Apelaron los sobreseimientos firmados por el Tribunal Oral Federal 8 que señaló que el Pacto con Irán no había constituido un delito
Los familiares del atentado a la AMIA quieren que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por el memorándum con Irán
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y un grupo de familiares de las víctimas del ataque a la AMIA apelaron la decisión de sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros acusados en el marco de la causa que investiga si existió un plan de encubrimiento para los iraníes sospechados de haber volado la mutual judía a través de la firma del Memorándum con Irán.
Las querellas reclamaron que la Cámara Federal de Casación Penal anule y/o revoque la decisión del Tribunal Oral Federal 8 que frenó el avance de la causa hacia el juicio oral por inexistencia de delito. Puntualmente, solicitan que, con otros jueces, se lleve a todos los acusados al banquillo.
“El Código Procesal Penal de la Nación fue implícitamente derogado por el tribunal”, sostuvo la DAIA en su apelación. No solo por la habilitación de las audiencias sino por la valoración de la prueba ya existente que derivó en los sobreseimientos por entender que la firma del Memorándum no fue un delito.
“No puede considerarse una ‘cuestión política no justiciable’ la suscripción de un Memorándum de Entendimiento, que según la acusación, tenía como finalidad el encubrimiento de los acusados en un atentado terrorista. Tal plan criminal –de probarse en juicio obvio- no podría quedar exento de responsabilidad penal, pues no sería una simple decisión de “política internacional’. En modo alguno puede considerarse una decisión política ‘válida’ y ‘no justiciable’ la de encubrir a los sindicados como responsables de un atentado terrorista”.
“Sres. Jueces, no se les está solicitando que analicen el acierto o desacierto de la firma del Memorándum o de la ley que lo aprobó (la cual resultó inconstitucional), sino si existió o no el plan criminal que surge del requerimiento de juicio, circunstancia que inevitablemente debe decidirse luego de un juicio oral y público”, se añadió en el escrito al que accedió Infobae.
Por su parte, los familiares de las víctimas de AMIA que se presentaron en este caso también apelaron el fallo dictado por el TOF 7, luego de habilitar una serie de audiencias abiertas a raíz de las reuniones que tuvieron dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con el ex presidente Mauricio Macri. Y que derivaron en el sobreseimiento de los implicados.
“Las visitas de dos jueces a quien entonces era el Presidente de la Nación, una anotación de lo que parece ser un recordatorio de consulta genérica a uno de esos jueces y las especulaciones expuestas en una nota periodística (El cohete a la luna), no pueden ser el sustento de una nulidad. Sin embargo VVEE entendieron que ello sí la provocó pero, paradójicamente, no declaran esa sanción legal. Siendo así nos preguntamos ¿cuál ha sido el propósito de toda la exposición dedicada por VVEE a una nulidad que se tiene por producida pero que no se declara, porque se opta por sobreseer a los imputados por inexistencia de delito?”.
Los escritos de las apelaciones tuvieron duras críticas al razonamiento de los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, que -con distintos argumentos- resolvieron sobreseer a todos los acusados por inexistencia de delito. La decisión alcanzó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.
El fiscal Marcelo Colombo, a cargo del rol acusador del Ministerio Público, estudiaba si también presentaba su apelación. Si lo hace, se espera saber qué hará el fiscal ante Casación Javier De Luca quien -en 2015- sostuvo que la firma del Memorándum con Irán no constituía un delito, cuando le tocó opinar sobre las apelaciones a raíz del fallo dictado por el juez Daniel Rafecas ante la denuncia de Alberto Nisman. A diferencia de aquella vez, ahora tanto la DAIA como dos familiares están constituidos como particulares damnificados y así pueden impulsar en forma privada las apelaciones.
Aunque hubo una polémica sobre los jueces a analizar el caso, la apelación llegará a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal a cargo de los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Son los mismos jueces que ya intervienen en otras causas contra la vicepresidenta: la de ‘Cuadernos’ (en donde por dos votos a uno validaron la declaración de los arrepentidos) y la de ‘Dólar futuro’ en donde resolvieron sobreseer a todos los acusados, antes de llegar a juicio oral, en base a un peritaje que indicaba que no había existido perjuicio para el Estado.
