Rechazo
Este lunes 27 de febrero, el juez Octavio Valentín Vergara, titular del Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala, rechazó «en todas sus partes la demandada promovida (…) por Delrubio y Hunmendi S.R.L. contra el Superior Gobierno de Entre Ríos». Dice el magistrado en su fallo: «En definitiva, no advierto que el decomiso que nos ocupa, dispuesto por la Sala Penal de la Excma. Cámara de Apelaciones de Concordia en fallo confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -por denegación del Recurso de Hecho-, es decir, firme y con autoridad de cosa juzgada, evidencie algún vicio de ilegitimidad o arbitrariedad -que, dicho sea de paso, ya fueron analizados por la CSJN como último intérprete del bloque de constitucionalidad- que lo ilegitime como tal, por lo que resuelvo el rechazo de la acción intentada».
La sociedad Delrubio y Hunmendi estuvo conformada por Yedro y su expareja, Silvia Torres, aunque esta última luego cedió a sus tres hijas las acciones en la firma. Pero más allá de esos detalles, el juez Vergara le reprocha haber dado un «consentimiento tácito» al decomiso dispuesto en 2005 por la Justicia. Y sostiene que «Delrubio y Hunmendi SRL sabía acabadamente de la sanción penal dispuesta. Sin embargo optó por el silencio, negligente -le agrego-, antes que reclamar por los derechos que creía conculcados, haciéndolo tardía y, cuanto menos, inoficiosamente, con la presentación ante la Cámara Contenciosa Administrativa, primero, y por ante éste juzgado».
El trasfondo del caso
Yedro fue concejal del justicialismo de Concordia, interventor de Obras Sanitarias y senador provincial en dos períodos (1987-1991 y 1996-1999). El 22 de diciembre de 2005 un tribunal de Concordia lo halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de $90.000, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de un campo ubicado en el departamento Tala. El exsenador batalló cuanto pudo para retener su propiedad, y por eso se ganó una segunda causa en su contra: por usurpación.
El 18 de noviembre de 2013, la Justicia de Nogoyá lo condenó a cumplir una condena efectiva de 4 años y 6 meses en la cárcel. Yedro recurrió ambas sentencias por distintas vías, hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo obligó a cumplir la condena. El encarcelamiento duró hasta diciembre de 2017: desde entonces está en libertad, mucho antes de que se cumpliera el plazo de la condena.
A la par de la causa penal, también se tramitó un expediente civil que se inició en septiembre de 2010 en el Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala. Allí se presentó la sociedad Delrubio y Hunmendi SRL -que conformaron Yedro, su mujer Silvia Torres (en 2003, al separarse del exlegislador, donó su parte accionaria a sus hijas) y sus hijas Fátima, Luciana y Lara – con un recurso denominado “acción reivindicativa” para recuperar el campo decomisado.
La sociedad aseguró que el campo expropiado a Yedro no pertenecía al exsenador sino que formaba parte de esa sociedad comercial. La Fiscalía de Estado, que representa los intereses del Estado entrerriano, pidió que se declare la incompetencia del fuero civil en un asunto ya resuelto por el fuero penal. En igual sentido se pronunció la Procuración General.
En 2011, el juez Civil y Comercial de Rosario del Tala, Gastón Agotegaray, se declaró incompetente para analizar el asunto y ahí se inició el peregrinar del reclamo del exsenador. De dicho juzgado pasó al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia (antes Sala en lo Penal); más tarde fue a la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay y tiempo después llegó con un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia. El Alto Cuerpo declaró inadmisible el recurso y devolvió el expediente al Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala y, una vez más, vuelta a empezar. El juzgado dispuso su remisión a la Sala en lo Penal de la Cámara de Concordia que volvió a declararse incompetente. Así llegó a la Sala Penal del STJ, que el 18 de marzo de 2019 declaró la nulidad de todo lo actuado.
Ante la falta de un Tribunal que tome el conflicto, el pleno del STJ dirimió el asunto en una votación dividida. Cinco vocales impusieron su propuesta para que el reclamo por el campo decomisado sea resuelto por el Juzgado Civil de Tala.
La vocal Claudia Mizawak fue quien propició esa decisión, ya que la pretensión “encierra una eminente cuestión de naturaleza civil que no fue oportunamente articulada como tal en el proceso penal ni como eventual tercería en él, encontrándose -al momento de la interposición de la demanda- ya firme y ejecutoriada la sentencia definitiva dictada”. Su voto fue acompañado por Emilio Castrillón, María Andrea Pereyra, María Andrea Morales y Gustavo Pimentel.
Ahora, finalmente, el Juzgado Civil de Rosario del Tala le rechazó el planteo a Yedro, y su pretensión de recuperar el campo decomisado en 2005.