Las revelaciones -cómo funcionó el entramado de pago de coimas en la obra pública que salpica a todo el kirchnerismo pero que también involucra al presidente Mauricio Macri ya que en la causa está involucrado su primo, Ángelo Calcaterra- ha sacado a la superficie lo que ya otras investigaciones judiciales han revelado: el negocio que representa la obra pública para el financiamiento de la política.
Los principales actores de la Cámara Argentina de la Construcción están en la mira de la Justicia. Uno, Juan Chediack, expresidente y actual vicepresidente de la Cámara se encuentra en la mira de la Justicia por la causa de las coimas de la corrupción. Firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para declarar como arrepentido. Admitió la comisión de delitos y aportó datos sobre cómo se repartía la obra pública durante el kirchnerismo. Otro es Carlos Wagner, entre 2004 y 2012, presidente de la Cámara de la Construcción, ejecutivo de Esuco, una de las firmas que construyó la planta potabilizadora de Paraná. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador”, contó Wagner en la Justicia.
Por eso, no extraña que los allanamientos ahora alcancen también a empresas de Entre Ríos, como Pietroboni y Pitón.
La medida judicial del juez Bonadío es consecuencia de los datos aportados por Ernesto Clarens, exfinancista de la familia Kirchner, y su famosa planilla de Excell en la que están nombrados varios empresarios, entre ellos cuatro de la provincia de Entre Ríos: Codi SA, Lemiro Pietroboni SA, cuya sede central está en JJ Bruno 2725, de Concepción del Uruguay; Luis Losi Construcciones SA, con sede en Paraná, y la empresa Eleuterio Pitón SA, que tiene su cuartel general en Rivadia 50, de Gualeguay.
Según se informó oficialmente, en los operativos los policías piden información administrativa, actas societarias y otro tipo de documentos que a criterio del magistrado podrían ser útiles para avanzar en la investigación.
En noviembre, Bonadio le había pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le indicara los nombres de los directivos de 71 empresas que participaron de las licitaciones de obra pública entre 2003 y 2015, y que señalara si alguna de esas compañías integraron Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para participar de las licitaciones estatales.
Julio Crivelli, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), uno de los lugares donde se realiza un operativo, aseguró que “Bonadio ordenó un pedido de informes sobre autoridades y balances de las empresas asociadas”.
“Es un pedido que ya cumplimos, aunque parcialmente. Fue sobre unas 70 empresas que están mencionadas en la causa, no de todas”, dijo el dirigente, en declaraciones realizadas al portal Infobae.
Crivelli, que está en el cargo desde fines del año pasado, explicó que el sistema de votos de la entidad está vinculado a la facturación de cada compañía y que por eso tienen los balances de los miembros, aunque no los archivan.
“El día de la elección vemos cuántos votos le corresponden a cada miembro según su patrimonio y cuando se vota se tiran, es el único propósito por el que los tenemos. Presentamos lo que había, además hay balances en los que están las autoridades y otros en las que no”, detalló Crivelli, que es abogado, y aseguró que no sorprendió el procedimiento.
A su vez, Bonadio rechazó esta tarde excarcelar al último arrepentido de la causa de los cuadernos de las coimas, el exsecretario de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo, informaron fuentes judiciales.
El juez Bonadio aceptó como arrepentido a un exfuncionario K
Por la mañana, el detenido exsecretario privado de Cristina Kirchner, Isidoro Bounine, había sido trasladado a los tribunales federales de Retiro para ser indagado en la misma causa, luego de que Campillo dijera que el exsecretario privado lo contactó para que asesorase al fallecido Daniel Muñoz con operaciones inmobilliarias en Estados Unidos y empresas off shore.
El exsecretario de Cristina Kirchner aceptaría hablar ante Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, según fuentes de su defensa.
Bonadio ordenó además trasladar desde la cárcel a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, que al mediodía de hoy se encontraba ampliando su indagatoria, y a otro arrepentido del caso, el financista Ernesto Clarens, para el mismo trámite.
Pochetti llegó esposada y con casco al juzgado de Bonadio, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002.
