El diputado nacional Julio Solanas se hizo eco de la lucha de Gualeguaychú por vivir en un ambiente sano y libre de agrotóxicos y aseguró que la resolución del juez federal Pablo Seró suspendiendo los efectos de la Ordenanza 12.216/2018 que aprobó el Concejo Deliberante prohibiendo el uso, venta y comercialización de glifosato “es una clara afrenta a los derechos humanos de todos los ciudadanos de Gualeguaychú”.
Luego de la resolución del juez federal Pabló Andrés Seró en la que suspendió los efectos de la ordenanza que el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por amplia mayoría, el diputado nacional Julio Solanas manifestó su apoyo a la lucha de los vecinos por tener “glifosato cero” en la ciudad.
Consideró que “resulta manifiestamente sorprendente que en los fundamentos de la resolución cautelar, se avasalle la validez de una Ordenanza municipal, con el sólo fundamento de que su vigencia podrá afectar la actividad laboral y comercial de los demandantes, entre los cuales está el denominado “Rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel”.
“Sin lugar a dudas esta decisión judicial debe ser analizada en el contexto de la gestión promovida por el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que a través del ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, ha expresado la intención de motorizar una ley a favor de la fumigación con agrotóxicos, desoyendo recomendaciones sanitarias y apostando sin más por un modelo agropecuario de alto riesgo y daño para la vida”, cuestionó el legislador nacional.
En ese marco, también criticó que “en la resolución dictada por el juez Seró no hay un sola mención a los derechos claramente vulnerados, que la Ordenanza 12.216/2018 pretende proteger como es el derecho a la vida, a la salud y al ambiente saludable”.
“Por ello, suspender sin más la vigencia de una Ordenanza, importa una grave intromisión y una aún más grave vulneración de derechos y garantías constitucionales establecidas en protección y defensa de derechos humanos, como la vigencia de la Ley general de ambiente; la Ley de residuos peligrosos; el Artículo 22 de la Constitución de Entre Ríos; el artículo 41° de la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de derechos económicos sociales y culturales, ratificado por nuestro país”, advirtió Solanas.
En el mismo sentido, apuntó: “No podemos dejar de destacar que en la Argentina el negocio de venta de pesticidas mueve alrededor de 3.000 millones de dólares al año y sin lugar a dudas este tipo de medidas judiciales es un incentivo para la continuidad de este espurio negocio”.
Ordenanzas
En su primer artículo la ordenanza prohíbe en todo el ejido de la localidad de San José de Gualeguaychú el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general “Glifosato” y aquellas formulaciones que lo contengan.
Vale recordar que en noviembre de 2017 también el Concejo Deliberante de Paraná aprobó “por unanimidad” una ordenanza que prohíbe el uso de glifosato en el ejido de la capital provincial.
