El yá condenado Urribarri fue imputado por enriquecimiento ilícito y citado a indagatoria

Cabe recordar que el 7 de abril del año pasado, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión por los delitos de Negociaciones Incompatibles y Peculado, y debió renunciar a su cargo diplomático como embajador en Israel.

La causa por enriquecimiento ilícito -que contó con el empuje de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes tras la publicación de Análisis presentaron un escrito ante la justicia para que se abra causa contra el exgobernador- tuvo un fuerte envión inicial a principios de 2016. Incluso, tras otra nueva publicación hubo un allanamiento en Capital Federal, que sirvió para encontrar importante documental.

Fue cuando uniformados de la Policía Federal irrumpieron –a mediados de agosto de 2016- en el edificio donde está registrada la empresa Kriptax Inc SA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro los atendió el contador José Saúl en las oficinas de Junín 658, piso 6, torre B, oficina A, donde está registrada la firma de la familia Urribarri. Los efectivos policiales secuestraron todo tipo de documentación, computadoras, pen drives, otros medios de almacenamiento de información y elementos que pudieran ser de interés. Los allanamientos se realizaron exactamente una semana después de las pesquisas en la casa y la imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

Fue en 2008 que, en esas oficinas de calle Junín, se asentó la firma Kriptak Inc, comprada a dos punteras barriales de la provincia de Buenos Aires, que vivían del cobro de planes sociales y que habrían sido utilizadas como testaferros, tanto de Urribarri como de otros kirchneristas, que pusieron a sus nombres por lo menos 14 empresas en el país.

Kriptax es de los hijos del gobernador, Mauro Gabriel y Sergio Damián, aunque luego se sumó también Bruno, el futbolista. Sin embargo, la empresa recién comenzó a operar en 2013 y en enero de 2014 recibió un crédito de 1.012.000 pesos que le otorgó el Banco de la Provincia de Formosa, dependiente del gobierno de Gildo Insfran, un aliado del kirchnerismo. En un principio el objeto de la sociedad era la «construcción, refacción y reciclado de inmuebles». Pero a partir del desembarco de la familia Urribarri, la firma pasó a dedicarse a las actividades agropecuarias y la explotación de establecimientos rurales en inmuebles propios o arrendados compra venta cría y engorde de ganado vacuno ovino porcino o equino», entre otras actividades vinculadas al campo.

Cuando vieron los papeles, se encontraron con que el administrador de Kriptax era un viejo amigo de Urribarri: José Luis Galván, de San Salvador, a quien el exgobernador conoce muy bien desde principios de los ’80.

Esos papeles indicaban que tenían más producción que lo que podía dar una hectárea sembrada y las ganancias eran netas; no había costos de gasoil o de alquiler de maquinarias. A los fiscales les quedó claro la relación de amistad y negocio del exgobernador con su administrador agropecuario, pero recién allanaron su domicilio y los de sus empresas en San Salvador y Concordia, varios años después de iniciada la causa. Lo hicieron en marzo de 2019. Urribarri era empleado bancario en General Campos en los ’80 y los fines de semana colaboraban con su mujer en el boliche bailable de Galván, que se llamaba Nipur. Fue el abuelo de Galván quien creó la estación de servicio que luego quedó enmarcada en la empresa Transoil SRL, que pasó a ser una pyme familiar, que tiene «cultivo de arroz» entre sus actividades, según los registros de la AFIP. Galván fue concejal del PJ y coordinador de la Dirección Provincial de Vialidad en la primera administración urribarrista. En San Salvador todos lo señalan como un supuesto testaferro de Urribarri y con un importante crecimiento económico a partir del segundo mandato del exmandatario. A fines de 2012 formó la empresa Majo SA, relacionada a la compra de Molinos Centro, en Villa Clara, en el departamento Villaguay. Transoil creció notablemente en cuanto a su capacidad exportadora y lo mismo sucedió con Majo SA que llega a destinos como Bolivia, Brasil, Chile, Irak, Libia, Perú y Venezuela. En 2012, y como representante del negocio arrocero, Galván se sumó a la numerosa misión comercial a Angola, donde se presentaron las insólitas cosechadoras truchas. También adquirió un departamento en Punta del Este.

El allanamiento se produjo siete meses después de la denuncia periodística, donde se reveló la existencia de una de las empresas agropecuarias de Urribarri, dedicada a la siembra de arroz y soja. En la misma oficina donde está registrada Kriptax Inc SA, también tiene su domicilio legal la empresa Agro Premium SA, que integraban los hermanos del exgobernador, Jorge Guillermo Ramón y Armando Arturo Urribarri (fallecido a mediados de abril de 2016), y el hijo mayor del exmandatario, Sergio Damián Urribarri.

