Las autoridades resolvieron que las intervenciones para disolver aglomeraciones recaigan en los integrantes de los Cecoed: los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Salud Pública, las intendencias y la propia Fiscalía, que pasará a tener un representante en estos organismos.
Luego de la reunión, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, explicó en conferencia de prensa que las medidas buscan evitar que se perjudique a la salud; por eso, el gobierno no delimitó los procedimientos en base a un determinado número de personas reunidas. En su lugar, las autoridades remarcaron que se actuará cuando se identifique un “notorio riesgo para la salud de la gente”, anotó Larrañaga.
En caso de desobediencia, el ministro del Interior anunció que se dispondrán multas que podrán ir desde las 30 a las 1.000 UR (de $ 38.730 a $ 1.291.000) y que incluso podrá intervenir la Fiscalía bajo la figura de “desacato” a pedido de las autoridades.
Larrañaga consideró que “todo esto implica la responsabilidad de cada uno de los uruguayos” dado que “la ley es para cuidar a la gente, la salud y la vida, y por eso hay que asumir una decisión frente a los intereses en juego”. Por este motivo es que el Poder Ejecutivo resolvió otorgarle “temporalidad” a las nuevas medidas, que en este caso tendrán una vigencia de 60 días y que podrían ser prorrogadas por otros 30.
La actuación de la Policía será solo cuando así se solicite. Larrañaga explicó que si bien disuadirán y terminarán con las aglomeraciones, el proceso será gradual y apelarán a que “no se generen las dificultades de una intervención directa de la Policía”. De todas maneras, anticipó: “Si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer”.
Las nuevas disposiciones anunciadas anoche también comprenden el cierre de las fronteras. Las únicas excepciones serán para ayudas humanitarias, transporte comercial o de carga y correo.
En este caso, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció que se colocarán 25 puestos de control a lo largo de la frontera: 15 en el límite con Brasil y 10 con Argentina. En tanto, los operativos contarán con más de 500 efectivos del Ejército Nacional y de la Prefectura Nacional Naval.
En el caso de las ciudades binacionales, como Rivera o Chuy, donde es muy común que las personas vivan de un lado de la frontera y trabajen del otro, se les solicitará la documentación y la misma será cotejada con Migraciones.
García señaló que el cierre de fronteras será a nivel de tierra, mar y aire, y que en este caso, incluso los vuelos o viajes en yates particulares quedan prohibidos. El ministro aseguró que “estas medidas nadie las adopta con alegría, mucho menos en las circunstancias en las que estamos viviendo”.
El ministro Larrañaga anunció que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le solicitó reforzar el servicio 911. “Cuando intervengamos vamos a tomar en cuenta para el número que motive la intervención toda situación de notorio riesgo para la salud de la gente. Ese es el criterio que obviamente va a ser chequeado con Salud Pública, por las autoridades intervinientes, para proceder en función del esquema de denuncia. Vamos a reforzar el 911 tras pedido del presidente de la República”, dijo Larrañaga sobre el criterio para intervenir en una aglomeración.
“Creo que lo define la ley. Es una situación notoria de aglomeración de gente sin mascarillas que en el conjunto ponga en riesgo la salud pública de los intervinientes y de la gente. Es un concepto que obviamente se podrá apreciar, el número en función del lugar. No es lo mismo un lugar que otro. Ahí nos parece relevante lo de cada Comité Departamental de Emergencia”, agregó Larrañaga.
Con respecto a la utilización de un helicóptero para exhortar a la desconcentración de aglomeraciones, Larrañaga declaró: “Me da un poco de gracia, porque cuando salía muchos nos criticaban porque salía. Ahora que no sale es porque no sale. Vamos a salir con la unidad aérea de la Policía Nacional”, anticipó el secretario de Estado.