El fiscal de San Isidro Fernando Domínguez anticipó que habrá más funcionarios públicos imputados en la megacausa en la que se investiga el accionar de una presunta asociación ilícita dedicada al pago de sobornos para obtener y mantener contratos con distintos organismos del Estado para la empresa de seguridad privada Securitas. La investigación abarca a la empresa entrerriana Enersa y entre los nueve detenidos tras diversos operativos se encuentran los hermanos Marcelo y Claudio Tórtul, a cargo de la seguridad de la compañía. En una entrevista, Domínguez repasó los procedimientos realizados y explicó cuáles son los próximos pasos de la pesquisa. También describió el acuerdo alcanzado con Securitas.
“Lo que a mi juicio es destacable de este caso es no solo la corrupción de funcionarios públicos, sino la corrupción corporativa de una empresa transnacional que efectivamente admitió que pagó sobornos. Eso es muy claro y es clave en la investigación, que se da en el marco de la ley responsabilidad penal de las personas jurídicas”, introdujo Domínguez en una entrevista con EcoMedios (AM 1220).
“Ha ocurrido en distintas reparticiones del Estado, pero es claro que no solo se trata de responsabilidades de funcionarios públicos, sino también de empresas particulares. Este es un dato que hay que considerar, dado que donde hay funcionarios que se corrompen, en general hay empresas que pagan las coimas”, agregó.
Domínguez recordó que Securitas se presentó a la justicia formulando una suerte de autodenuncia en carácter de “colaboradora” para evitar que le sean aplicables una cantidad de sanciones que corresponderían en el caso de que el accionar se hubiera descubierto por otro camino.
Posteriormente, fueron detenidas nueve personas, todos ex directivos de la empresa. “Se trata de la plana mayor de aquel momento de la representación en Argentina”, precisó el fiscal.
El acuerdo con Securitas
Domínguez describió el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y Securitas. En primer término, la empresa canceló una deuda tributaria determinada por la AFIP que, en 2020, superaba los 1.200 millones de pesos.
A la vez, se comprometió a reparar de algún modo el daño social causado, lo que fue cubierto por un aporte de 900 kilos de carne por mes durante seis meses al comedor de un colegio parroquial del conurbano bonaerense y otros 300 kilos mensuales por el mismo período para un comedor comunitario de una organización religiosa en Entre Ríos.
“A eso hay que sumar el sometimiento a un programa de integridad cuyos parámetros establece la Oficina Anticorrupción y una multa que se calculará a partir de la determinación del beneficio indebido que obtuvo la empresa al mantener todos esos contratos a través de mecanismos espurios”, agregó el fiscal.
“Falta determinar el beneficio indebido y ciertamente allí se completaría el compromiso asumido por la empresa. Pagó la deuda tributaria, pagó las contribuciones comunitarias, se debe someter a un programa de integridad y además de eso debe reparar o debe pagar el beneficio indebido”, enumeró.
Detenciones e imputaciones
Domínguez remarcó que la cúpula directiva de aquel momento está detenida y señaló que “hay otra cantidad bastante importante de personas que han sido citadas a indagatoria en libertad y otras que se determinarán a lo largo de lo que queda de la investigación”.
A la cúpula dirigencial se le imputó el delito de asociación ilícita tras la realización de 50 procedimientos en simultáneo. “La asociación ilícita es uno de los puntos claves de las detenciones, además de otra serie de consideraciones vinculadas a los peligros procesales”, indicó el fiscal.
Más adelante, precisó: “Los funcionarios públicos muchos han sido citados a indagatoria en libertad y está pendiente todavía la determinación de una serie de imputaciones de otros funcionarios públicos y de los mismos que ya han sido citados, pero con la posibilidad de ampliar las imputaciones”.
“Hay funcionarios públicos imputados. Han sido indagados algunos, no todos, de los que probablemente sean imputados. Y por cierto en la escala de responsabilidades probablemente haya otros funcionarios públicos más encumbrados”, acotó.
Análisis de documentación
Los próximos pasos de la investigación son completar la ronda de indagatorias, resolver las situaciones procesales de los implicados y analizar abundante documentación.
“En los procedimientos se secuestró muchísima documentación que está siendo analizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), vinculada a contratos públicos licitaciones y demás, dado que se allanaron todos los organismos que tienen que ver con las maniobras. También se allanaron empresas y esa documentación está siendo analizada por la Procuraduría de Lavado de Activos y Criminalidad Económica (Procelac), explicó Domínguez.
El funcionario informó que “por otro lado se incautaron gran cantidad de documentos vinculados a una investigación patrimonial que hay que hacer de todos, incluso de los funcionarios públicos implicados, y por cierto de bienes que serán sujetos a decomiso”. A esta actividad, según indicó, la está haciendo la Oficina de Recuperos de la Procuración General de la Nación.
También se secuestró gran cantidad de dispositivos celulares y de computadoras cuyo análisis está haciendo la Gendarmería, confirmó el fiscal. En el caso de los entrecruzamientos de llamados telefónicas está actuando la Procuración General de la Nación.
“Tras el análisis de toda esa cantidad de elementos de prueba que se han secuestrado, de toda esa actividad pericial y de esa actividad de análisis de contratos y de documentación en general, hay que hacer un nuevo análisis y a partir de allí seguramente se dispondrán otra serie de medidas. La investigación, naturalmente, sigue”, concluyó Domínguez.
La parte entrerriana
La investigación se inició en 2020, pero fue conocida públicamente en Entre Ríos el 16 de abril, cuando fueron allanadas por Gendarmería distintas propiedades de los hermanos Tórtul y la sede de Enersa en el microcentro de Paraná.
El origen de la pesquisa es la denuncia interna de Securitas, que admitió el pago de sobornos millonarios a funcionarios públicos para asegurarse diversos contratos con el Estado.
La causa está basada en gran medida en una investigación interna de Securitas que fue llevada adelante por una agencia privada internacional a lo largo de cuatro años.
Se cruzaron documentos, correos electrónicos y testimonios de los cuales surgen vinculaciones con el Gobierno de Entre Ríos, que aparece mencionado en el dictamen fiscal. Consultado por la prensa, el gobernador Gustavo Bordet negó cualquier tipo de relación.
En la causa están imputados Alejandro Cis, ex gerente del Sector Logística de Enersa; Juan Carlos Pimentel, ex gerente general y actual gerente de Área Generación e Innovación Tecnológica; y Marcelo Morales, gerente de Asuntos Legales de la compañía.
Los hermanos Tórtul están acusados de manejar licitaciones y renovaciones de contratos irregulares y de administrar el esquema de sobornos implementado, entre otros delitos.
Por orden de la jueza federal de San isidro, Sandra Arroyo Salgado, Se encuentran detenidos en una cárcel federal junto a otros imputados que ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina: Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo.
FUENTE(ANÁLISIS)