Juan Pablo «Lechuza» Aguilera (6 años y 6 meses de prisión efectiva) es el cuñado del delincuente condenado Sergio Urribarri. Uno de los inmuebles donde funcionaban las imprentas allanadas por la megaestafa, pertenecía a Adrían Fuertes, actual intendente kirchnerista de Villaguay-
# SE PAGABAN CONTRATOS DE LA LEGISLATURA A EMPLEADOS DE LAS IMPRENTAS DEL CUÑADO DE URRIBARRI, QUIEN EN SIMULTÁNEO ERA SECRETARIO DEL SENADO ENTRERRIANO, PRECEDIDO POR SU SOBRINO, MAURO URRIBARRI │ LA ESTAFA A LOS ENTRERRIANOS RONDA LOS 53 MILLONES de DÓLARES ( Más de 76 Mil Millones de pesos actuales) SIN INTERESES #
𝗘𝗟 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗜𝗟𝗟𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗨 𝗖𝗨𝗡̃𝗔𝗗𝗢 𝗚𝗢𝗕𝗘𝗥𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗟 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗜𝗟𝗟𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗨 𝗖𝗨𝗡̃𝗔𝗗𝗢 𝗚𝗢𝗕𝗘𝗥𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥
En simultáneo nombramientos en cargos de jerarquía durante el gobierno urrikirchnerista, incluyendo la Secretaria de la Legislatura, desde donde se originó la mega estafa de los CONTRATOS TRUCHOS, este sujeto, además se había convertido en empresario de la industria gráfica poseía las imprentas más grandes en varias provincias a la redonda. No sólo de papelería sino que además poseía impresoras de gigantografías valuadas millones de dólares, algunas instaladas en inmuebles que pertenecían al actual Legislador por Villaguay, Adrian Fuertes, desde donde se confeccionaban además cartelería vendidas al gobierno el gobierno, incluyendo las del frustrado «Sueño Entrerriano»
𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗢𝗦 𝗧𝗥𝗨𝗖𝗛𝗢𝗦
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry comenzaron a ofrecer instrumental y efectos secuestrados para remitir a juicio, en el marco de la investigación por los “contratos truchos” de la Legislatura. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) mencionaron los soportes en los cuales se almacena todo tipo de información y documentación, además de los numerosos efectos secuestrados en distintos allanamientos. Los defensores, como es de rigor, se opusieron.
El ofrecimiento de la evidencia que compone el plexo probatorio de la investigación se mueve lento. Los abogados exigen desagregar punto por punto y, sobre varios de esos puntos presentan oposición y hacen reservas para plantear los inconvenientes en instancias superiores.
A este ritmo, se mencionaron DVD´s, CD´s, memorias, pen drives, discos portables, sumarios de allanamientos, entre otros elementos. Contienen imágenes de cámaras de seguridad, grabaciones de declaraciones de imputados y testimoniales, movimientos de cuentas bancarias, informes periciales, respuestas de organismos y empresas a requerimientos judiciales, información de otras causas por corrupción que involucran a las mismas personas, fotografías, copias de contratos y facturas. Todo compone la numerosa documentación que constituye la evidencia.
Una de las oposiciones más encendidas de la jornada se produjo cuando los fiscales ofrecieron fotos del allanamiento que se realizó a la imprenta que tenía Juan Pablo Aguilera, sobre calle Racedo al 400 de Paraná. Ese procedimiento ocurrió el 1 de agosto de 2016, en el marco de la investigación por lo que se conoció como “causa Imprentas” o “causa de la vaca”, uno de los cinco legajos por corrupción que se ventiló en el “megajuicio”, que se realizó entre 2021 y 2022.
𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗢𝗦 𝗧𝗥𝗨𝗖𝗛𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗚𝗜𝗦𝗟𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗚𝗔𝗕𝗔𝗡 𝗔 𝗔𝗟𝗚𝗨𝗡𝗢𝗦 𝗘𝗠𝗣𝗟𝗘𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 «𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗖𝗨𝗡̃𝗔𝗗𝗢»
En ese allanamiento ocurrido hace casi 10 años, se encontraron copias de contratos de la Legislatura, porque era la modalidad con la que se abonaba a algunos empleados de las imprentas del cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri. El abogado Miguel Cullen dijo que la documentación que se fotografió y filmó, se devolvió en ese momento, que sólo quedaron las imágenes digitales. Agregó que la sentencia por lo que se conoció como “megajuicio” no está firme, que está en revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Además aseguró que, en aquel momento, los fiscales no advirtieron alguna irregularidad en relación a lo que significan los “contratos truchos” de la Legislatura, que aquel allanamiento fue tres años antes de que comience la causa sobre la que actualmente se discute la remisión a debate.
