Escuchas telefónicas, cocaína, anotaciones, cuadernos, dinero, documentación, testigos, vigilancias, videos, fotos, celulares. ¿Qué tiene en sus manos el juez federal Leandro Ríos? Alguna evidencia o muchas en concierto hicieron cambiar sus sospechas respecto del año pasado: en el procesamiento a la banda narco liderada por Daniel Tavi Celis, había sostenido que el intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue imprudente al realizar un acuerdo político con quien se presentaba como vecinalista de la zona oeste de la ciudad. Es decir, que no se pudo comprobar que sabía que un narcotraficante financiaba su campaña electoral de 2015. Ahora el cambio es radical: Ríos no solo sospecha que sabía, sino que sostiene que Varisco participó en la venta de droga. Un bombazo judicial sin precedentes, cuyas consecuencias políticas e institucinales.
Ayer en horas de la siesta comenzaron a llegar las citaciones a los domicilios de los imputados: Varisco, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la funcionaria del área de Seguridad del municipio (también oficial de la Policía de Entre Ríos) Griselda Bordeira. Los tres serán indagados el martes por comercialización de cocaína, junto a otros dos acusados, Ernesto Ramón González y Alan Nicolás Viola, empleados municipales. El miércoles serán indagados también Daniel Celis, su exesposa Luciana Lemos, sus familiares Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, el peruano Wilber Figueroa Lagos, Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz por los roles particulares que cada uno habría cumplido en la organización.
Los funcionarios públicos y sus abogados sostienen su inocencia a muerte. Varisco había dicho estar tranquilo con el accionar judicial. De aquí al martes, se espera alguna otra declaración ante la prensa.
La causa no es la misma que el año pasado desbarató la organización que durante muchos años dominó el mercado de la marihuana en Paraná, liderada por los hermanos Celis y que tiene a 22 procesados (más conocida como causa de la avioneta con 317 kilos de droga), sino que surgió a partir del seguimiento a los celulares que Tavi utilizaba desde la cárcel de Federal para dictarle órdenes a Lemos y coordinar las demás acciones de la banda. Una novedad fue que cambió de rubro: esta vez se dedicó al tráfico de cocaína.
Así se pudo determinar que se aprovisionaban en Buenos Aires, con el nexo clave de Figueroa Lagos, y trasladaban a Paraná importantes cargamentos. Los múltiples kioscos de cocaína que se abrieron en el último tiempo en la zona oeste de la ciudad podrían ser el último eslabón del negocio montado por Celis y Lemos.
En la investigación se detectó que los vínculos con Varisco, Hernández y Bordeira continuaron. Los audios de las escuchas telefónicas así lo demuestran. El tema de las conversaciones será un punto de discusión: ¿Hablaban de plata, contratos, droga?
Además, los investigadores de la Policía Federal supieron que el miércoles 2 de mayo se produciría una importante operación: traían a Paraná 13 kilos de cocaína. Los tenían monitoreados satelitalmente y con los celulares intervenidos. Cuando irrumpieron en los domicilios del barrio Antártida Argentina, encontraron tres kilos y medio. Y en el domicilio de Lemos, encontraron el famoso cuaderno con la anotación que comprometió a los funcionarios.
En el papel aparecen los nombres de Varisco, Hernández y Bordeira, con una cifra al lado: ¿es dinero? ¿o kilos de droga? Por ahora, cada cual hace su lectura. La cuestión sería que, según una fuente consultada, esos números, sumados, coincidirían con los kilos de la droga que no encontraron. Esto habría motivado las requisas a los domicilios de los funcionarios unos días después, donde se secuestraron dispositivos móviles e informáticos, pero no droga. Otra versión indica que las cifras corresponderían a dinero que les entregaron como parte de la deuda económica con Celis, quien nunca dejó de insistir, apretar y amenazar, esta vez por medio de Lemos, para recuperar lo invertido hace tres años.
Por lo pronto, el martes a la mañana Varisco se presentará en el Juzgado Federal. Como cualquier ciudadano citado a indagatoria, le pintarán los dedos y le informarán el hecho delictivo imputado. Es una instancia de defensa: podrá declarar o abstenerse de hacerlo, sin que esto signifique que oculta algo. Habrá que ver qué le aconseja su abogado Rubén Pagliotto. Lo mismo respecto de Bordeira, asistida por el defensor Boris Cohen, y de Hernández, quien aún busca un letrado.
Además, el juez deberá resolver la detención de los acusados en la Unidad Penal. Luego de 10 días, anunciará la situación procesal de cada implicado: si les dicta el procesamiento (en camino al juicio), la falta de mérito (los siguen investigando) o el sobreseimiento. Además, la libertad o la prisión preventiva.
De la «ceguera ante los hechos» a la visión
En 2017 parte del escándalo fue el uso de los camiones del municipio por parte de la banda de Celis para el transporte de la droga en Paraná. En este marco se inscribió el pacto con Varisco mencionado por Ríos en el procesamiento, que incluía la incorporación de sus familiares en lugares estratégicos y puestos directivos, y 40 personas de su confianza. El no cumplimiento del acuerdo hizo estallar a Celis, tal como se escuchó en varias conversaciones, entre ellas con el concejal Hernández.
En este marco, Ríos afirmó: «Al parecer Varisco desconocía o no le importó el historial personal judicial de Celis, como así tampoco las informaciones de investigación periodísticas, muchas de ellas corroboradas en esta pesquisa», lo cual «linda con la ‘ceguera ante los hechos’, pues a pesar de las supuestas advertencias de la propia Griselda Bordeira, incluso después de la detención de Celis ocurrida en agosto de 2016, Varisco continuó cumpliendo con parte del acuerdo asumido».