La misma condena administrativa del organismo de control, que llega diez años después del ilícito, recayó sobre Cristina Mercedes Martínez, quien fuera Tesorera Municipal Interina; y María Alejandra Almada, quien se desempeñaba como Contadora Municipal Interina.
La sentencia está fechada el 30 de marzo de 2021: el organismo de control emitió la condena en el marco del expediente Nº 195-2016, debido a que las mencionadas no presentaron en debida forma “la rendición de cuentas correspondientes al Ejercicio 2011, por la suma de $70.867,87”. La resolución fue firmada por el titular del organismo y exdiputado del PJ, Diego Lucio Lara y los vocales José Luis Gea Sánchez y María de los Ángeles Moia.
Detalles del expediente
Según el expediente, Olmedo “se negó a recibir la cédula y documental adjunta” en el proceso de juicio de cuentas, por lo que fue declarada “en rebeldía”; mientras que las demás involucradas realizaron su descargo.
Más adelante, se informó la incorporación de prueba del Jefe de Cuerpos de Auditores, Área Municipios, en donde se especifica que el monto no rendido “tiene origen en la existencia de cheques cobrados y no registrados en los libros”. Luego se agregó que la documental aportada por las dos empleadas involucradas “no modifica el importe del perjuicio fiscal ni aporta novedades que modifiquen el curso de lo opinado oportunamente”.
Sobre la actitud de Olmedo, el Tribunal recordó “el inveterado criterio que ha mantenido este Tribunal en numerosos precedentes, semejantes al que se está analizando, en los cuales ha sostenido que la circunstancia de que los enjuiciados sean declarados en rebeldía, por no comparecer a estar a derecho, ni dar explicación alguna sobre el destino de los fondos, es suficiente para condenarlos a devolver las sumas recibidas”.
Por esos argumentos, el organismo condenó a Olmedo, Martínez y Almada a devolver la suma de $70.867,87, más intereses “desde la fecha en que se produjo la recepción de los fondos hasta la presente sentencia”. Finalmente, se indicó que la suma debe depositar en el plazo de diez días en la cuenta corriente que el Tribunal de Cunetas posee en el Banco de Entre Ríos.
Se trata de la primera sentencia administrativa que se conoce contra la exfuncionaria, quien era viceintendenta de Domingo Daniel Rossi, y tuvo que hacerse cargo de la intendencia a raíz de la destitución del dirigente cuando fue condenado por enriquecimiento ilícito, en 2006. Años más tarde, en 2019, Olmedo apoyó la candidatura a la reelección en la intendencia de Silvio Moreyra, concuñado y rival de Rossi.
No obstante, cabe recordar que en la Justicia Penal, Olmedo aún tiene abierta una causa en la que está siendo investigada por presuntos delitos de asociación ilícita e incumplimientos de deberes de funcionario público por el uso de fondos del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) que realizó una comisión organizadora del carnaval. El expediente está a cargo del fiscal Santiago Alfieri y se encuentra en el listado de cientos de causas de corrupción que difundió el Ministerio Público Fiscal a través de su sitio Web.