Por esos días, Urribarri se venía manteniendo callado, pero rompió el silencio tras el allanamiento a su contador en Buenos Aires. «No hay ningún problema con ningún procedimiento que ordene la Fiscalía. Me considero un judiciable como cualquier ciudadano y considero que me beneficia que el Ministerio Público Fiscal tenga toda la documentación que desee en el menor tiempo posible. Por supuesto que quienes buscan mi escarnio ante la opinión pública van a salir con una nueva oleada de declaraciones. Pero no me importa, tengo el cuero duro, voy a pelear y estoy seguro de que la Justicia va a aclarar estos asuntos», dijo el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Recordó además que «voluntariamente hemos ofrecido toda la documentación de las dos firmas en las que tiene participación mi familia, el movimiento de fondos y recursos y los bienes que tenemos y todo eso se demostrará que es consistente». Se refería a Kriptax, como así también a Agro Premium. «Es una locura estar contestando cada cosa que se dice. Ahora sólo queda que trabajen los peritos contables y que el Ministerio Público Fiscal se expida sobre si hay motivo para abrir una investigación penal o si esto se archiva», acotó. «Soy consciente del manto de sospecha que se ha generado sobre mí y que eso ha logrado poner en cuestión toda la obra de gobierno y la de todo el peronismo que me acompañó y me acompaña; pero eso no me amedrenta. Voy a seguir en la acción política porque, hacia atrás, cada día que pasa se hace más destacada nuestra obra de gobierno y, hacia adelante, más evidente la necesidad de ayudar a convocar voluntades para que la sociedad entrerriana no pierda sus objetivos de desarrollo que es algo a lo que uno no debe renunciar nunca», indicó, tratando de lograr obvias adhesiones dentro del justicialismo.

Kriptax Inc, por ejemplo, según los papeles de Urribarri, es la dueña de la fastuosa casa del Lago Salto Grande, que se hizo antes de que la empresa agropecuaria comience a dar algunas utilidades. Poca gente de Paraná conoce la mansión urribarrista, que nunca fue allanada, pese al paso del tiempo. Precisamente, porque fue hecha y ubicada en un lugar de difícil acceso y al que solamente llegan «amigos y hermanos», como dicen los Urribarri, casi como un sello, tanto el padre como sus hijos. Pero quien la ve se impacta; por sus dimensiones y también por el nivel de gasto e inversión que existe en cada rincón. La construcción comprende unas 10 habitaciones, cada una con su baño en suite. Posee una amplia pileta de natación, un quincho de importantes dimensiones (seis metros por diez, aproximadamente); cocina, comedor y living comedor para más de 20 personas, con equipos de split en cada rincón de la residencia. Pero también dispone de diversos lugares de servicios, algo alejados del casco central, con determinadas zonas construidas de modo especial, con algunas elevaciones, para poder ver el lago en su amanecer o atardecer. La cancha de fútbol es profesional, con medidas reglamentarias y un césped perfectamente acondicionado, con riego artificial permanente. Se puede acceder por aire o por el lago, pero no cualquiera lo puede hacer, por un perímetro de seguridad establecido. El que quiera llegar por tierra debe conocer perfectamente la forma, porque hay curvas y contracurvas. Además, la tranquera está ubicada a por lo menos dos kilómetros de la residencia principal. Y nadie se puede acercar al lugar, con alguna embarcación que no esté autorizada. Algunos curiosos cuentan que más de una vez recibieron disparos policiales de advertencia, de agentes apostados en lanchas en proximidades del lugar, en tiempos en que Urribarri gobernaba esta provincia. En la actualidad, en el lugar existe un importante viñedo que crearon y explotan los Urribarri.

Las dudas en torno a la administración de Kriptax, comenzaron a crecer en ámbitos de la investigación judicial, a poco de arrancar la pesquisa. Todo indicaba que se inscribió en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como empresa explotadora de soja, al final del 2013. «O sea que la primera cosecha, en el mejor de los casos, la obtuvo en julio/agosto 2014. Y en arroz lo hizo recién en 2015, con lo cual en 2016 recién habría recogido los frutos de esa cosecha. Y fueron, además, los peores años en rindes y en precios internacionales. Esto quiere decir entonces que durante siete largos años negreó su actividad y, por ende, evadió Ganancias», razonó uno de los fiscales, con toda la lógica. Pero también consideraron que faltaba a la verdad en los argumentos presentados ante la justicia, por sus abogados Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende. Allí se consignaba, por ejemplo, que con las utilidades de Kriptax, Urribarri pudo comprar la fastuosa mansión del lago de Salto Grande. «Es mentira que el producto de su evolución en los agronegocios le permitió construir esa casa en la península de Salto Grande. Cuatro años antes de iniciar sus actividades en la agroindustria, la casita del Lago ya estaba construida. ¿Por qué se fondeó en el Banco de Formosa y ni siquiera eso está declarado en AFIP? ¿Por qué constituyó las tres sociedades en Capital Federal y allí tienen sus domicilios, siendo que al menos las agropecuarias, según sus palabras, llevan sus actividades adelante en Entre Ríos?», se preguntó en su momento el abogado Pagliotto. «En rigor de verdad, este hombre no blanqueó estas sociedades vinculadas al agro para evitar que se le reprochase un doble estándar y o relativismo moral. En rigor, no blanqueó las mismas porque tenía perfecta conciencia del origen ilícito e ilegítimo de ambas. A Urribarri lo tienen absolutamente sin cuidado los aspectos de la vida vinculados con la ética y la moral republicana. Son conceptos y virtudes que no cuentan en su existencia», remató.

Los argumentos de Urribarri

El abogado Marcos Rodríguez Allende concurrió en los primeros días de febrero de 2016 a las oficinas del Ministerio Público Fiscal, para presentar un escrito de 20 carillas. Era la justificación patrimonial de bienes de Sergio Urribarri para la causa por enriquecimiento ilícito.

«En primer lugar, corresponde afirmar que quienes me han denunciado no han realizado ninguna investigación respecto a los hechos que invocan y, sin embargo, me atribuyen la supuesta comisión de un delito tipificado en el artículo 268, inciso 2 del Código Penal», señaló de entrada el exgobernador en su escrito. En realidad, los abogados Pagliotto y Mulet -como se indicara- hicieron una presentación ante la Fiscalía, con la copia de la nota de tapa de la revista Análisis, de fines de noviembre de 2015, donde se daba cuenta del crecimiento patrimonial que había tenido la familia Urribarri en los últimos tiempos. Ese fue el disparador de la apertura de la causa, que comprendía al exmandatario, como así también a algunos de sus familiares directos, como el caso del exministro de Gobierno, Mauro Urribarri, actual funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

En la continuidad de la presentación, Urribarri recordó que fue dos veces gobernador y que en la actualidad era diputado provincial. «Más allá de los comentarios, versiones y especulaciones de todo tipo, huelga afirmar que todos los bienes que componen mi patrimonio están debidamente declarados en los instrumentos que menciono. Pero, además, están expresados en las declaraciones juradas de los impuestos a los bienes personales y el impuesto a las ganancias, que se rinden anualmente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos e inscriptos en los registros respectivos.», remarcó luego.

Y acotó: «No tengo bienes en el exterior del país, ni muebles ni inmuebles; tampoco existen bienes de mi propiedad que no hayan sido expresados en las declaraciones juradas presentadas de acuerdo a obligaciones legales y, desde luego, no existen personas interpuestas que disimulen mi patrimonio».

Urribarri insistió en remarcar que «todos los activos y pasivos están debidamente expresados y justificados en función de los ingresos legítimamente obtenidos a lo largo de estos años» e indicó que «así, las afirmaciones realizadas por los denunciantes respecto a la composición de mi patrimonio, corren por su exclusiva cuenta».

En principio, en el trabajo, confeccionado por el contador José Saúl, de Capital Federal, y el asesoramiento de Rodríguez Allende –ya que en febrero de 2016 aún no se había sumado a la defensa el abogado Raúl Barrandeguy-, el exgobernador recordó la presentación que hizo al 31 de diciembre de 2007, es decir, 20 días después de haber asumido su primer mandato, ante la Contaduría General de la provincia, de acuerdo a lo que establece la Ley 3886 del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

En ese entonces, Urribarri ya había tenido varios cargos públicos. Fue electo intendente de General Campos, cargo que debió desempeñar entre 1987 y 1991, pero del que se fue antes de terminar el mandato, por una serie de denuncias que lo cuestionaban. Fue diputado provincial entre el 11 de diciembre de 1991 y 1995, cuando gobernó Mario Moine (PJ). A fines de 1995, ya con Jorge Busti en su segundo mandato, volvió a asumir como diputado provincial e incluso fue presidente de la Cámara Baja. Fue reelecto para el período 1999- 2003, en el mandato del radical Sergio Montiel.

Y meses antes de la finalización de la gestión montielista, Busti anticipó que sería su ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos, cargo que ocupó entre el 11 de diciembre de 2003 y 2007. Paralelamente fue presidente de la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande entre 2003 y 2007, o sea, una de las principales cajas políticas de su gobierno, donde por años se desviaron dineros públicos y nunca nadie dio explicación alguna.

