Fue hoy, en el marco de la Jornada de Debate Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos, que organizaron las Cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia, sobre la importancia de la implementación del Instituto con participación ciudadana.
El encuentro realizado esta mañana contó con la disertación de apertura del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillon; de la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero; del senador provincial Lucas Larrarte; y del diputado provincial Diego Lara. También disertaron, entre otros, el procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García y el defensor General, Maximiliano Benítez.
Castrillon dijo que “el Poder Judicial es un poder del Estado que tiene la función de prestar el servicio de Justicia, que es parte de una sociedad y de un gobierno democrático donde existe un gobernador que fija las pautas de gobierno en determinado momento y legisladores que sancionan las leyes en base a la oportunidad y los requerimientos del pueblo; por lo que la Justicia debe adecuarse a esas normas y a lo que la sociedad requiere”.
Al referirse a la importancia de la implementación del sistema de Juicio por Jurados en Entre Ríos, el presidente del STJ destacó que el proyecto enviado a la legislatura por el gobernador Gustavo Bordet es de suma importancia en el sentido de la participación y debate que tuvieron los tres poderes del Estado para su elaboración. Asimismo recordó que desde hace años “se viene debatiendo sobre el tema donde exgobernadores, vocales del STJ, legisladores, abogados penalistas y ciudadanos coinciden en la necesidad de establecer el sistema y democratizar la Justicia”.
Por otra parte, aseguró que más allá de la discusión de cada uno de los artículos del proyecto de ley en debate, debe aprobarse y aplicarse como en varias provincias argentinas, y darle una participación real a la gente “que sin duda tiene capacidad”.
En relación a los delitos que deben ser juzgados en un Juicio por Jurados, Castrillon dijo que ese punto debe ser tratado y analizado por los legisladores. En tanto, sobre el futuro de la iniciativa añadió que “está en la voluntad de los legisladores y del gobernador, su tratamiento legislativo y la promulgación respectiva”.
“Debemos sancionar la mejor ley posible”
Por su parte, el procurador general de la provincia, Jorge García, señaló que “se trata de un tema de enorme trascendencia institucional, por lo que requiere de consensos que eliminen las falsas disputas verbales”. García enumeró sus objeciones a la redacción de algunos artículos incluidos en el proyecto que el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura y advirtió que eso puede motivar planteos por inconstitucionalidad.
El titular del Ministerio Público Fiscal propuso ver cómo funciona el sistema en otras provincias y exhortó a poner fin a una discusión antigua y mal abordada. “No tenemos que inventar la pólvora, debemos sancionar la mejor ley posible”, finalizó.
Propuestas de cambios al proyecto
A su turno el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, precisó que el juicio por jurados debería aplicarse para pocos delitos y planteó que debe propiciarse “una discusión amplia y sin dogmatismos que nos permita enriquecer el proyecto, ya que existe consenso entre los operadores judiciales sobre la oportunidad para sancionar esta iniciativa”.
Sin embargo, y valiéndose de la estadística oficial, indicó que conforme la redacción del proyecto oficial, sobre los 75 juicios realizados hasta septiembre pasado en la provincia, el 52 por ciento debería haberse hecho a través de juicio por jurados, mientras que el 48 por ciento hubiese estado a cargo de jueces. Por eso llamó a propiciar cambios en el segundo artículo del proyecto, a fin de aclarar qué tipos de delitos serán sometidos a la evaluación de un jurado popular.
A la jornada concurrieron la vocal del STJ, Claudia Mizawak y sus pares Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell.