Aunque casi no ha asomado a la superficie, si el gobierno provincial no da satisfactoria respuesta a la andanada de recursos administrativos que por estas horas han elevado jueces y funcionarios del Poder Judicial pidiendo que se respete la “Ley de Enganche”, se estaría a las puertas de una causa judicial que podría afectar las arcas de la provincia durante la próxima gestión. La “deuda” reclamada, aunque no haya cifras precisas, se sabe que tendrá muchos ceros.
Tal como ya fuera informado , ante la inminencia de que se cumplan los dos años desde que culminó la vigencia de la Ley de Emergencia dictada en el contexto de la Pandemia, y, por ende, prescriba toda posibilidad de reclamar, varios magistrados, funcionarios y empleados están promoviendo en estos días planteos administrativos al Poder Ejecutivo exigiendo que se recompongan sus haberes, incluyendo los intereses que correspondieren ante la pérdida del valor de la moneda; que se retome la aplicación de Ley de Enganche y, por último, que la recomposición reclamada sea incorporada formalmente al salario.
“Es intención de los empleados del TdC de también incorporarse a los reclamos porque ellos están comprendidos dentro de la ley de enganche. Así que es factible que a partir de la semana que viene, antes del 30, se sumen”, explicó el letrado.
Por la Ley de Emergencia Pública de la Provincia de Entre Ríos 10.806 se declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, hasta el 30 de junio de 2021, prorrogable por única vez mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial por ciento ochenta (180) días en caso de que a su criterio se mantenga la situación de emergencia”. Tal prórroga no fue ejecutada.
En su artículo 2, la norma adquiría el carácter de orden público, extendiendo su alcance a los Municipios adheridos al sistema previsional, a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria.”
En tanto, en el artículo 10 consignaba que “durante su vigencia queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren”.
Al vencer la Ley de Emergencia, “renacieron los derechos suspendidos en razón de esa situación forzosa y extraordinaria y corresponde una recomposición que no ha sido abonada”, explicó a El Entre Ríos uno de los funcionarios judiciales decididos a reclamar.
“Como el Gobierno no efectuó esa recomposición -explicó- debe saldar la deuda por la diferencia entre lo que fuera otorgado como aumento en la emergencia por el Estado Provincial, lo que trasunta un desfasaje del 25,56%, que se acumula mes a mes, configurándose una detracción en perjuicio de los afectados, ya que debió aplicarse lo dispuesto por la ley 10.068, que dispone que los aumentos son fijados por la Corte Nacional”, precisó.