Cuando Urribarri presentó su declaración jurada ante la Contaduría General de la provincia y derivada a la Escribanía Mayor de Gobierno –lo que quedó en sobre lacrado- consignó que tenía como activos una vivienda en calle Garat 291 de Concordia, adquirida en 65 mil pesos en junio de 1992; un lote adyacente a esa propiedad, comprado en 1994, en 30 mil pesos e indicó mejoras en dichos inmuebles por 105.000 pesos, en el 2001. Según su escrito, disponía de un automóvil Volkswagen Golf, adquirido en mayo de 2005, por la suma de 49.000 pesos, registrado a nombre de su esposa, Ana Lía Aguilera y 60.000 pesos en efectivo.

Allí también consignó bajo el subtítulo Otros bienes: «Derechos económicos derivados de los Federativos a mi favor correspondientes a mi hijo Bruno Saúl Urribarri, quien se desempeñaba como jugador de fútbol, habiéndose valuado los mismos en la suma de 150.000 dólares, a una cotización de 3,15 pesos cada uno, equivalentes entonces a 472.500 pesos». Bruno Urribarri jugó 10 partidos en Boca Juniors entre 2006 y 2007 y luego pasó a Argentinos Juniors, en una transacción algo extraña. El jugador no debutó en el equipo de la Paternal; ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Urribarri alguna vez explicó que después de la salida de Boca, le había pedido a «un grupo de amigos», que compraran el pase de su hijo y por ende contaran con los derechos económicos para una futura operación. O sea, algo que dejó de existir en el 2015, porque lo prohíbe la FIFA y que siempre se consideró que era un artilugio para lavar dinero. «Es una promesa de utilidades por una futura venta del jugador, que puede darse o no», indicó un conocedor. Y Bruno Urribarri no era un jugador que brillara en los planteles; tenía condiciones como marcador de punta, pero siempre fue un jugador de término medio; de 5 o 6 puntos en la calificación deportiva de cada partido.

Según Urribarri, en diciembre de 2007, tenía en el pasivo deudas por 46.110 pesos (crédito hipotecario) y un préstamo a sola firma por 475.560 pesos. Por ende, al 31 de diciembre de 2007, daba un patrimonio neto de 294.330,38 pesos.

Cuando los fiscales pidieron información complementaria específica al Banco de Entre Ríos no salieron del asombro por el préstamo a sola firma. Era un crédito que no tenía plazo, ni interés. Solamente aparecía la firma de Urribarri. Ese dinero prestado equivalía exactamente a 150 mil dólares de esos días. Más adelante, en el escrito llevado por Rodríguez Allende, Urribarri acotaba que en abril de 2008 presentó ante la AFIP las pertinentes declaraciones juradas, correspondientes a los Impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales y que «la única diferencia» con la formulada ante la Contaduría General de la provincia radicaba en «la inclusión de un inmueble adquirido en junio de 1999, posteriormente vendido, consistente en un lote terreno ubicado en la ruta 14 y camino vecinal (Concordia), valuado en 20 mil pesos y bienes del hogar estimados en 14.500 pesos».

«Que habiendo informado a los señores agentes fiscales respecto de mi situación patrimonial al momento de asumir la Gobernación en diciembre de 2007, corresponde ahora describir la composición de mi patrimonio a la fecha». O sea, al 31 de diciembre de 2015.

En Activos, Urribarri repitió lo de la compra de la vivienda de calle Garat en Concordia por 65.000 pesos; el lote adyacente por 30.000 y las mejoras del 2001 por 105.000 pesos. Le anexó «mejoras introducidas en el 2012 por 50.000 pesos y en el 2013 por 1 millón de pesos».

Agregó al respecto que «las mejoras» por el millón de pesos en calle Garat «se abonaron fraccionadamente: 442.000 el 3 de diciembre de 2013 y 558.000 pesos el 26 de mayo de 2014». O sea, un 2013 de campaña electoral, donde los fondos y aportes van y vienen y un 2014, en que Urribarri comenzó a reunir dinero para su precandidatura por el sueño entrerriano presidencial. Y repitió que aún seguía con el automóvil Volkswagen Golf modelo 2005 a nombre de su esposa.

Las sorpresas empezaron a aparecer en el rubro Otros créditos. Allí apareció «un boleto de compraventa de un departamento y dos cocheras, en construcción, ubicadas en la calle Cerviño 3575, quinto piso «C», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La fecha estimada de finalización de la obra era junio de 2017 y la empresa constructora se denomina Cerviño 3575 Sociedad Anónima, por un importe de 2.870.000 pesos». El edificio está en una inmejorable ubicación: a pasos de Avenida Scalabrini Ortiz y a 200 metros de las avenidas Libertador y Las Heras. También está próximo a Parque Las Heras, Plaza Alemania y el shopping Paseo Alcorta, como así también el predio de la Rural. La constructora es una de las tantas con que cuenta el empresario Marcos Diego Juejati, asociado también a otras firmas, como la empresa Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera, que está vinculada al macrismo.

