Fritz dijo que en agosto de 2016 fue convocado a calle Racedo 415. Allí primero observó el lugar, para identificar la cantidad de computadoras. “Había una computadora en recepción, otras más en la parte de la imprenta, y otra en la sala de reuniones. Eso en planta baja. Después, en planta alta había dos o tres oficinas con más computadoras”.
Tras esa recorrida Fritz se sentó a copiar información de la PC a nombre de Emiliano Giacopuzzi, imputado en el legajo, que estaba sobre “una mesa grande, en la planta baja, a la izquierda”. También trabajó sobre la máquina de mesa de entradas. “Antes de llegar al lugar, sabía que era una causa vinculada a corrupción pero nada más. Mi tarea asignada era extraer documentos de texto, hojas de cálculo y correos electrónicos de un disco externo y dos computadoras tipo All In One”, recordó. Terminó cerca de las 18 ese día y en ese momento se enteró que en el marco del allanamiento también se había secuestrado un disco externo. “El rumor general era que lo habían arrojado. Pero no supe nada más”, acotó.
A lo largo de su testimonial, repitió que casi ningún defensor o perito de parte intervino en la realización de los informes, aunque fueron avisados con anticipación. Recordó una sola excepción, cuando vio al abogado Ignacio Díaz -defensor del exministro Pedro Báez- por pocos minutos.
Dijo que extrajo correos electrónicos de las computadoras, porque compartían un programa donde se registran distintas cuentas y funciona como servicio de correos. Agregó que hizo una copia del disco extraíble negro con vivos rojos, que la Fiscalía calificó en los alegatos de apertura como “caja negra” de Formato Urbano porque supuestamente contiene información de los retornos.
De los archivos encontrados en la computadora de la contadora Corina Cargnel, la fiscal Patricia Yedro le hizo leer un documento específico a Fritz.
“Cláusula Primera: Es propietario/a aparente de la cantidad de _____ cuotas sociales del capital social de Tep SRL/Next SRL, constituida por instrumento privado y cuya copia se encuentra en trámite ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Entre Ríos.
Cláusula Segunda: Que conforme la apariencia reconocida expresamente reconoce también a Juan Pablo Aguilera DNI N°_____ como único propietario y titular de las referidas participaciones sociales por corresponderle su parte en dicha sociedad a esta última como consecuencia de los antecedentes de constitución de la sociedad.
Cláusula Tercera: Que ante el primer requerimiento que Juan Pablo Aguilera le efectúe se obliga a suscribir en el plazo de diez días de corridos, la correspondiente documentación de transferencia de las mencionadas cuotas a su favor, o a favor de quien Juan Pablo Aguilera indique o le suceda por cualquier título, entre ellos sucesión hereditaria. Lo expuesto bajo apercibimiento de responder por daños y perjuicios que la negativa y/o demora le irroguen a Juan Pablo Aguilera y/o su sucesión. Sin perjuicio de lo expuesto, el suscripto se compromete a abonar en concepto de penalidad a favor de Aguilera y/o sucesión la cantidad de pesos ____ suscribiéndose y haciéndose entrega en este acto de un pagaré por igual cantidad que será devuelto por el señor Juan Pablo Aguilera y/o sucesión, una vez que sean transferidas las participaciones sociales a su favor”.
El documento fue creado el 15 de abril de 2014, a las 12.36 y fue modificado por última vez el 16 de julio de 2014 a las 10.11. El autor del documento es Lisandro Minigutti -Aguilera y Luciana Almada no lo relevaron de su secreto profesional para que vaya a testimoniar en el juicio-, y la última modificación fue hecha por Aguilera.
Devoluciones
En el marco de la “causa de las imprentas”, la fiscal Yedro también le hizo leer un correo electrónico de la empresa Montañana Publicidad, de Concepción del Uruguay. El mensaje se envió el 28 de octubre de 2013 a las 13.05, con asunto ‘Pago’. Enviado a Corina Cargnel, con copia a Juan Pablo Aguilera.
“Cori, como andas, te quería avisar que me acreditaron 128.663 pesos. Supongo que es la factura de 2-044 por 43.681 pesos más la factura de 2-047 por 89.424 pesos. Pásame a qué cuentas y te transfiero. Me imagino que u jefe se levantó contento hoy. Firma Fernando Montañana”, pronunció Fritz.
“Causa Parador de Mar del Plata”
Más adelante, al técnico le hicieron leer otro documento extraído de la computadora de Cargnel. Estaba en una carpeta llamada “Juan” que contenía otra denominada “El Juego en que andamos” y una última nombrada “esquema de devolución”. Se trataba de un correo electrónico.
“Juanpi como hablamos ayer, te paso en limpio el esquema de devolución de los adelantos. Espero a Carolina para que me pase el monto de la factura a emitir del segundo pago, que me dijo me lo pasaba hoy. Copio a Ezequiel, nuestro contador. Abrazo ‘Foia’ -Gerardo Caruso-.
Esquema de devolución: hoy 5/2 $160.000. Total devuelto a la fecha $460.000. Semana próxima, 9 al 13/2 $540.000. Total devuelto $1.000.000 en efectivo. Si el segundo pago se deposita el jueves próximo 12/2 el resto de la devolución se hará de la siguiente manera: en la semana del 16 al 20/2 $1.000.000 en efectivo. Febrero dos facturas por un valor total de $1.500.000 pesos más el 10.5 % y una factura por $500.000 más el 15%. Marzo factura por $500.000 pesos más el 15%. Estas cuatro facturas se pagarán con cheque o transferencia bancaria luego de ser emitidas dichas facturas.
Ezequiel 11-084589 servicios 2,5. Y en otra columna del documento dice: ‘eso quieren ellos. 1,5 en febrero y 1 en marzo. Evento de parador La Perla. Febrero Tep SRL, Visual Ilusión, Megaprint y otros’”.
Lo que hizo leer la fiscal Yedro es una planilla donde figuran, según la acusación, retornos a las empresas en el marco de la instalación y funcionamiento por el Parador de Mar del Plata.
Defensa
Los defensores indagaron extensamente al ingeniero del Ministerio Fiscal. Primero lo consultó el representante del exministro Pedro Báez sobre el campo de desempeño profesional de Bioingeniería. Le preguntó por las leyes que rigen el ámbito educativo y profesional y la delimitación de las competencias. El abogado le preguntó también por la calidad de las herramientas que utilizan para los informes técnicos, y por el estado de su matrícula profesional.
Después fue indagado por el defensor Raúl Barrandeguy, representante del exgobernador Sergio Urribarri. Le preguntó por la libertad para elaborar los informes técnicos y por las incumbencias profesionales.
Siguió el abogado Emilio Fouces, defensor de Gerardo Caruso. Lo consultó sobre el allanamiento en calle Racedo 415, por su rol profesional, por la cadena de custodia de los elementos secuestrados y el tiempo que tardó en llegar el disco extraíble al Gabinete de Informática desde que ocurrió el allanamiento.
El abogado Miguel Cullen consultó al empleado del Ministerio Fiscal por la posible instalación de programas maliciosos en los elementos secuestrados, y por la seguridad del servicio de internet en calle Racedo.
Marcos Rodríguez Allende, defensor de Aguilera y Luciana Almada, lo indagó sobre el disco externo y el allanamiento realizado en agosto de 2016. “Las tareas se pueden volver a hacer. Uno hace este tipo de copias para garantizar eso, que se puedan hacer múltiples copias, análisis. Esta no es como otras áreas forenses, por ejemplo las de estudios químicos donde se va agotando el objeto de estudio”, dijo por último.
Causas acumuladas
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.
El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.
La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.
Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.