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Cómo fueron los operativos con los que el ERP recaudó millones por el «Tata Yofre»

agosto 4, 2019
Armas, secuestros extorsivos y una curiosa reacción de Perón: cómo fueron los operativos con los que el ERP recaudó millones

Cómo operaba una de las organizaciones armadas que aterrorizó a la Argentina en los años ’70. Sus vínculos con otros grupos extremistas

Mucho se escrito y hablado sobre la administración de las finanzas de la organización armada Montoneros. Quizá fue porque tuvo un mayor grado de exposición y por concretar la «Operación Mellizas», el secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born en el que recaudaron 60 millones de dólares. Sin embargo, de las finanzas del Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, se ha tratado poco. Más que hablar de las tareas de una central operativa financiera o del caudal que manejaba su sección «Logística», como la tuvo Montoneros (a través del banquero David Graiver, bancos extranjeros o la gestión de algunos operadores como el Turco Ricardo René Haidar y Melchor Magario), sólo se ha podido establecer un listado de innumerables hechos militares-políticos que alimentaron las arcas del terrorismo trotskista, nacido en julio de 1970. En esta ocasión se conocerá la identidad de uno de los «administradores» del PRT-ERP.

Dejando a un lado todo lo recaudado por la organización terrorista durante el interregno de los generales Roberto M. Levingston y Alejandro Agustín Lanusse (1970-1973), es dable recordar muchos de los hechos realizados durante el gobierno constitucional que nació en mayo de 1973.

La fecha tiene el solo tratamiento del relato del momento porque, en esencia, las organizaciones terroristas nunca cambiaron entre un sistema de gobierno u otro ya que solo tenían como objetivo tomar el poder para instaurar una tiranía marxista. Ejemplo de lo afirmado fue el diálogo entre Jaime Lamont Smart, juez de la Cámara Federal en lo Penal que fue disuelta el 25 de mayo de 1973, con una de las detenidas.

En esos días de 1973 Silvia Urdampilleta no pensaba en su libertad inmediata, tampoco lo esperaba su jefe Santucho. Por esas semanas pidió conversar con uno de los miembros de la Sala y la audiencia le fue otorgada.

Juez Smart: ¿Estarás contenta?

Urdampilleta: ¿Por qué?

Juez: Y porque el 25 de mayo van a salir libres.

Urdampilleta: Los que no están condenados saldrán y para los sentenciados será el año que viene y mirando el escritorio de su interlocutor preguntó ¿y eso qué es?

Juez: La causa tuya.

Urdampilleta: ¿Causa? Pero eso es un término pequeño burgués.

Juez: Bueno, tomalo como quieras, es lo que manda el Estado.

Urdampilleta: Ustedes se equivocan. Así no van a ganar. Nos tendrían que haber fusilado.

Mario Roberto Santucho, el jefe del ERP, en los primeros días del gobierno de Héctor J. Cámpora, le dijo al entonces presidente constitucional: «En estas circunstancias, llamar a la tregua a las fuerzas revolucionarias es, por lo menos, un gran error. Por el contrario, los verdaderos intereses de la clase obrera y el pueblo exigen redoblar la lucha en todos los terrenos intensificar la movilización de las masas, intensificar las operaciones guerrilleras, incorporar a la lucha a sectores cada vez más amplios de las masas. Dar tregua en estos momentos al enemigo es darle tiempo para preparar una contraofensiva.»

Si el diálogo entre Smart con Urdampilleta no aclara lo señalado, el concepto que tenía el gobierno justicialista de Juan Domingo Perón a través de sus organismos de Inteligencia aclara la cuestión. El párrafo de este informe fue leído por el primer mandatario en 1974.

En 1973 una ola de éxodo de empresarios y funcionarios del comercio y la banca privada, de origen extranjero, abandonaba el país a raíz de los secuestros extorsivos que amenazaban a empresas radicadas en el país. Directivos de Coca-Cola y Otis encabezaban la nómina amenazada por los atentados terroristas. Los padres de escolares que cursaban en escuelas extranjeras cancelaban las matrículas de los alumnos. La empresa norteamericana Alston Purina comunicaba que había recibido instrucciones de la empresa matriz respecto de la salida inmediata del país de personal jerárquico que recibiera amenazas.

