Y agregó: “Porque considero que yo cumplo una función más importante que la que cumple el representante jurídico del Estado. Fíjese cuánto gana el síndico y el fiscal de Estado, quiero ganar eso. Creo que me merezco eso”.
Tras minimizar la eventual suba de sueldos del Poder Judicial entrerriano, aseguró que si se lo compara con el de algunos funcionarios del Ejecutivo provincial, su sueldo está “bastante atrasado todavía”.
Impactado por los dichos de Castrillón, el periodista Carlos Matteoda escribió: «Aseguran que el sueldo en bruto de Castrillón es de 570.000 pesos y que esa cifra en el bolsillo se reduce a 460.000 pesos. ¿Cuánto ganará entonces el fiscal de Estado y síndico de Enersa para que el supremo reclame en los medios que quiere ese sueldo y no el que tiene ahora?»
No es la primera crítica de Castrillón a Rodríguez Signes. Se lo ha escuchado decir que el fiscal de Estado “no puede hacer control de empresas del Estado” porque es “manifiestamente incompatible” con su rol principal. Es decir, que habría una incompatibilidad en el ejercicio simultáneo del cargo de Fiscal de Estado y el de síndico de empresas estatales.
Volviendo a la picante entrevista que concedió Castrillón, vale resaltar otra de sus frases: «Si el gobernador quiere que haya funcionarios que ganan más que él, es un problema suyo». Palabras con las cuales el presidente del STJ identificó a quien, a su entender, es responsable de la superposición de cargos de Rodríguez Signes y de sus abultados ingresos.
«No es poca cosa -reflexiona Matteoda- que se discutan por radio, y se rechacen por bajos, sueldos de medio millón de pesos cuando buena parte de la población sufre hambre o cuando los excluidos del sistema terminan muchas veces presos por ser parte del narcomenudeo, situación en la que en algunos casos cayeron a falta de una salida laboral y (supongo yo) tal vez influenciados por una relativización de los valores éticos. Llama la atención que cuando existe un cuestionamiento serio a estas remuneraciones, los beneficiados suelen explicar que así lo determinan ‘las leyes’, atribuyéndole a estas normas una solemnidad que por poco nos lleva a pensar que ya estaba escrito en las tablas de Moisés cuánto deben cobrar los jueces y funcionarios entrerrianos. Sin embargo, se trata de leyes confeccionadas por los legisladores que la gente vota en listas sábana; esos que tienen su prestigio por el suelo: que resultan absolutamente influenciables, especialmente a la rosca partidaria; son ellos los que hicieron esas leyes y los que las pueden cambiar. Claro que en caso de entender el Poder Judicial (al que algunos llaman la Justicia) que un cambio de esa naturaleza afectaría sus derechos adquiridos –pues parece que existe el derecho adquirido a cobrar 20 veces más que un maestro o 40 veces más que un jubilado–, fallarán (entendido como dictar sentencia) resguardando esa remuneración privilegiada. Defender remuneraciones judiciales elevadas (en comparación con el sueldo del grueso de los empleados públicos) con el argumento de que siendo bien pagos los magistrados no estarán expuestos a la tentación de la corrupción, tiene sus riesgos».
«Por un lado -sigue Matteoda- puede significar que se le atribuya al dinero la capacidad de mejorar a las personas que ejercen el rol de jueces, al menos una capacidad mayor que la de su compromiso con el valor justicia. ¿Por qué no pensar entonces que cuanto funcionario maneje temas sensibles a la corrupción, o de singular importancia para la vida de las personas, debe también ganar igual que los jueces? ¿Alguien sabe cuánto gana el técnico que analiza la calidad del agua potable que bebemos? ¿O es que a ese trabajo ya no lo hace un funcionario público? O ¿por qué no pensar tal vez que la pena impuesta por un delito debería ser menor para los pobres, los que tienen menos de eso que mejora a las personas? Está claro que este párrafo marca límites imprecisos a la discusión, pero en todo caso sirve para expresar que la lógica judicial, la del Palacio, no siempre explica la vida de los que arañan con su sueldo la canasta básica, o viven en la pobreza o sufren el desempleo».
Pero el reportaje a Castrillón ofreció otros contenidos, no menos polémicos. Por ejemplo, cuando el periodista le disparó: “Ustedes pueden dar clases” y el presidente del Superior Tribunal de Justicia retrucó: “¿Clases de qué?¿De 2,40 (pesos)?”.
Más adelante, le preguntaron: “¿Por qué quiere cobrar lo que cobra Rodríguez Signes?”. Su respuesta fue: “Yo considero que valgo eso. Si el gobernador quiere que haya funcionarios que ganen más que él, problema de él”. El vocal del STJ mencionó otros cargos de la estructura estatal como lugares donde se pagan salarios privilegiados. Entre ellos la remuneración del titular del Ente Provincial Regulador de la Energía; del secretario Legal y Técnico de la Gobernación; y de los directores de Enersa, del Instituto del Seguro o de Sidecreer.
«¿Qué podría hacer el poder político frente a este planteo, partiendo de la base que hacer silencio es convalidar la situación actual? ¿Debería el gobierno provincial dar a conocer esos sueldos? ¿O los salarios de los funcionarios que superen, por caso, las cuatro canastas básicas del Indec (unos 150.000 pesos)? ¿Es coherente con una política de austeridad que existan esos sueldos en cualquiera de los poderes del Estado? ¿No le deben a la sociedad una explicación, o de lo contrario una regulación de los salarios, que acerque ese mundo de sueldos elevados a la realidad de la mayoría de la gente? Castrillón no dijo cuánto cobra el fiscal y síndico de Enersa, ni cuánto cobran otros funcionarios privilegiados. Tampoco dijo que quiere discutir el sistema, ni cambiarlo. Simplemente quiere ser el que más cobra», reflexionó Matteoda.