Varias de las empresas de Juejati son asesoradas por el contador José Saúl, el mismo de Urribarri, Marizza y Claudia Mizawak. Al ser allanado el estudio contable de Saúl encontraron papeles de las firmas de Juejati. Entre otros créditos, Urribarri también dio cuenta de disponer de «un 25 por ciento del paquete accionario de Kriptax Inc», adquirido «el 25/04/2013, por el que se abonaron 500 mil pesos». Acotó que disponía de un saldo en caja de ahorro del Nuevo BERSA por 20,16 pesos; una cuenta corriente en el Banco de Formosa, sucursal Buenos Aires, de 101.080,46 pesos; dinero en efectivo por 30.000 pesos; bienes del hogar por 14.500 pesos, a valores históricos; retenciones del Impuesto a las Ganancias, según AFIP, por 106.581,66 pesos; percepción de Ganancias por 11.052,61 pesos; anticipos de Bienes Personales por 49.461,05 pesos y saldo a favor de impuesto a las Ganancias por 116.105,81 pesos.

Según indicó, había un «total del activo a valor histórico de 5.097.801,75 pesos». Y consignó Pasivos de la siguiente manera:

—Sergio Damián Urribarri, 680.000 pesos.

—Mauro Gabriel Urribarri, 680.000 pesos.

—Bruno Saúl Urribarri, 1.160.000 pesos.

—Franco Daniel Urribarri, 680.000 pesos.

—Kriptax Inc, S.A. 1.150.176,04 pesos.

Todo eso hacía un pasivo total de 4.350.176,04 pesos, por lo cual consignaba un patrimonio neto de 747.625,71 pesos a esa fecha de fines de diciembre de 2015. No obstante, aclaró Urribarri que «los valores reflejados son los históricos, que emergen de las sumas efectivamente pagadas en cada momento y responden a la aplicación de la normativa tributaria, con lo que estas sumas no necesariamente guardan relación con los valores de mercado de los bienes en la actualidad».

Otros acuerdos poco claros

Lo que no dijo Urribarri fue que Kriptax Inc fue conformada por la escribana Marta Cascales, esposa del ex secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno. La escribana Cascales fue socia de Alessandra «Lali» Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, en la consultora Fonres, a través de la cual propiciaron negocios de todo tipo. De Vido fue el funcionario del kirchnerismo que más apoyó a Sergio Urribarri en su «sueño entrerriano» por llegar a la candidatura presidencial. Ambas mujeres del poder integraban una sociedad anónima con domicilio en Avenida Córdoba 1145, de Capital Federal. Según consta en el Boletín Oficial de la Nación, la empresa se dedica a un rubro que ya era una marca del kirchnerismo: el ejercicio de la actividad de fiduciario financiero. Durante la era K los fideicomisos se convirtieron en el instrumento preferido por De Vido para financiar las obras públicas que el gobierno nacional hizo a lo largo de todo el país. Tenían las oficinas en Puerto Madero; o sea, muy cerca de la denominada La Rosadita, donde el dinero sucio se contaba y se pesaba.

Más adelante Urribarri buscó dar una explicación a la «justificación del incremento patrimonial». Allí indicó que el resultado de 7.457.500 pesos que aparecen en un informe adjunto Excel –al que no accedió este autor- «corresponde a la diferencia proveniente de la venta de los derechos económicos derivados de los derechos federativos futbolísticos de mi hijo Bruno Saúl Urribarri, en la suma de 7.930.000, cuando el valor de ingreso a mi patrimonio, según lo tenía declarado en el año 2007, ascendía a la suma de 472.500 pesos, arrojando así el citado resultado de 7.457.000 pesos. Esta cantidad es la que se percibió, conforme planilla Excel y tal documentación acredita contablemente los movimientos antes referenciados, los cuales se ven plenamente justificados y a partir de allí se observa el destino que se le dio a ese ingreso extraordinario que, de más está aclarar, no tiene ninguna relación con mi función pública».