El financista británico Charles Lookwood, secuestrado el 6 de junio de 1973 en Hurlingham por un grupo terrorista cuando se dirigía a sus oficinas en el centro de Buenos Aires, apareció tras soportar un mes y medio de cautiverio, liberado tras un rescate de dos millones de dólares. En opinión del empresario británico, se trataba de un comando del PRT-ERP. La Biblia (resumen castrense de la época) dirá en la página 501 que se pagaron 2.300.000 dólares. La ola de violencia no solo fue generada por el terrorismo argentino, también actuaron al unísono, durante el mandato de Perón, las organizaciones que integraban la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), es decir los uruguayos (Tupamaros), chilenos (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y el boliviano Movimiento de Liberación Nacional. En condiciones como las descriptas ¿qué plan económico y de desarrollo podía implantar el gobierno constitucional?

El aguantadero argentino

Domingo, un integrante de la vieja guardia del MLN-Tupamaros que se salvó milagrosamente en 1972, se refugió en la Argentina y fue el «responsable» del comité militar. Salió de Montevideo por el aeropuerto de Carrasco el 27 de septiembre de 1972, el mismo día que el terrorista tupamaro Efraín Martínez Platero. «Creo que con un vuelo de diferencia. Me acompañó una compañera ‘legal’ hasta Buenos Aires: la mujer de Luis Alemañy (a) ‘Luis Bolivar’. Yo venía del Abuso, la fuga en masa del penal uruguayo de Punta Carretas de septiembre de 1972, y estaba clandestino», señaló.

En Memorias de insurgencia de la investigadora uruguaya Clara Aldrighi, Domingo cuenta cómo tras su paso por Buenos Aires en octubre de ese año sigue a Chile y luego viajó a una reunión con la dirección de la «orga» a Cuba. Luego vuelve a Chile para participar del simposio de Viña del Mar, en febrero de 1973, en el que participaron innumerables miembros de diferentes organizaciones armadas del Cono Sur y en el que el MLN adopta la línea marxista-leninista. Luego vuelve a Cuba por no más de quince días, retorna a Santiago de Chile y pasó a la Argentina. «Estoy en Buenos Aires a mediados de 1973, después ando por Corrientes, por Entre Ríos», apuntó.

-¿Contaban con el apoyo de las organizaciones armadas argentinas?

-Sí, sí. Yo iba todas las semanas al ejecutivo del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

-¿Con el PRT establecieron los vínculos más estrechos?

-Sí, de lejos.

-¿Qué relaciones mantenían con Montoneros y FAR?

-Con los Montos nos juntábamos en los boliches, conversábamos. Con todos los compañeros conversábamos. Porque estaban la FAL (Fuerzas Argentinas de Liberación) en esa época, las FAR, los Montos, y otras organizaciones más chicas que se reabsorben en Montoneros. Pero la influencia política en el MLN es del PRT. Y del Negro (Mario Roberto) Santucho, además.

Domingo luego contará que en la cumbre de Viña del Mar, la organización MLN-Tupamaros se organizó de manera similar al PRT con un comité político, un comité militar, logística, operaciones, inteligencia. Algunos de los que conformaron esas estructuras fueron (Lucas) Mansilla, Efraín (Martínez Platero), el Turco (Kimal) y Prudencio (Luis) Alemañy en lo político. La responsabilidad militar recayó en Domingo (operaciones), (William) Whitelaw (logística) y (Giocondo) Ravagnolo (inteligencia).

-¿Dónde obtenían los recursos para financiar tan frecuentes viajes de los dirigentes?

-De los secuestros. Yo tengo el récord nacional. No tengo el sudamericano porque los Montos me hicieron el de 70 millones de dólares (secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, septiembre de 1974).

-¿Qué secuestros?

-En 1973, en la Argentina. Tres secuestros, 22 millones de dólares. Tengo uno de quince millones, el de (Víctor) Samuelson.

-¿Fueron realizados con el ERP o con la Junta Coordinadora Revolucionaria?

-No, los hacíamos todos los de la Junta: el ELN (Ejército de Liberación Nacional, de Bolivia), que no ponía gente, pero le dábamos guita; el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de Chile), que no operaba en Argentina, pero le dábamos guita también, el PRT y el MLN. Con Víctor Samuelson (3 de diciembre de 1973) le sacamos a la Esso 15.600.000 dólares. Cinco millones con el secuestro de la empresa suiza Swissair. Firmaba la Junta. Se mando plata a Chile para el MIR, se mandó al ELN, nos quedamos nosotros, y el toco grande se lo quedó el PRT-ERP.

Los berretines

Domingo relató que Enrique Gorriarán Merlo participó en los tres secuestros y que la negociación la hizo él porque «los compañeros (del ERP) eran medio esquemáticos». Y que el dinero fue guardado en «berretines». «Nosotros, el MLN, llevamos la técnica de los ‘berretines’ a la Argentina. Ellos los construían, pero la experiencia era nuestra. En Cuba había una casa inmensa llena de ‘berretines’. Allí hacías cursos; había un compañero que trabajaba en seguridad, que estaba haciendo el análisis de todos los compañeros del MLN», detalló.

