En la cúpula judicial hay demasiada preocupación para ver cómo siguen conspirando (pese a los cambios de gobiernos nacional y provincial) en contra de los avances de la causa por enriquecimiento ilícito que tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y sus testaferros Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Martínez. No permitieron allanamientos ni embargos millonarios dispuestos en modo reservado por los fiscales y pretenden apartar al juez de Garantías, Julián Vergara, según pudo saber ANÁLISIS.
Por D. E.
(de ANÁLISIS)
La crónica de los hechos judiciales indica que el 24 de octubre de este año, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano requirieron la remisión de causa a juicio en relación a Sergio Daniel Urribarri, Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en carácter de autor el primero y en calidad de partícipes, el resto. Siempre se entendió que el empresario paraguayo Cardona Herreros y el ciudadano capitalino Martínez oficiaron de testaferros de Urribarri en los últimos veinte años por lo menos, en diferentes operaciones inmobiliarias, negociados con el Estado y manejos irregulares de fondos públicos.
Al día siguiente de tal planteo se pidieron medidas cautelares sobre los tres imputados. En especial, hicieron una solicitud de embargos millonarios sobre sus bienes ante el juez de Garantías a cargo del Juzgado Nº 4, Julián Vergara. Se pedían varios allanamientos en domicilios de los imputados. Fue un escrito estrictamente reservado en el sistema judicial.
Pese a que las medidas eran secretas, sin intervención de la defensa, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) -que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia- “alguien” puso en conocimiento de las defensas la existencia de las peticiones de los fiscales Yedro y Badano. O sea, dejaron al descubierto la estrategia reservada impulsada por los fiscales, lo que no es habitual que suceda. Estaba claro que una mano negra quiso concretarlo.
El día 14 de noviembre el magistrado Vergara hizo lugar parcialmente al pedido, rechazando la solicitud de orden de allanamientos. Tampoco se hizo lugar a distintas medidas cautelares en relación con Urribarri. Solamente embargó por algo más de 100 mil dólares a Urribarri (o sea, lo que tenía informado “en blanco”, cuando los movimientos “en negro” indicaron que no pudo justificar 9 millones de dólares) y, a la vez, dispuso inhibiciones generales a bienes de Cardona Herreros y Martínez. Hay quienes sostienen que el propio Urribarri se comunicó con altos funcionarios de Gustavo Bordet para expresar su malestar y exigió que se desestime lo dispuesto sobre los bienes de sus testaferros.
Desde ahí comenzó todo un trajín recursivo. Los fiscales Yedro y Badano apelaron la medida de Vergara, pero el vocal Gervasio Labriola -del Tribunal de Juicios y Apelaciones- se negó a tratar el recurso de apelación. Y pidió que se notifique a los abogados defensores de los imputados. Pero los fiscales se opusieron, remarcando que no se podían notificar a los abogados porque ello iba a develar qué domicilios se iban a allanar. Labriola se negó y por ende los fiscales fueron a la Cámara de Casación penal. Estos últimos, el 22 de noviembre le ordenaron a Labriola que trate el recurso interpuesto por los fiscales.
Así fue como en dicha audiencia, Labriola anuló el fallo del juez Vergara y ordenó que vuelva a resolver sobre las cautelares. No lo concretó él mismo como suele resolverse. El juez Vergara hasta ahora no ha vuelto a resolver el asunto. Mientras tanto Cardona Herreros pidió que previo a dictar las medidas cautelares se haga saber el pedido a la Embajada de Paraguay en la Argentina, y que se les corra vista del escrito de la fiscalía
Entre tanto, la Sala Penal por iniciativa de los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak (exabogada defensora de Urribarri a fines de los ’90 y principios del 2000) está proponiendo el cese de la suplencia que viene haciendo Vergara, pese a que tal instancia no corresponde que finalice en este momento. Y, a la vez, llevará al próximo Acuerdo del STJ de los martes, la propuesta de dejar sin efecto la designación del citado magistrado.
Entre tanto, las defensas de Urribarri y Cardona interpusieron recurso de queja directo ante el STJ, para que paralicen la remisión a juicio por enriquecimiento, que sería como el objetivo final de toda esta historia, porque la situación de los imputados es muy comprometida y está plagada de pruebas documentales, para llevar la condena de los tres.
El juez Vergara solo podría cesar en el cargo si vuelve al cargo el magistrado Mauricio Mayer, quien se encuentra en lugar de Gustavo Pimentel, que está en Casación en un cargo que no se ha concursado. La intención de sacarlo a Vergara es porque no obedeció lo que pretendían: que sobreseyera a Urribarri por aplicación del precedente del fallo de la causa Cozzi, que determina un plazo de no más de 18 meses para investigar delitos de corrupción en Entre Ríos, tal como lo dispusieron los vocales de la Sala Penal del STJ, lo que siempre fue considerado una medida vergonzosa.
Si el STJER lo saca a Vergara (quien viene siendo presionado desde diferentes ángulos de la cúpula judicial) la semana que viene estarían incurriendo en ilegitimidad porque a los funcionarios subrogantes no los pueden hacer cesar si no ocurre el motivo de caducidad de la designación (en el caso la vuelta de Pimentel al cargo de Mayer y de Mayer a su cargo). Pero todo puede pasar.
