
Un relevamiento realizado a partir de pedidos de información y respuestas oficiales de la propia Policía de Entre Ríos expuso importantes vacíos en los registros sanitarios de la fuerza. La institución no sabe cuántos agentes tuvieron cáncer, no registra las causas de muerte de sus efectivos y reconoce que no realiza estudios específicos para la detección de enfermedades oncológicas.
Entre 2016 y 2025 murieron 153 policías mientras estaban en actividad. La cantidad de fallecimientos fue de 19 en 2016, 14 en 2017, 18 en 2018, 7 en 2019, 16 en 2020, 24 en 2021, 16 en 2022, 18 en 2023, 11 en 2024 y 10 en 2025. Sin embargo, Recursos Humanos aclaró que la fuerza no registra las causas de esas muertes, por lo que no es posible conocer cuántas estuvieron relacionadas con enfermedades oncológicas u otras patologías.
La Junta Médica Superior también reconoció que no cuenta con estadísticas sobre la cantidad de funcionarios con diagnósticos de cáncer ni sobre las licencias por largo tratamiento vinculadas a esas enfermedades. El Servicio Médico Sanitario informó que no tiene un área de Oncología y que nunca realizó estudios de morbilidad o mortalidad del personal.
Los controles médicos periódicos incluyen mediciones de presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y entrevistas para detectar factores de riesgo como hipertensión, obesidad o diabetes. Pero no se realizan estudios específicos para detectar cáncer, ni durante los controles habituales ni mediante campañas de prevención.
Además, esos controles estuvieron suspendidos entre 2017 y 2020. Se retomaron en 2021, aunque dejaron de ser un requisito para los ascensos y pasaron a tener fines preventivos. Tampoco existe un registro consolidado de cuántos agentes fueron examinados cada año.
Otro dato surge de los trámites de retiro obligatorio por invalidez. Desde 2018 se iniciaron 85 expedientes: 67 correspondientes a hombres y 18 a mujeres. La cifra tuvo un salto importante en los últimos años: fueron 33 trámites en 2024, 23 en 2025 y 12 en lo que va de 2026. De ese total, solamente seis terminaron con un retiro o decreto, mientras que otros continúan sin resolución. En una sola planilla aparece una causa oncológica: una agente de 49 años con cáncer de mama, cuyo trámite comenzó este año y todavía no tiene el retiro dispuesto.
En cuanto a las denuncias ante la aseguradora de riesgos del trabajo, la Policía informó que entre 2016 y 2025 se registraron 167 denuncias por enfermedades profesionales, cualquiera fuera su causa. De ese total, 69 correspondieron a 2020 y 53 a 2021, años de la pandemia. La planilla no especifica qué enfermedades motivaron esas denuncias. La institución sostuvo que no recibió denuncias por enfermedades profesionales vinculadas a agroquímicos desde que contrató la ART en 2005.
El relevamiento también puso el foco en los policías que trabajan en zonas rurales. La Dirección de Delitos Rurales informó que cuenta con 28 brigadas y que, sumando brigadas y comisarías de campaña de ambas costas, hay alrededor de 1.360 efectivos en dependencias rurales.
En varias de esas localidades existen registros de aplicaciones de agroquímicos. La propia Policía reconoció que desconoce si se comunicó a las autoridades correspondientes la ubicación de sus dependencias rurales como áreas sensibles, tal como contemplan normas de protección. Tampoco cuenta con registros de avisos previos de fumigaciones cerca de comisarías ni sabe cuántas actuaciones se iniciaron por aplicaciones en sus inmediaciones.
Sobre las intervenciones por agroquímicos, Delitos Rurales informó 224 actas entre 2020 y 2026, pero las cifras no coinciden con las registradas por la Dirección de Agricultura. Por ese motivo se pidió a las jefaturas departamentales que revisaran sus propios registros. La información recibida fue dispar: varios departamentos indicaron que no tenían actuaciones registradas durante el período consultado, mientras que otros detallaron denuncias y procedimientos puntuales.
Entre los casos mencionados aparecen intervenciones en Basavilbaso por fumigaciones en cercanías de una escuela y denuncias vecinales por aplicaciones en caminos rurales y campos linderos a viviendas. También se detallaron actuaciones en localidades del departamento Diamante, algunas vinculadas a pulverizaciones con drones y aplicaciones de distintos productos fitosanitarios. Al sumar los registros informados por las jefaturas, no se llega a cuarenta actuaciones en once años, una diferencia significativa frente a las 224 actas declaradas por Delitos Rurales.
El informe también señala que la Policía no tiene una partida presupuestaria específica destinada a salud. Además, todavía está pendiente la información sobre los hijos de agentes con Certificado Único de Discapacidad: Finanzas explicó que no cuenta con registros informáticos y que debe revisar los legajos en papel para reunir esos datos.
La información disponible no demuestra que la exposición a agroquímicos haya provocado enfermedades en integrantes de la fuerza. Lo que deja en evidencia es que la Policía de Entre Ríos no cuenta con estadísticas sanitarias suficientes para conocer las causas de muerte, dimensionar los diagnósticos oncológicos, evaluar los riesgos laborales ni realizar un seguimiento integral de la salud de sus efectivos.

FUENTE: Uruguayenses Digital











