Un sondeo realizado por Pulsar.UBA, el observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública, asegura que el 80% de los argentinos está de acuerdo con achicar los gastos del Estado, pero no en salud ni educación. El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 16 de mayo de 2023, sobre un universo de 1.000 casos de personas mayores de 18 años que respondieron las consultas telefónicamente.
La demanda de mayor recorte por parte de la sociedad viene del lado del gasto político, que trepa al 69%; seguido por los planes sociales, con el 49%; los empleos públicos, con el 37% y los subsidios de las tarifas a los servicios sociales, con el 25%.
Muy por detrás, se ubican la reducción de las partidas asignadas a la salud (2%) y la educación (1%), donde casi la totalidad de los consultados consideran que debe permanecer sin modificación.
A partir de estas disparidades en las posiciones, el informe clasificó las respuestas en tres categorías para entender las distintas posturas sociales en relación con una reducción del gasto público.
De allí se desprende que el 39% de los encuestados se mostró a favor de un “pro ajuste total”, que implica recortes sustanciales también planes sociales y subsidios a las tarifas de servicios públicos.
En tanto, un 29% pidió que los ajustes se realizaran “sólo en la política” y que abarque a los empleos públicos y los planes sociales; pero no una quita de subsidios a los servicios públicos.
Por último, un 22% se manifestó “en contra del ajuste” y mostró un fuerte respaldo a la importancia de los sindicatos en la defensa de los intereses de los trabajadores.
Al hacer un análisis por partidos políticos, los simpatizantes de La Libertad Avanza se expresaron más enérgicos a hacer recortes totales, con el 49%. A ellos los siguen los de Juntos por el Cambio, con el 42%; y los de Unión por la Patria, con un 18%.
Al ser consultados específicamente sobre cuál es la postura adoptada respecto a la ayuda del Estado a los sectores más pobres, un 54% de los encuestados remarcó que “es necesaria a pesar de no solucionar el problema”. Mientras que el 41% sentenció que “genera más problemas que soluciones” y un 5% prefirió no contestar al respecto.
Ante premisa de que hay una demanda por modificar el alcance del Estado, el informe indagó en qué y dónde hay que hacerlo, agrupó las respuestas y las clasificó en torno a dos perfiles bien diferenciados: pro-reformas y anti-reformas.
En términos generales, un 57% de los consultados se inclinó por implementar alguno de los cambios señalados (laborales, cambios en el régimen previsional y dolarización de la economía) o varios de ellos. El 43% restante consideró que no son necesarios y se declaran opositores a los mismos.
“Entre las reformas mencionadas detectamos un consenso importante en la resistencia consistente a una modificación del sistema previsional. Esta coincidencia se da por encima de todas las etiquetas partidarias. En cambio, una eventual modificación del sistema laboral tiene una mayoría de acuerdo, sobre todo entre los electores opositores”, destacaron los profesionales que procesaron la encuesta. De hecho, un 69% se mostró en contra de elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años.
“Un punto no menor que queremos resaltar es lo que encontramos en torno a la dolarización. Si la entendemos como una demanda social, es puramente partidaria”, señalaron al mencionar que “los votantes de La Libertad Avanza son los únicos que impulsan su implementación”.
Por último, los autores del sondeo advirtieron que “hay algunos consensos sociales que están por encima de la polarización partidaria” y destacaron a la salud y la educación como “los pilares importantes de la sociedad argentina”.
