A cuatro meses de las elecciones presidenciales en Argentina, la principal incógnita en materia económica es si el gobierno logrará postergar una devaluación abrupta del peso y dejará esa amarga tarea al próximo presidente o si los desequilibrios acumulados terminarán de estallar durante la actual gestión, sostiene un informe publicado por el diario uruguayo El País, que incluye consultas a economistas argentinos.
Opina que el éxito –o no- que tenga el ministro de Economía, Sergio Massa, en su cruzada para evitar un salto cambiario determinará buena parte del resultado de las elecciones primarias del 13 de agosto y de las generales del 22 octubre.

“El efecto inicial de una devaluación sería una aceleración de la inflación dado que los precios de alimentos y de otros productos que son sensibles a la canasta básica van a ir detrás del incremento del tipo de cambio oficial. Por eso, el gobierno intenta por todos los medios evitar ese movimiento brusco. El problema es que el Banco Central no está pudiendo acumular dólares por el comercio exterior y está perdiendo sistemáticamente reservas por sus intervenciones en el mercado oficial de cambios y en los mercados libres, con lo que la dinámica es preocupante”, dijo a El País Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

Resignado a que los niveles de inflación tendrán un piso del 7% mensual en los próximos meses, Massa enfocó su gestión en impedir un fuerte ajuste devaluatorio antes de las elecciones. Para eso, viene apelando a todas las herramientas que tiene a disposición. Además de intentar ampliar la oferta mediante el lanzamiento de estímulos temporarios para que los exportadores de soja apuren la liquidación de la cosecha, el gobierno ha ido restringiendo la demanda con el cierre del grifo de dólares a los importadores.

De hecho, por la diferencia acumulada entre importaciones autorizadas y las efectivamente pagadas, la deuda comercial acumulada del Banco Central con las empresas entre junio de 2022 y abril pasado ascendió a más de US$ 12.000 millones. A esas medidas se le sumó la reciente activación del segundo tramo del swap con China por US$ 5.000 millones, que se agrega al acordado por el mismo monto en enero pasado. El swap se trata de un canje de monedas por el que ambos países intercambian un monto de su relación comercial en sus respectivas divisas. Con eso, Argentina pasó a contar con US$ 10.000 millones de libre disponibilidad en yuanes para pagar importaciones chinas, con lo que evita la utilización de dólares en esas operaciones.

Sin embargo, nada parece suficiente para compensar la caída en el ingreso de más de US$ 20.000 millones por exportaciones provocada por la sequía. Las urgencias llegan a tal punto que el gobierno está sellando acuerdos ya no con sectores sino con empresas para hacerse de dólares. En los últimos días, el gobierno pactó con la petrolera estadounidense Chevron para que una inversión de US$ 500 millones en la provincia de Neuquén sea ingresada por el mercado oficial a cambio de no cobrarle a esa empresa retenciones por una porción de sus exportaciones. El gobierno lleva adelante negociaciones similares con Ford, Toyota y Aceitera General Deheza, empresas que en las últimas semanas hicieron anuncios de inversiones.

Pese a todas esas decisiones de emergencia, el Banco Central continúa perdiendo reservas. En lo que va del año la autoridad monetaria acumula ventas por más de US$ 2.500 millones para abastecer la demanda en el mercado oficial de cambios y para intervenir en los paralelos. Con eso, el stock de reservas netas –las brutas descontando el swap de China, los encajes de depósitos en dólares y préstamos del Banco de Basilea, entre otros ítems- ya son negativas en más de US$ 1.400 millones. Esa severa escasez se volverá aún más riesgosa en los próximos meses, cuando se prevé un crecimiento de la demanda de dólares por cobertura antes de las elecciones.

Ante semejante panorama, Massa apuesta todas sus fichas a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acceda a adelantar a junio el total de los desembolsos de unos US$ 10.800 millones que, en principio, tiene pautado enviar en tres cuotas en lo que resta del año. Luego de la renegociación del acuerdo con el FMI en 2021, Argentina pasó a recibir fondos que luego utiliza para pagar los vencimientos con el mismo organismo de crédito. El objetivo de Massa es cambiar esas condiciones para asegurarse un mayor volumen de dólares a corto plazo y para que una parte de ese monto pueda ser utilizado en intervenciones en el mercado cambiario.

Hasta ahora, el directorio del FMI viene resistiendo esa jugada porque implicaría ceder dólares para mantener un tipo de cambio artificialmente atrasado, divisas que luego le faltarían a Argentina para afrontar los vencimientos con el propio organismo. “Sin un acuerdo con el FMI, las dificultades de la economía argentina crecerían al punto de que el país podría terminar incluso con un incumplimiento de los vencimientos. Sin embargo, el FMI no quiere forzar al extremo la situación. Lo más probable es que termine pidiendo a cambio del adelanto de fondos algunas condiciones que Argentina finalmente no cumplirá”, dijo a El País Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires.

Sin margen político para lanzar políticas de fondo en medio de una campaña electoral ya lanzada, el ministro de Economía, Sergio Massa viene apelando a medidas de corto plazo para evitar como sea un salto del tipo de cambio oficial y un incremento de la brecha con los dólares paralelos. El motivo es claro: un impulso adicional a niveles de inflación que en mayo ya treparon al 114,2% interanual asestaría otro duro golpe a los deprimidos ingresos de buena parte de los argentinos y eso terminaría de sepultar las chances de los candidatos a la presidencia del oficialismo, aspirantes entre los que todavía está en carrera el propio Massa. En ese marco, buena parte del futuro electoral se juega en las negociaciones con el FMI que tendrán una definición en las próximas semanas.

“Cuando hay desequilibrio en la balanza de pagos, el FMI históricamente pide una devaluación para encarar cualquier programa de estabilización. Los técnicos del FMI saben que el gobierno argentino se resiste a eso por una cuestión política, y el gobierno argentino sabe que el FMI tiene incentivos para que Argentina no entre en atrasos con el organismo. Esa dinámica hace que la negociación esté empantanada. El riesgo es que, sin un acuerdo con el FMI, la situación se volverá aún más compleja y será difícil evitar una devaluación brusca antes de las elecciones. Vienen dos o tres semanas de definiciones”, dijo Baer.

Los tiempos juegan en contra del gobierno. Sin ingreso de dólares por el impacto de la sequía, el Banco Central está perdiendo reservas a un ritmo promedio de US$ 100 millones diarios para contener al dólar oficial. Ese drenaje en un contexto de reservas netas ya negativas alimenta las expectativas devaluatorias. El Bank of América proyectó hace unos días que el dólar oficial cerrará el año en 514 pesos argentinos, lo que implicaría una devaluación del 100% con respecto al valor actual.

Fuente: El País de Montevideo