Así lo dictaminó este martes el tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta que, tras varias audiencias del juicio oral y público que se sustanció en Paraná, coincidieron este martes en condenar a dos de los tres imputados en la causa.
Se trata de Jorge Rodríguez, ex director de Vialidad provincia que fue condenado a 2 años y medio de prisión condicional; inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de tareas comunitarias durante 8 horas mensuales.
La condena también alcanzó a Néstor Kemerer, ex director de Mantenimiento y Suministro del organismo, que fue sentenciado con 2 años y 4 meses de prisión condicional más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación de la Fiscalía, que había caído sobre ellos, había pedido para cada uno cuatro años de prisión efectiva.
Por otra parte y tal como lo habían solicitado los los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, quedó absuelto el ex sub director del ente, Mario Heyde.
La escuela que se creó con fondos públicos fue la Nº 235 Heraclia Ruíz Díaz, tal el nombre de la madre de Rodriguez, el funcionario hoy condenado. Y se fundó para responder a una demanda de los empleados viales que no conseguían banco para sus hijos en cercanías a su lugar de trabajo.
La propuesta de creación de la escuela fue impulsada en 2013 y se puso en funcionamiento en 2014, en un trámite inusualmente exprés en el Consejo General de Educación de la provincia.
En 2014, en medio de una puja gremial entre docentes y el gobierno, las autoridades provinciales resolvieron iniciar el ciclo lectivo en la escuela vial, creada con recursos públicos.
Posteriormente, el gobierno advierte que los organismos públicos no estaban facultados para poner en marcha, y bajo su órbita, un establecimiento educativo, razón por la que impulsan una fundación civil sin fines de lucro con el objetivo de que se haga cargo de la escuela. De esa decisión surgió Los Viales, entidad que administró la escuela y que designó a Kemerer, como apoderado legal del establecimiento.
Una vez puesta en marcha, Vialidad tuvo que absorber durante los dos primeros años el pago de los salarios de los docentes que se desempeñaban en la escuela, lo que llamó la atención de los fiscales por un lado, porque se inviertieron dos millones de pesos en sueldos y por otro, porque los maestros, para poder cobrar, eran contratados como empleados viales.
