Por estar en riesgo y cerca de finalizar las condenas, la justicia en Entre Ríos les otorgó el beneficio a condenados entre otros por asesinatos, violaciones y narcos.
La Cámara de Casación Penal Federal y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos recomendaron a los distintos juzgados tener muy en cuenta la situación de los presos en las cárceles a fin de evitar que se contagien de coronavirus. Por ello es que impulsó la morigeración de la prisión efectiva y propuso el otorgamiento de prisiones domiciliarias a las personas que puedan estar en los grupos de riesgo por edad, por problemas de salud o por estar cerca de concluir las condenas. De esa manera, en la provincia recibieron el beneficio desde 10 de marzo al 20 de abril 161 privados de la libertad.
En estas circunstancias las autoridades judiciales tomaron los planteos de abogados, organismos y los propios presos para que corrieran las prisiones domiciliarias a fin de evitar que se vieran afectados por la pandemia de coronavirus.
En medio de los análisis de las situaciones de los condenados o imputados con prisiones preventivas en las unidades penales, se produjeron motines en las cárceles de Paraná, Concepción del Uruguay y femenina de la capital entrerriana. El malestar de los presos se dio por la falta de respuestas a los planteos judiciales, y porque en medio de la pandemia se otorgó a nivel nacional la prisión domiciliaria a Julio De Vido, Amado Boudou y otros condenados por hechos de corrupción que lograron el beneficio con el reclamo de coronavirus.
Repercusiones y preocupaciones
A UNO llegaron varios mensajes de vecinos de Paraná que se sintieron intimidados por tener nuevamente como vecinos a personas que habían logrado la prisión domiciliaria, y que los veían «tomar sol en las puertas de sus casas, o barrer las veredas», tal como referenciaron en los comentarios.
La mayor preocupación se dio en que muchos de los que lograron la salida de los penales, son personas que habían sido condenados por aberrantes crímenes, abusos sexuales o ser jefes narcos.
«No es fácil para nadie del barrio, tener entre nosotros a este hombre que fue condenado por abusos sexuales de niños discapacitados», resaltó un lector enfurecido.
«¿Quién nos garantiza que no vuelvan a repetir los hechos, si no tienen tobilleras electrónicas y no cuentan con custodia policial permanente. Solo es la palabra de honor que se van a portar bien?», inquirió el mismo lector.
«Ojala que no siga vendiendo droga y mate a nuestros hijos con esa mugre, que encima le deja mucho dinero», reclamó una vecina a confirmar que una jefa narco había obtenido el beneficio judicial.
Llegaron los beneficios
La mayoría de los juzgados que emitieron las autorizaciones, hicieron notar que el Servicio Penitenciario brinda en las cárceles a los presos una prestación sanitaria y de asistencia médica adecuado que evitaría la posibilidad de contagio de coronavirus, por lo que se dispuso el beneficio por el avance de la condena de los reos.
Venta de drogas
De esta manera, los juzgados federales de Entre Ríos dispusieron en casi un mes de resoluciones, la morigeración de la prisión efectiva a 86 personas detenidas por causas vinculadas con la venta de estupefacientes. Todos los penales abrieron sus puertas a los penados o procesados que previo a recibir el beneficio, fueron notificados por las autoridades judiciales que debían cumplir a rajatabla la prisión domiciliaria, sin cometer nuevos delitos, consumir alcohol o estupefacientes, no violar la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional o avanzar en casos de violencia de género. Por cualquier motivo, se les revocaría la morigeración y volverían a estar presos.
Justicia provincial
En tanto, el número de imputados o condenados por delitos que se investigan en la órbita de la justicia provincial, que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, fue de 75.
Entre las personas que se les permitió las salidas de los penales, según se informó a UNO desde el Servicio Penitenciario, se encuentran entre otros:
– Cristián Pagliaruzza, quién había sido condenado a 14 años de cárcel por el asesinado de la suboficial de Policía Silvia Depardón, ocurrido el 6 de setiembre de 2003.
– Miguel Rochi, condenado a siete años por delito de «Abuso sexual con acceso carnal reiterado» de las víctimas discapacitadas y que eran trasladadas por el transportista escolar de Paraná.
– José Piñeiro, condenado a prisión perpetua por ser el asesinato de Juan Carlos Malvasio, ocurrido en 1999 en la ciudad de La Paz.
– Claudia Bernal, condenada por ser la jefa de la banda narco y por lavado de dinero en el 2017. Se le impusieron cinco años y dos meses de prisión y una multa de 1.086.090 pesos.
A la casa
Basado en el principio de resocialización y avance de la pena, sumado a la grave situación que se da -sobre todo del sistema federal y en los penales de Buenos Aires-, sin olvidar la pandemia por coronavirus, es que se pidió desde la Justicia, las salidas anticipadas de los reos que estuvieran en condiciones de cumplir con los beneficios.
Del informe al que accedió UNO, se notificó que en total lograron la prisión domiciliaria 161 personas (condenadas y procesadas), dentro de ese número hay 13 mujeres que salieron del penal femenino de Paraná y del pabellón creado en la Granja Penal de Gualeguaychú.
En la estadística, se hizo saber que 75 personas son penadas por delitos de la justicia provincial y 86 de la Justicia Federal.
(UNO)