Stella Maris Martínez lo dijo hoy en la ciudad de Victoria al participar del encuentro anual de los defensores públicos, oportunidad en que se celebró los 10 años de la autonomía de la Defensoría en Entre Ríos. Por su parte el Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, resaltó lo actuado en el transcurso de esta década.
El Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos realizó hoy en Victoria su Reunión Anual, cuyo debate estuvo centrado en el reconocimiento a sus 10 años de funcionamiento como órgano autónomo e independiente tras la reforma de la Constitución provincial sancionada en 2008.
La actividad contó con la participación de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el Procurador General de Entre Ríos Jorge Amílcar García, de defensores de otras provincias, integrantes de la magistratura provincial, legisladores y funcionarios, coincidiendo con la realización del plenario del Consejo Federal de Defensores Generales.
La Defensora General habló sobre “la obligación del Estado y el derecho de todos los ciudadanos al derecho de la defensa” y expuso sobre los deberes que tienen los defensores para con los acusados de delitos.
En su alocución, Martínez destacó que “el estado en que se encuentra la defensa pública entrerriana y los avances, demuestra como la autonomía de la defensa es imprescindible para su fortalecimiento”.
Por su parte, el Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, consideró que “la oportunidad sirvió para hacer un repaso de lo hecho en estos 10 años de funcionamiento y evaluar el trabajo realizado”.
Benítez destacó la presencia del ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ex convencional constituyente, Miguel Augusto Carlín, uno de los expositores invitados. “Lo convocamos para conocer en detalle qué cuestiones tuvieron en cuenta los convencionales para incluir el artículo 207 en la Constitución de la provincia, que es el que reconoce la autonomía e independencia del Ministerio Público de la Defensa”, señaló el defensor general.
Otro de los disertantes fue el senador provincial Ángel Giano (FPV-Concordia), quien como integrante del Jurado de Enjuiciamiento, consideró que la remoción de los titulares de los Ministerios Públicos debe hacerse mediante juicio político, como prevé la Constitución para el caso de los miembros del STJ.
Importancia de la autonomía de la Defensoría
A partir de la autonomía instaurada por la Constitución provincial, el desempeño de un servicio público como es el de la justicia a través de la Defensa, ha requerido de la construcción de una política institucional propia que promueva la articulación institucional, dentro y fuera del Poder Judicial.
Desde el Ministerio Público de la Defensa se resalta la conformación de un equipo de trabajo, lo que promueve el sentido de pertenencia y la autoestima institucional, permitiendo relevar y revisar críticamente las prácticas institucionales y mejorar la calidad del servicio. Eso, además, posibilita generar cambios en la estructura, organización y gestión, en pos de propiciar una “cultura institucional” sobre la base de la eficiencia, la responsabilidad y el servicio hacia todas las personas, y en especial de aquellas en condiciones de vulnerabilidad, en base a principios éticos y de derechos humanos.
