La ex procuradora adjunta y ex fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, se refirió a la nueva denuncia que presentó Fernando Burlando, abogado del ex gobernador condenado por corrupción Sergio Urribarri.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Goyeneche consideró que “es bastante desopilante toda la situación” y explicitó que “se trata de una entrevista que se tomó en el año 2019 a una eventual testigo en el juicio, secretaria del estudio de la empresa de Cardona Herrero, y esta gente en este intento que están haciendo de interferir y de desviar la atención y de evitar con mañas la posibilidad de que la sentencia de Urribarri quede firme, han generado una denuncia por coacciones aparentemente, lo que es un verdadero absurdo realmente insólito”.
“Todo el mundo puede presentar una denuncia donde quiera y por los motivos que quiera; jurídicamente lo que han planteado no lo he leído, he leído solamente lo que dicen en los diarios y he visto la parte del video que han pasado a los medios, pero realmente es un disparate mayúsculo”, refirió.
Agregó que “la entrevista tenía que ver con una enorme cantidad de prueba que se encontró en la empresa del empresario paraguayo que se llamaba Relevamientos Catastrales, sobre cómo este empresario llevaba una contabilidad paralela para Sergio Urribarri y su grupo familiar, les guardaba dólares y dinero, repartían coimas, y eso estaba todo registrado en los libros que se habían secuestrado en el estudio, en la empresa de este empresario. Sobre eso fuimos a preguntar y en las testimoniales los jueces les dicen a los testigos que deben decir la verdad y si no dicen la verdad puede cometer el delito de falso testimonio. Es más o menos como convertir eso en un amenazo o una coacción de ese calibre”.
“El problema o lo que aparentemente les parece agraviante, supongo, es el hecho de haberle pedido a la chica que era testigo que diga la verdad y fue lo que pasó efectivamente en esa declaración, esta secretaria que justo se había recibido unos meses antes de abogada, fue muy muy explícita y contó todo el ir y venir de estas personas, funcionarios de la provincia de Entre Ríos, que llevaban dinero a Buenos Aires”, comentó Goyeneche.
Y explicó que “uno de los problemas de la corrupción es que la plata que entra en el patrimonio del funcionario corrupto entra en negro, entonces hay que gastarla y eso a una persona muy expuesta le resulta difícil gastarla porque tiene que gastarla también en negro, todo en efectivo y sin que se registre absolutamente nada. Y una de las formas que habían encontrado de hacer esto es a través de este empresario que hacía los gastos a nombre de Urribarri. De eso es de lo que se trata esta entrevista y todo el trasfondo de esto”.
En este marco, criticó que “la defensa que ha contratado el señor Urribarri no pretende cambiar nada dentro del proceso, porque ya saben que no tiene ninguna posibilidad porque es un proceso que se basó en pruebas y que terminó en una condena, pero están tratando de utilizar estos elementos que son de otro proceso para embarrar la cancha en un intento inescrupuloso de modificar una situación extra procesalmente, porque procesalmente no tienen mucha vuelta que dar”.
Advirtió asimismo que “esto no tiene absolutamente nada que ver con el megajuicio, estas entrevistas fueron tomadas en relación con la causa del enriquecimiento ilícito de Urribarri, que derivó también luego en pruebas respecto de los cohechos en la causa del empresario paraguayo a través de la contratación del servicio de software para varios sectores de la administración pública. Esas dos causas no tienen absolutamente nada que ver con la causa que está con una condena. De hecho, lo que pretendieron publicar en los medios confunde las causas y creo que lo hacen de manera intencional”.
Sobre la testigo, indicó que “era una secretaria que evidentemente estaba hacía bastante tiempo en la empresa y conocía todo; conocía el movimiento diario de la empresa a pie juntilla y registraba muchas de las cosas que iba pagando en sus libros, en sus agendas, que es lo que se secuestró en los allanamientos y ella después nos contó de qué se trataba”.
