La discusión sobre este punto comenzó el jueves pasado y se agotó el viernes al mediodía. En el transcurso se citó a médicos y un ingeniero del área de Salud Ocupacional del Poder Judicial para que den su opinión, y también se pidió en dos oportunidades recomendaciones al Comité de Organización de Emergencia (COES) del Ministerio de Salud.
“No se puede hacer”
Finalmente este viernes los abogados hicieron sus planteos en cuanto a lo que consideran afectación de los derechos de defensa si se aplica el protocolo sanitario dispuesto por el área de Sanidad Laboral del poder Judicial.
El primero en alegar fue Pedro Fontanetto, que junto a José Velázquez ejercen la defensa del empresario Germán Buffa. “Este debate en estas condiciones no se puede realizar bajo ningún punto de vista, porque todavía la pandemia está vigente. Sabemos que la variante Delta está acá. No hay ventilación cruzada acá en el salón. Me pregunto si hay que suspender el debate por varios días por una sospecha de contagio ¿no se violenta el derecho de defensa dado que no se le da continuidad al juicio?”.
Le siguió el abogado Miguel Cullen, defensor de Gustavo Tórtul, Hugo Céspedes, Carina Cargnel, Emiliano Jacopuzzi, Maximiliano Sena y Alejandro Almada. “Después de escuchar a médicos y el ingeniero, hoy no tenemos posibilidad de iniciar el juicio. Estoy muy preocupado. Se me murió un amigo de Covid, Carlos Ríos; en una audiencia se contagió Rubén Pagliotto. Sanitariamente no podemos jugar más. ¿Qué le vamos a decir a la gente del cine, del teatro? Flexibilizamos todo en aras de no sé qué. Si no tenemos ventilación cruzada no se puede realizar, por respeto a la gente. Pretender llevar adelante un juicio, sin garantizarse el derecho de defensa porque el cumplimiento del protocolo impide la comunicación directa e inmediata con los defendidos, y eso afecta el derecho de defensa”, manifestó.
Aseguró que si manipularan papeles o documental deberían esperar 48 horas para tocarla. “Nosotros no queremos dar vueltas porque también tenemos otras causas. Queremos continuar con nuestras vidas pero sería de una irresponsabilidad absoluta someter a proceso a los imputados sin tener garantizada la mejor defensa posible”. Subrayó que con el protocolo sanitario propuesto no se les permite “ejercer la profesión”.
Emilio Fouces que defiende a Hugo Marsó, Gerardo Caruso y Hugo Montañana dijo que “llevar adelante este proceso es violar normas fundamentales”. “Nuestro planteo es verdaderamente jurídico. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos que una persona debe tener todas las garantías de ser enjuiciado en debido proceso. El debate se puede hacer respetando el protocolo y el protocolo afecta el derecho de defensa. No se puede llevar adelante un juicio a cualquier precio, haciendo un simulacro de juicio. Acá los defendidos no pueden tener un libre y fluido diálogo con su abogado porque este protocolo no lo permite. Ellos deberían estar acá conmigo, uno al lado del otro, los tres juntos porque lo que va pasando en el juicio los afecta directamente, hace a su honorabilidad”.
Ignacio Díaz, codefensor de Urribarri junto a Raúl Barrandeguy, subrayó que están previsto casi 200 testigos para el debate. “El riesgo sanitario sería inconmensurable –valoró-. Nos imponen guardar 2 metros de distancia. No sé cómo se hará. Esto es imposible porque el contacto con el defendido es fundamental. ¿Cómo van a solucionar eso?”.
Barrandeguy remarcó que hay una “cuestión constitucional federal presente”. “La Constitución le da centralidad al derecho de defensa y eso ratifica la Corte de Derechos Humanos. Adhiero a la cuestión federal y me reservo todas las vías, extraordinaria y ordinarias, en caso de que una sentencia afectara este derecho constitucional”.
