La iniciativa de Kueider, uno de los legisladores que quedaron del lado de Alberto Fernández desde que explotó la interna del Frente de Todos, modifica el enfoque de lo que pretendían los senadores K. Se centra en una reforma a la ley penal tributaria vigente para avanzar en la sanción económica a quienes evaden. A la pena de prisión que se fija en la legislación, le agregó una multa del 25%. Si el evasor se allana a cumplir con la pretensión fiscal, la nueva ley perdonaría la condena penal, pero no la sanción económica. Se trataría entonces de recaudar a través de una sanción y no de un blanqueo.
Se entiende que así el Frente de Todos podría esquivar las críticas de la oposición que ha catalogado el proyecto como “ley Daniel Muñoz”, en referencia al ex secretario de Néstor Kirchner, a quien se le detectaron bienes y dinero sin declarar en el exterior.
La multa del 25% sobre la base imponible alimentaría el fondo que el kirchnerismo busca crear. Pero a diferencia de la iniciativa de Parrilli, que prevé que la duración de ese fondo será hasta cancelar la deuda con el FMI, la de Kueider establece que será permanente. El FMI sólo tendrá prioridad de cobro, pero el dinero recaudado podrá utilizarse para pagar luego todo tipo de acreencias con el extranjero, tanto con organismos multilaterales de crédito como con bonistas privados o, por caso, el Club de París.
El senador entrerriano propugna también que la AFIP tenga una oficina especializada en la evasión a través de la constitución de activos no declarados en el extranjero. Esta unidad especial estaría conformada por personal del organismo recaudador, que tendrá como incentivo para su labor participar en lo que se recaude, ya que recibirían un porcentaje de lo que se logre cobrar.
El razonamiento para sostener este aliciente a los sabuesos de la AFIP está en que, si el colaborador (la persona física o jurídica que aporta datos para recaudar sobre bienes no declarados) recibe un porcentaje, es justo que también lo perciban quienes hacen toda la tarea de fiscalización, búsqueda y control para impulsarlos a seguir en la tarea.
Por otro lado, el proyecto de Parrilli contempla que si el colaborador da información falsa, podría sufrir una pena de prisión de entre uno y seis años. El senador albertista modifica este postulado, incorporando que la acusación correspondería sólo si el colaborador entrega datos erróneos de manera deliberada, a sabiendas de su falsedad. Esto cubriría a quien aporta información de buena fe ante la eventualidad de que quien es delatado realice una maniobra y logre escamotear su patrimonio no declarado de los radares de la AFIP.
No está previsto que el bloque de senadores del Frente de Todos se reúna esta semana para discutir el proyecto original o las alternativas de Kueider. En cambio, el jueves habrá sesión en la Cámara Alta para debatir cambios al Consejo de la Magistratura y es probable que el encuentro previo sirva para terminar de ajustar la posición con respecto a este tema álgido.
Kueider es uno de los ocho nombres que no aparece al pie del articulado del proyecto que impulsó el kirchnerismo. Tampoco están el ex gobernador misionero Maurice Closs; los fueguinos María Eugenia Duré y Matías Rodríguez; Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes); María Teresa Margarita González (Formosa); los santiagüeños Gerardo Montenegro y José Emilio Neder y el jujeño Guillermo Snopek.
El legislador entrerriano, de estrecha cercanía con el gobernador Gustavo Bordet, se quejó de que tomó conocimiento del proyecto K a través de la prensa y no en una discusión del bloque. A otros senadores oficialistas les pasó lo mismo. Esto hizo hervir el WhatsApp de la bancada del Frente de Todos. Pero finalmente hubo fumata blanca.