Como resultado del secuestro del ejecutivo norteamericano se afirmó que ese dinero alcanzaba para mantener y equipar a 1500 guerrilleros durante un año y el ERP reveló el 12 de junio de 1974 que 5 millones de dólares fueron a financiar la JCR.

La mayoría de los innumerables atracos se realizaron en Buenos Aires y Córdoba porque en esas provincias operaban los cuadros terroristas más importantes y allí residían los ejecutivos de las empresas más fuertes.

Sin embargo, así como antes de 1973 el PRT-ERP había realizado numerosos asaltos –»recuperaciones» las denominaban— para financiar todo el aparato guerrillero (como ser a la empresa Otis 500 mil dólares; ejecutivo Carlos Lockwood  2.300.000 dólares; John A. Thompson de Firestone us un millón y por segunda vez Sylvester Stanley), desde la presencia de Perón en la Argentina y durante su corta presidencia realizaron una trágica ola de asaltos y secuestros extorsivos muchos no denunciados por temor y la mayoría marcados a fuego por sus víctimas, pero con los que se financiaron los operativos militares, la Compañía de Monte «Ramón Rosa Jiménez», el sostenimiento de la estructura médica, de Inteligencia y los militantes y los desplazamientos de sus jerarcas al extranjero.

Mientras el 26 de junio de 1973 Perón sufría una descompensación en su casa de Gaspar Campos en Córdoba, el ERP realizaba una serie de secuestros extorsivos y liberación previo pago de rescate de José Siguenza, Liliana Aein y Mirta Rubin.

Como se dijo, limitándonos a lo sucedido entre 1973 y 1974, el PRT-ERP realizó innumerables secuestros aunque las autoridades constitucionales no informaron cuáles fueron los montos entregados para liberar a las víctimas. Ni siquiera lo afirman los informes de la SIDE e Inteligencia militar de la época.

Como consecuencia del desorden reinante y tras los asaltos del ERP al comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973) y la guarnición Militar de Azul (enero de 1974), el presidente Perón endureció las penas del Código Penal de la Nación. Más tarde dio las directivas para ejecutar el «Plan Topo» que no era otra cosa que la coordinación de todas las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en la guerra antiterrorista

Cuando el PRT-ERP comenzó a desfallecer económicamente recibió o estuvo a punto de recibir apoyos y colaboraciones económicas impensadas. Por ejemplo –hasta ahora casi desconocida—cuenta Rolo Diez, ex segundo jefe de Inteligencia del PRT-ERP, en manos del teniente Pancho Javier Ramón Coccoz, tras la muerte (29 de marzo de 1976) del Capitán Pepe Juan Mangini, que en sus cotidianos encuentros con el empresario Diego Muniz Barreto, ex comando civil de la Revolución Libertadora en 1955; el ex funcionario del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y posteriormente financista del montonero Rodolfo Galimberti y ex diputado nacional por la Tendencia Revolucionaria le ofreció una colaboración mensual de 50 millones de pesos de la época para gastos de la inteligencia erpiana. El ofrecimiento no llegó a concretarse porque al poco tiempo Muniz Barreto fue secuestrado y asesinado.

El otro caso poco conocido se dio dentro del «Caso Redondo», es decir el secuestro y asesinato por parte del Ejército de Rafael Perrotta, empresario periodístico y dueño del matutino El Cronista Comercial. El caso tuvo dos carriles, el primero un pedido de rescate por parte de la banda del Ejército que lo detuvo tras la caída de Pancho Coccoz que lo delató.

En medio de la investigación surge la presencia de Julio Gallego Soto, también delatado por Coccoz, y salen a la luz varios encuentros de asesoramiento a los más altos jefes de la conducción del PRT-ERP respecto de la marcha de la Bolsa de Comercio, precio del oro, divisas y acciones. En varias ocasiones recibió dinero en efectivo para administrarlos. Tras una relación de tres años, Gallego Soto siguió el mismo camino que Perrotta y desapareció en 1977. Otra derivación que tuvo la investigación fue el conocimiento de un acuerdo entre el ERP y la empresa Shell, en el que se trató con el propio Santucho, de armas y dinero a cambio de no interferir las actividades de la multinacional anglo-holandesa. El asunto no salió del secreto de las partes. Todo lo afirmado bajo el conocimiento del embajador de Cuba, Emilio Aragonés Navarro y su colaborador Gustavo Hernández.

(Infobae)