La titular de la entidad contrató a su exesposo para el área de Sistemas y habilitó sin pasar por la votación del directorio que la gerenta general cobre un sueldo de casi 9 millones de pesos por mes.
La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quedó envuelta en un escándalo luego de que el directorio conociera sus últimos movimientos en la entidad financiera. Según contó la periodista Cecilia Boufflet en PPT (eltrece), contrató familiares para importantes puestos y habilitó el pago de sueldos millonarios sin consultar.
En julio, la exministra de Economía envió a las autoridades la lista de nombramientos que asumirían al mes siguiente. Dentro de las personas que estaban anotadas, incluyó a alguien particular para la gerencia de Sistemas: se trata de Héctor Javier Silva, su exmarido.
Silva tiene 59 años y, si se compara con las contrataciones que se realizaron históricamente en el BNA, no es una incorporación tradicional.
Al no avisar nada sobre su vínculo personal con él, se genero un malestar entre los miembros del directorio por omitir esa información. En ese sentido, en el caso de que Batakis dejara su puesto tras las elecciones, él continuaría en el cargo, ya que se oficializó su paso a planta permanente.
Al no avisar nada sobre su vínculo personal con él, se genero un malestar entre los miembros del directorio por omitir esa información. En ese sentido, en el caso de que Batakis dejara su puesto tras las elecciones, él continuaría en el cargo, ya que se oficializó su paso a planta permanente.
Por otro lado, la titular del BNA aprobó a través de una carta, sin consultar y sin someter a votación, que la gerente general de la entidad, María del Carmen Barros, comenzara a cobrar una desorbitante cifra.
Conformado con premios y bonos, el sueldo que percibe Barros se acerca a los 9 millones de pesos. Su primer cobro fue equivalente a US$15.000.
El argumento que usó Batakis es que en otros bancos, incluso en aquellos que son públicos, el gerente general tiene un salario de esa dimensión, por lo que correspondía habilitar esa suba. Sin embargo, el directorio cuestionó la decisión no solo por haberla tomado de manera unilateral, sino por el contexto económico pos PASO en el que lo definió.