Urribarri explicó que la negociación en torno a su hijo Bruno –que tras jugar tres años en el Asteras Trípolis de Grecia, decidió pegar la vuelta para incorporarse a Colón de Santa Fe y arregló continuidad con los sabaleros- la llevó adelante la firma Stadium Enterprises Sociedad Anónima, según el acuerdo celebrado el 31 de enero de 2012. Es decir que el hijo jugador venía libre de Grecia, había jugado menos de un año en Colón –siendo titular muchas veces, pero era un jugador de medio pelo del plantel 2011/2012-, por el que, en el mercado futbolístico, era imposible pagar más de 700 mil dólares en derechos económicos, a cuenta de una futura venta. El entonces gobernador iba seguido a ver a su hijo –cuando tenía la seguridad de que era titular del primer equipo-, ya que el presidente sabalero, Germán Lerche, le había cedido un palco, al lado del oficial para los invitados. Urribarri iba con toda su familia y «queridos amigos»: entre ellos, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak y su esposo, el ahora exfuncionario Raúl Arroyo. La empresa Stadium, con sede en Buenos Aires, fue fundada en el 20 de junio de 2001 por el locutor y animador Juan Alberto Mateyko, en sociedad con Juan Manuel Infante y Pablo Antonio Sánchez. Dos años antes, Infante, considerado un empresario muy cercano al kirchnerismo, fue noticia cuando aportó dos millones de dólares para la compra del 37,5 % del futbolista colombiano Giovanni Moreno, para el primer equipo de Racing Club, del que Néstor Kirchner era fanático. También tenían, como empresa, el 50 por ciento del jugador Teo Gutiérrez. Juan Manuel y Federico Infante son hermanos gemelos. Federico se casó con la hija del empresario paraguayo Carlos Avila, fundador de Torneos y Competencias y ubicó a su yerno en Fox a manejar el negocio del fútbol. Juan Infante era el productor general del exitoso programa La movida del verano, que llevaba adelante cada año Juan Alberto Mateyko y por ende lo ubica en la sociedad de Stadium Enterprise.

Fueron ellos quienes pensaron con Urribarri el proyecto del Estadio Único, que el exgobernador anunció a fines de 2011, tomando como ejemplo el complejo en Natal (Brasil), para 45 mil espectadores, que costó 175 millones de dólares y recién se terminó a principios de 2014, con el fin de disfrutar algunos partidos de la Copa Mundial de Fútbol en dicho país. Obviamente, nunca se hizo nada de ese proyectado estadio pensado por Urribarri, con tales empresarios, para 35 mil espectadores y una inversión de 100 millones de pesos. El exgobernador nunca explicó qué hizo con el dinero que se gastó en estudios y proyecciones, ni tampoco por qué jamás avanzó en nada de lo pensado. Ideó además, con esos empresarios, tener un rol protagónico en el esquema de Fútbol para todos, en el que fue uno de los gestores. Fue por ello que se reunió en tres oportunidades con Julio Humberto Grondona, el jefe histórico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a quien le dijo que él estaba en condiciones de ser «el vehículo» con Cristina Fernández, para su desarrollo. Grondona hizo lugar a su petición, le dijo que hablara con el exCEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco. El cuestionado y denunciado empresario tomó la idea, comenzó a desarrollarla con Aníbal Fernández, pero lo dejaron afuera a Urribarri.

El exgobernador venía pensando negocios con la tv. Por eso fue que le hizo un fuerte aporte de capital al periodista y locutor Cristian Bello, para el desarrollo de su productora en calle Blas Parera, de la capital entrerriana, con tecnología de ultra HD y equipos de última generación, que no tenía ningún canal de Paraná o Santa Fe por esos días, con una inversión cercana a los 800 mil dólares. El nexo con Bello era el hijo menor de Urribarri, Franco Daniel Urribarri y los aportes se bajaban a través de Juan Pablo Aguilera y Mauro Urribarri, con lo que se recaudaba en Diputados y el Senado, fundamentalmente, que eran manejados por ellos dos. Se inauguró en mayo del 2012 y Urribarri, sus hijos, Aguilera y Guillermo Smaldone, fueron figuras centrales del acto, junto a Bello. Casi nadie identificó ese día al hijo menor del entonces gobernador, que estuvo en cada detalle, junto a su amigo Julián Alberto Delorenzo, con vasta experiencia en producción audiovisual, como director artístico de Endemol Argentina, una de las principales productoras del país en los últimos quince años. Se conocieron con Franco Urribarri cuando el joven fue colocado a trabajar en la productora kirchnerista Pensado para televisión, de Diego Gvirtz, a partir de 2010 y en particular en el programa Duro de domar, en Canal 9 de Buenos Aires. Si bien Bello se transformó en candidato a diputado del Parlasur –por pedido expreso de Urribarri-, en las elecciones de 2015, hasta entonces solamente él y su mujer aparecían como accionistas de la empresa Entre Medios S.A. Recién en agosto de 2016 fue publicado por primera vez el nombre de Delorenzo, en el Boletín Oficial de Entre Ríos, como nuevo presidente del directorio de la empresa que lideraba Bello y quedó como firmante de los cheques, junto a María Laura Weibel de Bello. Pasó a ser la «pata urribarrista» en Entre Medios S.A. e incluso era quien daba las órdenes en calle Blas Parera, porque venía casi todas las semanas a Paraná, pese a tener domicilio en proximidades del Parque Leloir, en la ciudad de Buenos Aires.

