Estamos viendo como el debate sobre el aborto instalado desde hace bastante tiempo en las calles, bares y aulas se abre paso en la agenda del Congreso Nacional. Es sin lugar a dudas una Doxarquía de sectores sociales que vienen reclamando una perspectiva distinta en la legislación argentina. Más allá de si el momento del inicio del debate responde a una estrategia del Poder Ejecutivo para desviar la atención sobre otras problemáticas lo cierto es que no se insertaría en el temario de comisiones un reclamo que tiene cada vez más adherentes en la sociedad civil y adentro y afuera del oficialismo.
Para clarificar, la Doxarquía es la estructuración de una opinión con la intensidad suficiente como para hegemonizar la opinión pública y la agenda de los medios masivos y redes de comunicación afectando y cambiando la toma de decisiones de los dirigentes políticos y funcionarios del Estado. Es un modo de influir en la política tradicional que la deconstruye ampliándola, abriéndola, escrutándola, levantando el velo sobre su gestión poniendo en jaque el modo de ejercer el poder que ya no tiene legitimidad suficiente como para mantener el status quo administrativo. La política tradicional se abre hacia el encuentro de las demandas más novedosas que en muchos casos tienen inicio en lo que la academia comienza a denominar alter política.
En este sentido, es necesario que las opiniones y el debate sobre la posible nueva regulación del aborto no tienda sólo a radicalizarse y a la vez a simplificarse. Si en verdad es hora del debate serio, amplio y con vistas a cambiar la legislación es también hora de que la discusión tome como parte de la complejidad a temas como embarazo adolescente, no deseado, cumplimiento de ley de educación sexual, ley de reproducción asistida, los dilemas de bioética, el articulado del nuevo Código Civil de la Nación, a la vigencia de los tratados y convenciones internacionales incorporados a la Constitución Nacional y las políticas de desarrollo social, además de lo demandado por sectores de extrema izquierda en relación al Código Penal.
La discusión es basta por la complejidad y las aristas de la problemática pero que no se deben limitan sólo a estos issues. Además, bien debe distinguirse que los cambios en la regulación deben dejar de ser sólo de política estatal para transformase en políticas públicas y esta diversidad puede ir desde la despenalización para más casos en particular, pasando por una despenalización total o avanzar hasta la legalización al sumar políticas proactivas de prevención y difusión de información sanitaria. No todo es lo mismo y el costo social y económico del impacto de estas medidas tampoco.
En este punto entonces, al hablar de los outputs, tenemos que sumar al análisis de modo indubitable, la pregunta sobre si la Argentina en materia de desarrollo social y políticas de igualdad y equidad de género puede alcanzar las metas de la Agenda 2030. Es decir ¿tendrá la discusión en el Congreso de la Nación la madurez suficiente como par dar cuenta de que estamos ante la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio? Por ahora creemos que no. Si es que sólo vamos a discutir sobre despenalización del aborto, independientemente de su aprobación o no, estamos lejos como sociedad de dar respuestas a las múltiples relaciones problemáticas que rodean a estas lamentables situaciones.
Entonces, la Doxarquía exitosa que habilita hoy la discusión sobre el cambio de políticas necesita de un debate amplio y fructífero que alcance un resultado sostenible en materia de bienes públicos para un verdadero avance en el cumplimiento del objetivo y las metas del ODS 5. En caso contrario, habremos perdido una oportunidad magnifica para la igualdad y equidad entre géneros.
Javier Adrián Cubillas
Analista de Asuntos Públicos