Por último Marcos Rodríguez Allende , que defiende a Juan Pablo Aguilera y su esposa Luciana Almada, proclamó hacerse dos preguntas. “¿El protocolo elaborado por un organismo pertinente que depende el STJ es posible de aplicar a este juicio programado hace tiempo? En caso de poder aplicarse, habría que preguntarse ¿de qué manera afectaría el debido proceso o ejercicio eficaz de la defensa? Hay que usar el sentido común porque hace un mes estamos con distintos informes para saber a ciencia cierta y contestar la primera pregunta. Tenemos que ceñirnos a la normativa vigente. Hay un decreto nacional que indica que va hasta el 1 de octubre. Hoy el decreto es el 494. Y ese decreto establece una distancia de 2 metros y un aforo del 70 por ciento”.
“¿Superamos las 33 personas en esta sala? Sí. Podremos hacer el esfuerzo de pedirle a dos fiscales que no asistan, a defensores que lo hagan con zoom y que con un Handy nos comuniquemos con los defendidos. No es viable, no es posible”, apuntó.
“Un poco de organización y buena voluntad”
La procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, que acompañó a los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, rechazó la postura de los defensores. Mencionó que esta es “la quinta vez que quieren suspender el debate”. “El 29 de julio de 2019 era la primera fecha prevista; se pasó para el 20 de noviembre de 2019. Después se fijó por tercera vez el inicio, para 27 de abril de 2020. Por último se fijó para el 18 de agosto de 2021, se suspendió porque defensores pidieron la acumulación de las causas. Si algo pasó es que los expedientes están en reposo. Esta es la quinta suspensión”, enumeró.
Goyeneche hizo referencia a la normativa nacional, provincial y las disposiciones del Poder Judicial que habilitan la actividad. “Deberíamos ver cuáles son las razones que imposibilitan este debate, sólo este debate y no el resto. Ayer los defensores se molestaron con las preguntas que hicimos, pero queremos saber por qué algunos eventos se habilitan y este juicio no. Además, la normativa nacional sí vincula la cuestión sanitaria y la vacunación a los protocolos, si lo hacen. Por qué se habilitan eventos masivos en el Teatro o el Centro de Convenciones La Vieja Usina, ninguno de esos lugares tiene ventilación cruzada y son eventos masivos, no de 33 personas”.
Recordó también el “último juicio por jurados que se hizo en Paraná fue en abril, cuando Entre Ríos tenía más de 1000 contagios por día y había apenas un 7,9 por ciento de la población vacunada con una sola dosis. Ayer los contagios eran más de 1000 en todo el país y había más de 28 millones de personas vacunadas”.
Comparó la situación con la habilitación que sí se impulsó para que las escuelas vuelvan a la actividad. “Se permite que los chicos estén a menos de 1,50 de distancia durante 5 horas, en espacios infinitamente más chicos que este. Se autorizan los bailes en burbuja. Hace unos días autorizaron que 21 mil personas presencien un partido de fútbol en Buenos Aires. Nosotros no vamos a cuestionar esas medidas”.
“Esto es una cuestión de organización y buena voluntad. Porque si este juicio no se puede hacer porque estamos en riesgo, los defensores deberían hacer un planteo ante el STJ para pedir que se suspenda la actividad judicial por peligro de contagio de Covid, porque ponernos en actividad nos pone en riesgo de contagio de Covid y otras enfermedades, de accidentes laborales y otras cosas”, argumentó.
Más adelante recordó las convenciones internacionales a las que adhiere el país para combatir la corrupción. “Nos pagan el sueldo para estar acá y juramos para esto. Se recomienda a los estados priorizar el juzgamiento de la corrupción porque esto corroe la democracia. Lo sabemos los argentinos que vamos de crisis en crisis”.
Por último pidió que “se rechace la pretensión de las defensas de suspender debate”. “Queremos que se nos informe la fecha de inicio y qué tiempo se le va a dedicar a cuestiones previas, para poder prever las citaciones a testigos”, requirió.
De ANÁLISIS