Los fiscales consideraron que si bien no secuestraron los documentos, sacaron fotos debido a que les llamó la atención que existiera información de particulares en ese lugar. Y que en efecto, esa documentación de particulares son contratos de la Legislatura que pueden servir de muestra para lo que se investiga ahora.
El abogado Iván Vernengo sumó un argumento a la oposición de Cullen. Dijo que las hipótesis de las dos causas son distintas, que se investigan hechos diferentes, que en la causa actual la hipótesis principal es que algunas personas se quedaban con todo el dinero de los contratados, a diferencia de la “causa imprentas” que detectó que a algunos empleados privados se les pagaba con contratos de la Legislatura. Es el mismo argumento que presentaron los defensores en lo que se conoce como causa “Coimas”, dado que durante la remisión de ese legajo, se opusieron ferozmente a la incorporación de evidencia que se colectó en el marco del presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Sergio Urribarri. Es decir, los abogados se oponen a que los fiscales usen, en distintas investigaciones, la misma evidencia.
Avanzada la discusión, los representantes de la acusación pública ofrecieron para un potencial juicio oral, que comparezcan varios funcionarios policiales y delegados judiciales que participaron de aquel allanamiento realizado el 1 de agosto de 2016. En efecto, mencionaron que estarán en condiciones de declarar Gastón Montepeloso, Enrique Maximiliano Pepe, Ignacio Fariña, María Delia Ramírez Carponi, Sonia Beatriz Vives, Oscar Alberto Sobko, Ana Bárbara Ledheroz, Oscar Jesús Michelin, Cecilia Soledad Silva, y Adrián Marcelo León. De igual manera, el abogado que coordina las defensas, Miguel Cullen, volvió a oponerse.
Los fiscales propusieron, también, el testimonio de León Helberg, una persona que participó como testigo civil en ese procedimiento de calle Racedo, que en el marco del “megajuicio por corrupción” fue citado a declarar por la defensa que ejerce Emilio Fouces. En su momento, durante el debate oral, Helberg sembró dudas sobre la legalidad del allanamiento.
𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗧𝗔𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗜́𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔𝗦
Los fiscales guardan dispositivos electrónicos con varias entrevistas periodísticas de interés para la investigación de los “contratos truchos” de la Legislatura. De modo que ofrecieron entrevistas realizadas en Radio Plaza, Página Judicial, y Canal 9 Litoral. Las personas que realizaron esas declaraciones públicas son Hugo Rubén Mena, Leonardo Fabián Dehan, Ricardo Antonio Antivero, y Daniel Ruberto, entre otros.
Dinero, tarjetas, tickets, cédulas, anotaciones, cuadernos
Yedro y Aramberry mencionaron, asimismo, que acumulan numerosos efectos secuestrados en los allanamientos. Se trata de dinero, tarjetas de débito y crédito, documentación de vehículos, cuadernos, libretas de anotaciones, tickets de banco, boletas, cédulas de registros, constancias de pago de monotributo, documentación impositiva, celulares, computadoras, tablets, tarjetas de memoria y otros dispositivos.
A la remisión de esos efectos se opuso el defensor Cullen, con los mismos argumentos que expuso anteriormente. Es decir, se opuso a los allanamientos, a los secuestros de documental, a la instrumental que contiene lo secuestrado y a los efectos mismos secuestrados.
Se espera que, para este viernes, concluyan los fiscales con el ofrecimiento de prueba. Posteriormente, se dará espacio a los representantes de la acción civil para que intervengan. Y si todo sale como se previó, el martes de la semana que viene se abrirá un nuevo momento en el cual los defensores harán sus propias propuestas de evidencia.
𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗱𝗲 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗙𝗔 𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥𝗥𝗜𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝟱𝟯 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗢́𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
