El Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos suevamente es noticia por el incumplimiento de las prestaciones que debe realizar a los pacientes, repitiendo otra vez la misma historia, personas graves, con riesgo de muerte que presentan con urgencia medicación o tratamiento y el organismo hace caso omiso a los pedidos.
En esta oportunidad la victima del IOSPER es Siomara Mercedes Roballo. Siomara es de Concordia, tiene un poco más de 26 años, es discapacitada y desde hace largos años batalla contra una HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR (HAP) SEVERA e HIPERTIROIDISMO.
La medicación prescrita por su médico tratante, reviste carácter urgente para tratar la patología discapacitante, de la misma, confirme a las constancias, depende su salud, su vida y su calidad de vida.
No es su único padecimiento, Siomara, desde que le diagnosticaron su enfermedad tuvo que emprender batallas en la justicia para que IOSPER cumpla con las medicaciones que le van prescribiendo sus médicos, conforme a las etapas de la enfermedad, el organismo, en cada una de estas oportunidades fue remiso o demoraba las autorizaciones.
Un solo ejemplo, durante el 2013, según las sentencias de la mesa virtual de Concordia, al menos en tres oportunidades se presentó en la Justicia con acciones de amparo contra el Instituto.
El 11 de diciembre pasado, nuevamente comenzó un nuevo calvario, le solicitó al IOSPER la medicación y que en fecha 3 de enero de este año, se le informa que la medicación no está disponible, con el agravante que el sábado próximo pasado se quedó sin medicación poniendo en peligro serio y cierto su salud, obligando a su padre, Roque Roballo, ya que ella se encuentra postrada, a concurrir otra vez a Tribunales.
Como ha sucedido en cada una de las batallas legales emprendidas, nuevamente la Justicia le dio la razón y obligó al IOSPER a cumplir.
Sin embargo, acostumbrados al abandono y a la desidia, desde el Instituto hicieron caso omiso a la manda judicial, a los dos días el papá de Siomara tuvo que volver a Tribunales, el resultado fue el embargo de las cuentas que la obra social mantiene en el BERSA por la suma total requerida para la medicación, 971.223 pesos.
Para cualquier empleado público, la cifra es descomunal, con haberes mínimos que oscilan en los 27 mil pesos de bolsillo, aunque si lo miramos de la óptica de un ingreso de un funcionario de Enersa, Sidecreer, el EPRE, del Ministerio de Gobierno por ejemplo donde, según versiones, se percibe 900 mil pesos mensuales, o del propio IOSPER, la cifra parece insignificante.
Lamentablemente, en esas muestras de falta de transparencia constante del Gobierno entrerriano que incumple con el acceso a la información pública, no existen constancias oficiales de los sueldos del Directorio del Iosper.
Sin embargo, es algo de lo que siempre se habló, estimándose entre 200 mil y 400 mil los ingresos mensuales de quienes lo conforman, incluyendo en los mismos sueldos, viáticos, gastos de representación, y cualquier otra entrada bajo el concepto de gratificaciones.
Si lo comparamos con el costo de la medicación, el resultado es lapidario contra el Instituto, con un poco más de dos sueldos, Siomara podría acceder a la vital medicación.
Los exorbitantes ingresos no es el único cuestionamiento que se le viene practicando a la obra social estatal, si de descomunales gastos de fondos públicos se trata.
Un ejemplo: existe un profesional del arte de curar de larguísima trayectoria, que a pesar de percibir tres jubilaciones importantes, todas estas provenientes de arcas públicas –dos provinciales y una nacional-, actualmente es funcionario de la Caja en el área de auditoría.
Una notoria incompatibilidad prevista como tal en la ley de jubilaciones, la cual indica que se es pasivo o se es activo, y en el caso de acogerse nuevamente a la actividad, necesariamente se debe suspender la pasividad.