Consultada por las presentaciones de Burlando en la justicia de Buenos Aires, Goyeneche analizó que “cuando una persona tiene problemas judiciales, tiene dos alternativas: contrata un servicio jurídico de calidad, que lleva adelante una defensa jurídica y defiende su posición, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito, depende de la prueba que tenga la Fiscalía, pero hace una defensa dentro del proceso y leal. Otra alternativa es contratar el servicio de la falta de escrúpulos, que seguramente es muy caro, y lo que pretende hacer ese servicio es impedir extra-procesalmente –no a través de una demostración de la inocencia, sino a través de otro tipo de artimañas no procesales- que se llegue a la condena o al cumplimiento de la pena en este caso. Esto es lo que ha contratado Urribarri, contrató la falta de escrúpulos absolutos en la forma de llevar adelante este intento de evitar la pena, y son abogados de Buenos Aires que se sienten cómodos litigando allá, y por eso están buscando la forma de generar denuncias y operaciones mediáticas, sobre todo operaciones mediáticas, porque la denuncia, creo que el sentido mayor que tiene esta denuncia, dado el nivel de absurdidad, es generar la noticia. Lo que tratan de hacer es desviar la atención, tratar de generar la sensación de que nadie está en condiciones de juzgar, que todo es sucio, que todo es con el nivel de corrupción de aquellos que fueron juzgados, etc. Lamentablemente la intención es incidir sobre el proceso justo llevado a cabo, incidir sobre los magistrados y los judiciales que vienen, porque estamos hablando de una causa que está en etapa de remitir a juicio recién. Es lisa y llanamente apretar o intimidar a la gente que tiene que resolverlo”.
Respecto de la posibilidad de que el testimonio de la secretaria pueda ser desestimado para la causa, la ex fiscal aclaró que “eso no es testimonio, el testimonio se va a dar en juicio. Eso es una entrevista que se realiza en la sede de Fiscalía para averiguar qué sabe una persona y en la medida en que esa persona tiene información de calidad, que le sirve a la Fiscalía, la ofrece como testigo para que declare en juicio. Entonces, ellos no tienen nada para tumbar en eso. Y por otro lado, la prueba es documental en ese proceso. Lo que se le preguntaba a esa testigo eran cosas vinculadas al reconocimiento de mails, a elementos que están documentados”.
“Es posible, obviamente, que ellos van a pretender que alguien que sabe mucho de esta cuestión cotidiana, como que Fulanito me trajo plata, Menganito guardaba dólares acá, le comprábamos tal cosa en nombre de él, y cosas así, es posible que obviamente no las quieran tener en juicio. Pero la verdad es que lo veo como una maniobra bastante inidónea en ese sentido”, planteó.
En este contexto, consultada respecto del accionar de los abogados y del ex gobernador condenado atacando gravemente al sistema con recursos, Goyeneche evaluó: “Para los que estamos acostumbrados a verlo, es muy llamativa la dignidad con la que muchas personas asumen cuando pierden, cuando finalmente se prueba que cometieron un hecho delictivo y tienen la dignidad de afrontarlo y llevarlo adelante. Eso no pasa en algunos otros casos y obviamente no pasa con las personas que están muy convencidas de su impunidad. Hay muchos mecanismos psicológicos y sesgos que se van plantando en la cabeza de alguien que trabaja en una situación de impunidad como la que hemos visto en la provincia de Entre Ríos. La creencia de que tiene derecho a hacer muchas de las cosas que hicieron, la creencia de que porque a otro no lo descubrieron, es ilegítimo que lo hayan condenado a él. Todos son mecanismos que hacen que se convenza de que tiene que dar una pelea de este tipo. Pasa solamente con casos de mega corrupción como este y pasa también con el crimen organizado”.
Y agregó que “todo este tipo de trabajos, cuanto más lejos estén de lo que es correcto, más caros son. Hacer esto es muy caro. Vemos que son defensores que esencialmente no tienen ningún apego por la verdad, no tienen ningún apego, ninguna vinculación con que lo que se afirma tenga que tener algún viso de seriedad o de verdad. Obviamente para eso hay que tener muchos recursos porque no cualquiera está dispuesto a poner su nombre, a decir estos disparates o a llevar adelante estas afrentas hacia el Estado de derecho. Porque en realidad en el fondo lo que está pasando es eso: no están atacando a una persona, a un funcionario, a 10 funcionarios, están atacando el sistema del Estado de derecho que implica que quien es condenado tiene que asumir que esto también es parte de nuestra legalidad”.
“Las situaciones jurídicas se defienden jurídicamente y todavía le queda un recurso que tendrán que resolverle, pero en su caso el proceso ha permanecido dentro de los cánones de la legalidad, es un proceso absolutamente correcto y no asumir esto es quebrantar una regla básica de nuestro Estado de derecho”, concluyó.
