Esta irregularidad debió ser detectada por la Junta Electoral de UPCN, compuesta por José Carlos Mayer, Juan Carlos Caminotti y Juan Mauro Caminos. Sin embargo, hay pruebas suficientes de que la Junta Electoral responde a Allende a pesar de que debería ser «independiente».
No se explica de otro modo su actitud reiterada que puede observarse en el ocultamiento de información para quienes pretenden competir contra Allende.
La principal irregularidad es que ante la solicitud por parte de otra lista, denominada Naranja Renovación Joven, la Junta se negó a informarles sobre la existencia -o no- de listas competidoras en el proceso eleccionario.
La respuesta de la Junta, ante la presentación mediante escribana pública, fue que contaban con 48 horas para hacer impugnaciones y que por eso no daban a conocer la información. Es decir: una lista que presentó en tiempo y forma sus papeles no podía acceder a saber si tenían rivales en el proceso eleccionario durante el período de impugnación.
Surgen algunas preguntas: ¿Quién podía impugnar una lista si la desconoce? ¿Qué motivos habría para que se oculte la existencia de la lista oficialista? ¿No será que el principal candidato de dicha lista está invalidado por estatuto para participar?
Esto lo dejaron registrado en un acta notarial que reprodujo los términos de la negativa de la junta electoral: «El tribunal le responde que no van a dar esa información, tampoco nombre de la lista, sus miembros ni avales».
Incluso, al finalizar el plazo de 48 horas expresado por la Junta Electoral -el 9 de abril-, los opositores a Allende se dirigieron a la oficina de la Junta para conocer si había -o no- otras listas. La oficina estaba cerrada a las 17.20 horas a pesar de que en la puerta había un cartel que indicaba que en ese horario debía permanecer abierta.
Incluso, una vez vencido el plazo al otro día, solicitaron que se les informe sobre la existencia de otras listas y no obtuvieron respuesta favorable. «Constato que la puerta y ventanas están cerradas, sin obtener respuesta alguna y dejo constancia que siendo las 18 horas la oficina no ha abierto sus puertas ni exhibido lista alguna».
A las 23.30 horas del mismo día, lo opositores a Allende se volvieron a hacer presentes en la oficina donde debería sesionar la Junta para conocer si tenían alguna lista contrincante pero el resultado fue el mismo: la oficina estaba cerrada y ninguna lista exhibida.
Además, los representantes de la lista opositora a Allende denunciaron que la Junta Electoral se negó a ofrecerles los padrones certificados para saber quiénes están habilitados para votar y ser candidatos.
Todas estas irregularidades fueron denunciadas por los opositores al exdiputado en un escrito presentado ante la Agencia Territorial Paraná del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Allí advierten sobre la posibilidad de acudir a la Justicia si es que no obtienen respuestas favorables.
En la presentación solicitan que se tengan por denunciadas «las irregularidades detalladas» y que se intime a la Junta Electoral a expedirse sobre las mismas. Además, reclaman que ante la falta de información sobre la existencia de otras listas, se oficialice formalmente como única nómina la de la Agrupación Renovación Joven – Lista Naranja.
Un burócrata enriquecido
Allende es uno de los tantos ejemplos de dirigentes sindicales que abandonan los intereses de sus representados para formar parte de las filas de los patrones. Además, es un fiel ejemplo de quienes se enquistan en el poder durante décadas para obtener beneficios personales.
Durante casi todo su mandato, además de ser secretario General de uno de los gremios estatales era legislador oficialista: es decir, aliado político del patrón de turno de los trabajadores que supuestamente representaba. Estar de los dos lados del mostrador.
Por otra parte, el patrimonio de Allende sigue siendo el centro de la polémica. Denunciado por la Revista Análisis e investigado por la Justicia por Enriquecimiento Ilícito -y otras dos causas de violencia- Allende reconoció haber acumulado más dinero del que legalmente percibió en el marco de un juicio abreviado que no prosperó por decisión de un Tribunal.
La causa por Enriquecimiento Ilícito deberá continuar por los canales habituales del Poder Judicial, lento para castigar a algunos personajes. En el acuerdo de juicio abreviado frustrado, Fiscalía había logrado no sólo que Allende se reconozca culpable si no que también la recuperación de parte del patrimonio robado al Estado.
Más allá del futuro procesal del sindicalista, queda claro que su patrimonio no condice con el de sus representados que ahora busca, nuevamente, representar al frente de UPCN a pesar de que el propio estatuto del sindicato se lo prohíbe.
Una lista completamente irregular
La lista que encabeza Allende tiene en su interior otra irregularidad personificada en Fabián Monzón. El ladero del exdiputado está como candidato a 1° Vocal Titular a pesar de tener una condena a un año de prisión condicional por Coacciones contra Noelia Trossero, mientras estaba al frente del Hospital Colonia de Diamante.
El mismo artículo 51 del estatuto de UPCN impide que haya integrantes de la Comisión Directiva con condenas firmes tal como la de Monzón.
Para colmo de males, Monzón pretende volver a presentarse como candidato en representación de los estatales en el directorio del Iosper.