos. «Trabajaban 80 y cobraban 200», manifestó una de las fuentes.
Con el pago de horas de más habrían logrado que los presos que no trabajan cobren más que un jubilado.
La decisión de abonar las horas trabajadas fue la gota que rebalsó el vaso, lo que habría derivado en las medidas de protesta que están llevando adelante, pidiendo la remoción de las autoridades.