Los fiscales se sorprendieron cuando el exmandatario consignó, en su escrito de justificación patrimonial, que había logrado un «ingreso extraordinario de 1.870.000 pesos, consecuencia de la cesión de derechos sobre la sociedad Cerviño 3575», a la que le había acordado una inversión inmobiliaria. Explicó que en el mes de noviembre de 2012 adquirió «el 40 por ciento del capital social de dicha sociedad, por la suma de 1.500.000 pesos, comprometiéndose la empresa a realizar un aumento de capital para materializar dicho aporte, a verificarse en un plazo de tiempo determinado. La suma pagada –agregó- corresponde a ingresos generados por la venta de los derechos federativos de mi hijo Bruno». Indicó además que «no obstante ello, en el mes de diciembre de 2013 desistí de incorporarme a la sociedad y decidí vender aquellos derechos a cambio de los cuales me entregaron un boleto por un departamento y dos cocheras en el edificio a construir, en la calle Cerviño 3575 de la ciudad de Buenos Aires, ello valuado en la suma de 2.870.000 pesos, más una transferencia a mi cuenta del Banco de Formosa, sucursal Buenos Aires por 500.000 pesos, lo que hace un total de 3.370.000, con lo que, si deducimos el costo de la inversión inicial – 1.500.000 pesos- resulta la utilidad declarada de 1.870.000 pesos». Acotó que ese mismo año 2013 percibió «dividendos de Kriptax Inc por 350.000 pesos». O sea, el año en que empezó a operar. En la documentación hizo un apartado para hacer especificaciones en torno a la empresa Kriptax. Según Urribarri, «dicha sociedad se constituye como tal en el mes de agosto de 2008, siendo que mis hijos deciden adquirirla ya constituida, a fin de evitar los engorrosos trámites de constitución e inscripción que conlleva la formación original de cualquier sociedad, lo que es absolutamente normal en los negocios».

