Como consecuencia de aquel congelamiento y de que los aumentos posteriores al Poder Judicial habrían estado por debajo de los otorgados a los demás poderes del Estado, el «atraso» salarial sería del 25,56%.
Si bien hubo negociaciones con el Poder Ejecutivo encaradas desde el Superior Tribunal de Justicia y desde la Asociación de la Magistratura para que tal “deuda” sea saldada, hasta el momento el resultado ha sido nulo.
Ante la inminencia de que se cumplan los dos años desde que culminó la vigencia de la norma y, por ende, prescriba toda posibilidad de reclamar, varios magistrados, funcionarios y empleados están promoviendo en estos días planteos administrativos al Poder Ejecutivo exigiendo que se recompongan sus haberes, incluyendo los intereses que correspondieren ante la pérdida del valor de la moneda; que se retome la aplicación de Ley de Enganche y, por último, que la recomposición reclamada sea incorporada formalmente al salario.
No sólo funcionarios en actividad han presentado los reclamos. También pasivos, puesto que cobran un porcentaje del haber de quienes están en actividad, por lo que el recorte los afecta.
Si la instancia administrativa, una vez agotada, no diera resultado, los reclamantes quedarán habilitados para judicializar el conflicto, en el fuero Contencioso Administrativo.
Por el momento, no hay cifras exactas que permitan dimensionar cuánto dinero está en juego y que, de no ser resuelto por el actual gobierno, será una deuda que recaerá en el próximo. Los funcionarios en actividad han pedido que el Poder Ejecutivo requiera a la Contaduría General del Poder Judicial los valores y los porcentajes precisos. Y, para el caso de los pasivos, similar requerimiento habría sido hecho ante la Caja de Jubilaciones.
Profesionales que han estado trabajando en la elaboración de las presentaciones administrativas dirigidas al Gobernador Gustavo Bordet, aseguran que los judiciales fueron «discriminados», puesto que, a la hora de otorgarles incrementos, los porcentajes fueron inferiores a los concedidos a los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir -sostienen- no sólo no se ha respetado la Ley de Enganche, sino que además no se brindó al Poder Judicial igual trato que al resto.
Tantos los funcionarios (jueces y fiscales) como los empleados que han iniciado el reclamo por la vía administrativa, temen que si dejan vencer el plazo de prescripción (los dos años se cumplen el próximo 30 de Junio), quedarán a expensas pura y exclusivamente de la buena voluntad del poder político y ya no del cumplimiento de exigencias legales.
Qué decía la Ley de Emergencia
Por la Ley de Emergencia Pública de la Provincia de Entre Ríos 10.806 se declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, hasta el 30 de junio de 2021, prorrogable por única vez mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial por ciento ochenta (180) días en caso de que a su criterio se mantenga la situación de emergencia”. Tal prórroga no fue ejecutada.
En su artículo 2, la norma adquiría el carácter de orden público, extendiendo su alcance a los Municipios adheridos al sistema previsional, a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria.”
En tanto, en el artículo 10 consignaba que “durante su vigencia queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren”.
Al vencer la Ley de Emergencia, “renacieron los derechos suspendidos en razón de esa situación forzosa y extraordinaria y corresponde una recomposición que no ha sido abonada”, explicó uno de los funcionarios judiciales decididos a reclamar.
“Como el Gobierno no efectuó esa recomposición -explicó- debe saldar la deuda por la diferencia entre lo que fuera otorgado como aumento en la emergencia por el Estado Provincial, lo que trasunta un desfasaje del 25,56%, que se acumula mes a mes, configurándose una detracción en perjuicio de los afectados, ya que debió aplicarse lo dispuesto por la ley 10.068, que dispone que los aumentos son fijados por la Corte Nacional”, precisó.
Los reclamantes entienden que “todas esas diferencias salariales en menos, sin ningún tipo de fundamento normativo, afectan la intangibilidad de los haberes que fijan la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, respectivamente”.
“Bordet incumplió con la ley y sigue incumpliéndola absolutamente, por capricho y seguramente para contar con fondos frescos para otros propósitos, y de esa manera embarca al Estado provincial en un juicio que será millonario y que dejará como herencia al futuro Gobernador”, advierten los más enojados. Son los mismos que hacen una interpretación “política” del recorte, al considerárselo “otro intento burdo de domesticar al Poder Judicial, retaceando fondos o imponiendo una disciplina de la chequera”.
Asambleas de empleados
Mientras jueces y funcionarios han efectuados presentaciones administrativas concretas que interrumpan el plazo de prescripción y no descartan judicializar el conflicto, los empleados han llevado adelante asambleas en los primeros días de junio para reclamar por la recomposición pendiente.
En el marco de lo aprobado por el plenario de Mesa Ampliada de AJER, “se realizaron asambleas en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Villaguay, Chajarí, Nogoyá, La Paz, Feliciano”, informó Mario Brnusak, secretario general del gremio.