¿No sabe el presidente de la Caja, Daniel Elías, que es quien debe resolver sobre las jubilaciones, en el caso puntual, de dos otorgadas en la Provincia, que existe un auditor de su organismo que reviste la calidad de pasivo y activo a la vez, percibiendo todos los ingresos?
Cobra como activo en el mismo lugar donde cobra dos haberes como pasivo, verdaderamente, una joda.
La insaciabilidad del médico va mucho más allá, los tres haberes cuantiosos por la pasividad no le bastan, requiriendo uno más a la administración, lo peor del caso es que esta se lo permite.
A lo mejor que su cercanía y familiaridad con quien integrar la justicia, le han permitido todos estos años mantener los beneficios y, a pesar de la incompatibilidad, y los 4 sueldos del estado.
Integrante del máximo órgano judicial entrerriano que, como suele hacerlo, dictaminaría en contra de la salud de Siomara.
Y si de profesionales hablamos, sin temor de conmover los ánimos del presidente del Colegio de Abogados, el Dr. Alejandro Canavesio, que cada vez que este Portal se hace eco de críticas a la ministra de gobierno Rosario Romero, reacciona, cuestionando a este Portal a través de comunicados de prensa, también da que hablar la labor de algunos abogados y abogadas.
Es el comentario obligado de los tribunales entrerrianos cada vez que existe un amparo, la actuación de los letrados del IOSPER, por supuesto que no todos.
Es conocido en el ámbito judicial que ciertos profesionales del organismo, a su vez y con el argumento “vamos y vamos”, integran estudios jurídicos o se asocian con colegas que habitualmente patrocinan o representan a pacientes que obligadamente deben concurrir a la Justicia contra el IOSPER.
En palabras sencillas, de alguna u otra manera, se encuentran de los dos lados del mostrador, una especie de negocio montado alrededor de los graves padecimientos de la salud.
Esta circunstancia constituye uno de los argumentos de las propias autoridades del IOSPER para cuestionar a la Justicia por sus resoluciones, como asimismo “su déficit” por, según ellos, “las cuantiosas cifras” que deben pagar en honorarios cada vez que pierden, que por cierto es en la generalidad de los casos.
Asimismo han dado el basamento a la conocida expresión “industria del juicio”, otra de las críticas y excusas que desde hace varios años expone el IOSPER para no cumplir con las prestaciones.
La misma interpretación, le ha dado y mantiene, de alguna manera, la ministra Romero.
En diciembre del 2018 la ministra argumentaba a los legisladores oficialistas la necesidad de modificar la segunda instancia de los amparos, eliminando la sala de procedimientos penales donde actuaban 3 vocales y ampliar las decisiones a 5 de sus miembros.
El espíritu de la reforma no era otro que tratar, con la ampliación, de que las sentencias contra el Gobierno provincial y puntualmente el IOSPER, terminen de ser adversas.
Desde la implementación de la reforma a la ley de procedimientos constitucionales mediante la ley 10.074, allá por agosto del año pasado, la intención de la ministra, por suerte para los amparistas, no se ha ejecutado, el Gobierno provincial sigue perdiendo los amparos, es más, varios de los vocales de STJ, con muy buen atino, han cuestionado su iniciativa.
Y los pierde porque de forma actual o inminente la Provincia amenaza, restringe, altera, impide o lesiona de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía implícito o explicito reconocido por la Constitución Nacional o Provincial.
No hay nada oculto detrás, el caso de Siomara es un ejemplo, IOSPER debía cumplir con su derecho al 100% de las prestaciones, no lo hizo, la conclusión no pudo ser otra que una sentencia favorable.
Sin embargo, lo que la ministra o el IOSPER con su mentada “industria del juicio” no dice es que varios de sus letrados, forman parte o formaron o son socios y muy cercanos a conocidos estudios jurídicos o profesionales que se dedican a presentar amparos.
Un IOSPER que aplica con un viejo y conocido refrán “le apuntas a un loro y el resto se come el sembrado”.
(Del Portal de Rivardo David)