Agregó que «inmediatamente después de su constitución, mi hijo Bruno Urribarri adquiere el 50 por ciento del capital social, representado por 6000 acciones, mientras que mis otros hijos Mauro y Damián Urribarri adquirieron el 25 por ciento cada uno, o sea, 3000 acciones cada uno». Vale recordar que el 2008 es el año del inicio del conflicto con el campo, en el que Urribarri se puso del lado de Cristina Fernández y por tal posición se alejó de Jorge Busti. Es decir que en medio de la pelea, Urribarri, que pasó a cuestionar duramente a los referentes del campo –lo que nunca había hecho en su carrera política-, formó una empresa agropecuaria que siempre ocultó. Recién lo reveló Análisis digital en febrero de 2016. Urribarri agregó en su escrito que él se incorporó a Kriptax Inc «en el mes de abril de 2013, cuando adquiero a mi hijo Bruno el 25 por ciento de sus acciones, quedando entonces el capital distribuido a partes iguales entre el suscripto y sus hijos Bruno, Mauro y Damián, composición accionaria ésta que se mantiene hasta el día de la fecha. El precio de venta se fijó en la suma de 500.000 pesos, que se abonaron en ocho cuotas iguales y consecutivas de 62.500 pesos». Urribarri aclaró que si bien la sociedad Kriptax registraba «un objeto social relacionado a la actividad de la construcción» (nunca mencionó que estaba a nombre de dos humildes militantes barriales del PJ bonaerense, que habían hecho de prestanombres para otras sociedades), «mediante asamblea del 9 de agosto de 2008 se modifica el mismo y se estatuye como objeto social la actividad agropecuaria, fundamentalmente el cultivo de arroz y luego, en menor medida, de soja». Más adelante consignó: «En el año 2013, Kriptak adquirió un inmueble ubicado en el departamento Federación, distrito Gualeguaycito, municipio de Federación, con domicilio parcelario en calle Estación Hidrológica y Camino Vecinal, constando de una superficie total de 13 hectáreas, 12 áreas, trece centiáreas, 60 decímetros cuadrados, operación ésta debidamente declarada ante la AFIP. Cabe aclarar que ese inmueble pertenecía a la familia Burna, desde mucho antes de la construcción de la represa de Salto Grande. El desarrollo de esta obra produjo un cambio total de la fisonomía del lugar, el que pasó a tener otros destinos diversos –tales los recreativos y turísticos- alternativos a los tradicionales productivos. Que la adquisición de ese inmueble por parte de Kriptax Inc no asumió naturaleza estrictamente comercial o lucrativa ni para los vendedores ni para la parte compradora. De hecho, no intervinieron ni inmobiliaria ni intermediarios. El inmueble pertenecía a la sociedad Lago Frut S.A., cuya administración ejercía el señor Hernán Burna, con quien me unía y me une una relación de amistad desde hace más de 20 años. Que por lo menos desde el año 2000 en adelante, visité las instalaciones que ya tenía la familia Burna sobre esa zona, en innumerables ocasiones. Durante mucho tiempo insistí –agregó- en que me vendieran un sector del predio, ya que tenía la pretensión de instalarme allí. Que en principio los propietarios del inmueble aceptaron otorgarme un comodato, que se hizo operativo desde febrero de 2011. Ese comodato se realizó en realidad con vistas a celebrar finalmente una operación definitiva y en firme, en el marco de la confianza que nos prodigábamos con la familia Burna. Que en ese contexto, de amistad y confianza que se verificó y se mantiene a través de los años, la adquisición se realizó por la suma de 1.080.000 pesos, que se abonó de la siguiente manera: 200 mil pesos el 31 de mayo de 2013; 60 mil euros el 22 de octubre de 2013 con más 200 mil pesos y el saldo el 22 de noviembre de 2013, de 200 mil pesos. Debe considerarse que al momento de determinar un precio de venta, se tuvo en cuenta que se trataba de terrenos inundables». La familia Burna tenía dos inmuebles en esa zona, de tiempos de la vieja Federación y pertenecían a los padres del entonces diputado radical, oriundo de Chajarí. Urribarri logró que le vendieran uno de esos dos inmuebles, que fue donde desarrolló su mansión. Urribarri fue más allá en su escrito, indicando además que se hicieron «mejoras sobre el inmueble», concretadas por Kriptax, que «totalizan 7.018.000 pesos, de los cuales se pagaron 1.210.000 pesos y se adeudan 5.808.000 a la empresa constructora Galvani, José Eduardo, domiciliada en calle Gualeguay 1985, de Concordia». Citó tres facturas con Galvani, su amigo constructor de Concordia: 484.000 pesos, a pagar el 26 de noviembre de 2013; 726.000 pesos el 23 de mayo de 2014 y el resto el 28 de diciembre de 2015, por 5.808.000 pesos. Allí amplió al respecto, indicando que «a fines de 2014 se habían realizado mejoras por un monto de 1.210.000 pesos y a partir de octubre de 2014 celebramos con la constructora un acta acuerdo para la continuidad de las mismas, siendo que dicho contrato implicaba que el contratista se obligaba a terminarlas para diciembre de 2015, soportando su costo y una vez recepcionada la obra el monto sería facturado y abonado».

Los movimientos de suelo que se hicieron en el lugar –con maquinaria de Galvani, pero también con elementos de Vialidad Provincial-, como así también el transporte de tierra, para dejar el terreno en un nivel superior, fueron sorprendentes y se trabajó durante varios meses, hasta lograr lo que pretendía el exgobernador y sus familiares. «Ahí hubo una inversión de entre 3 y 4 millones de dólares y cuando se tase el lugar, eso quedará perfectamente determinado», reveló un conocedor de los movimientos y del gasto que se hizo. En el escrito también hizo una aclaración respecto del departamento de calle Lafinur 3302, en Capital Federal. Dijo que le pertenece a su hijo Bruno Urribarri y que lo adquirió en el 2006. «Esto es –acotó- dos años antes que haya asumido como gobernador de la provincia». Olvidó agregar que era ministro de Gobierno con fondos reservados a su disposición y manejaba la caja negra de la CAFESG, con la cual hacía aportes mensuales a Boca Juniors, donde jugaba su hijo.

Y hay un detalle no menor: cuando se inició la causa por enriquecimiento ilícito, no se conocían detalles del affaire de los contratos truchos legislativos, donde se desviaron 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. No es casual que uno de los principales imputados es el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Porque Urribarri fue el verdadero jefe de ese sistema, desde su primer gobierno -que se profundizó y amplió en su segundo mandato- y por ende se hacía llevar cientos de miles de dólares por semana a su casa y 4 millones de pesos por contratos con gente de Concordia que nunca se los vio en la Legislatura, que se lo daban en mano en su despacho de la Cámara de Diputados, entre 2015 y 2018, en que fue presidente del cuerpo.

Quedó claro que a los fiscales los números no les cerraron y Urribarri tendrá que tratar de justificar por qué aparecen unos 7 millones de dólares que no constan en los números presentados por el exgobernador. Y este recién es el comienzo de esta etapa de la historia reciente.