Campillo logró homologar su acuerdo como imputado colaborador y pidió la excarcelación, pero Bonadio se la denegó.
La lista
Ernesto Clarens, el financista de la familia Kirchner, reveló ante la Justicia que recaudó 30 millones de pesos para el plan de viviendas “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo, pero también dio a conocer una planilla de Excel con empresas vinculadas a las coimas.
En el listado, figuran al menos 86 empresas como las que “pagaron coimas” a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por un total de 660 millones de pesos como “mínimo”, confirmaron fuentes judiciales.
En la lista de Clarens se afirma que el monto total de las obras públicas adjudicadas a esas empresas fue entre el 2003 y el 2011 unos 33 mil millones de pesos.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que en el Excel aparecen porcentajes sobre esos montos que reflejan el monto de la coima. Los porcentajes oscilan entre “el 4 y el 50 por ciento”. Entonces, estimaron que las coimas “fueron como mínimo 660 millones”.
La lista de 86 empresas que recibieron obras por 33 mil millones de pesos desde el 2003 hasta abril del 2010 fue revelada anoche por Fernando Carnota en el programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino.
Helport (2.800.000.000)
Benito Roggio (2.300.000.000)
Cartellone (2.100.000.000)
CPC (1.800.000.000)
JCR (1.400.000.000)
Electroingeniería (a través de Vialco, 1.300.000.000)
IECSA (1.300.000.000)
Rovello Carranza (1.200.000.000)
ESUCO (1.200.000.000)
Contreras Hermanos (1.100.000.000)
Luciano (900.000.000)
JJ Chediack (900.000.000)
Perales Aguiar (700.000.000)
Supercemento (700.000.000)
DYCASA (700.000.000)
Decavial (600.000.000)
Equimac (500.000.000)
Coarco (500.000.000)
Homaq (400.000.000)
Losi (400.000.000)
Cleanosol (400.000.000)
Panedille (400.000.000)
Green (400.000.000)
Alquimaq (400.000.000)
Burgwardt (300.000.000)
CCI (300.000.000)
Pietroboni (200.000.000)
Dos Arroyos (200.000.000)
Hidraco (200.000.000)
Guerechet (200.000.000)
Austral (200.000.000)
Bialmani (200.000.000)
ICF (200.000.000)
Mapal (200.000.000)
Poland (200.000.000)
Coprisa-Covico (190.000.000)
CN-Sapag (180.000.000)
Biancalani (180.000.000)
Paolini Hermanos (180.000.000)
Noroeste Construcciones (180.000.000)
Conorvial (160.000.000)
Boet. Y Butigl (160.000.000)
Mijovi (160.000.000)
Vial Agro (160.000.000)
Marcalba (150.000.000)
FAICSA (150.000.000)
Techint (140.000.000)
Rovial (130.000.000)
IVICA y Ante Dumandzic (99.000.000)
Fontana Nic. (90.000.000)
Genco (90.000.000)
Eleprint (90.000.000)
ECAS (90.000.000)
Indust. Y Const. (90.000.000)
Maquivial (80.000.000)
Coing SA (80.000.000)
Codi (70.000.000)
Conevial (70.000.000)
Construmex (70.000.000)
Vezzato (70.000.000)
Pagliara (60.000.000)
Pitón (60.000.000)
Romero Cammisa (60.000.000)
Danilo De Pellegrin (60.000.000)
Codistel (60.000.000)
De Armas (50.000.000)
Rodalsa (55.000.000)
Ingeniería y Arquitectura (53.000.000)
AFEMA (50.000.000)
Chacofi (50.000.000)
Const. De Ingen. (46.000.000)
OBRING (46.000.000)
Vial Baires (40.000.000)
Concret Nort (40.000.000)
Edeca (40.000.000)
Curi (40.000.000)
Covimer (39.000.000)
Furfuro (URMA, 38.000.000)
Indus. (32.000.000)
Lo Bruno (30.000.000)
José Luis Triviño (28.000.000)
Tabolango (26.000.000)
Martínez y De la Fuente (26.000.000)
Monte Rrubio (24.000.000)
Ingevial (22.000.000)
Canga (20.000.000)