«Quedó claro que los hechos que se nos acusaban no sucedieron», confirmó a Elonce TV, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, al tiempo que remarcó que «los jueces no dieron la razón a los fiscales», quienes habían solicitado una condena de cumplimiento efectivo para los sindicalistas.
«Lamentablemente, todo este tiempo se habló de la tarea que hace UPCN, pero quedó claro que lo hicimos fue nuestra defensa gremial por una trabajadora que fue despedida, siendo delegada de nuestro sindicato», apuntó al respecto.
Fabián Monzón, en tanto, adelantó que apelará la condena que se le impuso con una llamativa frase: «El día que la mentira se vistió de verdad».
La investigación se inició luego de los «aprietes» que recibió de este grupo de personas la directora del hospital de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. Para ambos, los fiscales Laureano Dato y Gamal Taleb habían solicitado condenas de entre 5 años y medio de prisión. Guillermo Barreira fue la única persona contra quien se dejó de sostener la acusación pública, mientras que para José Zarza se reclamó un castigo de 5 años y medio de prisión; Noemí Santamaría se solicitó una pena de 5 años de prisión; respecto de Zunilda Suárez se requirió una reprimenda de 3 años y medio de prisión. Por último, sobre la imputación contra el director del IOSPER y dirigente de UPCN, Fabián Monzón, los fiscales solicitaron que sea sentenciado a 1 año y medio de prisión condicional. Los tres abogados defensores, Leopoldo Lambruschini y Julio Federik -en representación de De la Rosa-, y Marcos Rodríguez Allende -por los cinco imputados acusados-, cuestionaron con dureza a los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y reclamaron la absolución de sus defendidos.
La causa penal se abrió tras las agresiones, presiones y amenazas que sufrió en junio de 2017 la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, quien había decidido cortar la suplencia extraordinaria de la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles, quien fue la gran ausente del debate oral y público. En su momento, la funcionaria explicó que la trabajadora se resistió a cumplir una orden de trabajo, y además tenía dos denuncias previas por suministrar medicamentos de forma errónea a dos pacientes.
La resolución de Trossero movió la presencia de un grupo de dirigentes de UPCN que viajaron a Diamante a convencerla de que volviera atrás con la medida. A esas acciones se sumó una comunicación telefónica del ex ministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa con la directora para obligarla a cumplir una resolución ministerial que dispuso la reincorporación de Migueles.
Según el Ministerio Público Fiscal, todo eso ocurrió, en un marco de violencia, y los fiscales Taleb y Dato calificaron al sindicato como «patota», con actitudes de «apriete» y «matonismo». Aunque al pedir las condenas, Taleb hizo una aclaración: «Debemos considerar como atenuante que hay alguien de prácticas patoteriles de UPCN que no está imputado en este juicio. Hay un autor detrás del autor, por eso debe valorarse como atenuante. Hay alguien que está moviendo los hilos detrás, e instaura prácticas violentas». No lo dijo, pero hacía alusión al jefe de la UPCN, el diputado nacional peronista José Ángel Allende.
A juicio llegaron los dirigentes Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira y Noemí Ester Santamaría, y el ex ministro De la Rosa, para quien el episodio significó la salida de su cargo en el gobierno provincial. Pero no para todos hubo pedidos de condena.
Guillermo Barreira fue la única persona contra quien se dejó de sostener la acusación pública, mientras que para José Zarza se reclamó un castigo de 5 años y medio de prisión; para Carina Domínguez, Noemí Santamaría y el ex ministro de Salud Ariel De la Rosa se solicitó una pena de 5 años de prisión; respecto de Zunilda Suárez se requirió una reprimenda de 3 años y medio de prisión. Por último, sobre la imputación contra el director del IOSPER y dirigente de UPCN, Fabián Monzón, los fiscales solicitaron que sea sentenciado a 1 año y medio de prisión condicional.
Por otro lado, los tres abogados defensores, Leopoldo Lambruschini y Julio Federik -en representación de De la Rosa-, y Marcos Rodríguez Allende -por los cinco imputados acusados-, cuestionaron con dureza a los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y reclamaron la absolución de sus defendidos,