Fue precisamente los planteos que se hicieron en la causa ‘dólar futuro’ ante Casación y el éxito obtenido ahí lo que terminó habilitando la serie de audiencias solicitadas por las defensas ante el Tribunal Oral Federal 8 para pedir la nulidad de la causa del Memorándum, el expediente que nació en 2015 con la denuncia del fallecido fiscal Nisman contra la entonces presidenta.
La apelación de la DAIA
“Lo que comenzó siendo una audiencia no prevista en nuestro ordenamiento procesal para tratar planteos de nulidad, terminó transformándose en una audiencia para tratar excepciones de faltas de acción –invocadas por las defensas durante las audiencias mencionadas- que ya habían sido oportunamente rechazadas por el mismo Tribunal”, dijo en la apelación el titular de la DAIA Jorge Knoblovits. Sostuvo que la sentencia desconoció artículos del Código Procesal Penal y valoró arbitrariamente prueba, incluso en forma contradictoria, cuando no estaba habilitado para hacerlo porque eso llegaría en el juicio oral.
Según dijo, “constituye una incorrecta y antojadiza apreciación de las probanzas y constancias de la causa, constituyendo una resolución arbitraria y carente de sustento legal, desconociendo la coherencia que debe respetar un acto jurisdiccional válido. Estamos ante una resolución plagada de definiciones dogmáticas sin sustento racional y legal que sólo fue fundada de manera aparente y contradictoria, resultando ser arbitraria y parcial”.
Uno de los puntos a los que apuntó la apelación es que “resulta evidente que el artículo 361 del CPPN ha sido erróneamente aplicado en la resolución en crisis” porque el tribunal no recibió ninguna prueba nueva que le permitiera dictar los sobreseimientos de los implicados. Es el que permite sobreseer a una acusado antes de que empiece el juicio oral.
La DAIA, además, sostuvo que incluso para el propio Tribunal las declaraciones testimoniales de los ex directivos de Interpol Ronald Noble y Joel Sollier eran “fundamentales” para la causa y habían sido ordenadas por el TOF, pero esas declaraciones nunca se concretaron porque “la Secretaría General de Interpol tiene una curiosa interpretación sobre las inmunidades (llevadas al insólito extremo de al menos obstaculizar la declaración como testigos de sus funcionarios)”
“No debe ser obligación de esta querella inmiscuirse en tales cuestiones, sino más bien es una obligación del gobierno argentino, quien por pedido de la justicia, debe destrabar la situación a los fines de que los testigos Noble y Sollier puedan declarar en esta trascendental causa”, advirtió. “Lo que diligentemente debe hacer la justicia argentina, es ampliar la información brindada a Interpol y transmitir a su Secretaría General la trascendental importancia de las declaraciones de Noble y Sollier para resolver la situación procesal de los imputados (detallando los motivos); y en su caso, de ser necesario, llevar adelante todas las diligencias necesarias (a nivel nacional e internacional) para que los mentados puedan declarar como testigos”, dijo.
Y añadió : “a esta altura de los acontecimientos cabe al menos poner en duda los dichos extrajudiciales de Noble y Sollier (o la suscripción de ciertas notas), por lo que su falta de declaración testimonial de ninguna manera podría favorecer a los imputados y menos por aplicación del art. 361 del CPPN. Pero lejos de hacer lo que es debido, en forma arbitraria e infundada, se considera a la presunta imposibilidad de que declaren Noble y Sollier, como un elemento para sobreseer a los imputados, lo cual no puede ser tolerado”.
La DAIA también cuestionó a los jueces que sostuvieron como novedad que las alertas rojas seguían vigentes y afirmó que el fallo “parece olvidar u obviar que la maniobra imputada requirió de ‘canales paralelos’, por lo que lo que se decía oficialmente tanto en forma oral como escrita, no refleja necesariamente la realidad”. “A los fines de la acusación lo más importante no es lo que hizo o interpretó finalmente Interpol una vez que le fue notificado el Memorándum de Entendimiento, sino la voluntad de los imputados al otorgarle a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”, se advirtió.
Lo que valoraron los jueces, dijo la querella, fue “la prueba recolectada en la instrucción, circunstancia que resulta absolutamente vedada previo al debate oral –conforme incluso jurisprudencia invocada por el propio tribunal oral” y por lo tanto “la resolución en crisis derogó implícitamente el Código de rito y valoró prueba incorporada en instrucción -sin fundamentar tal decisión-, por fuera de un debate oral y público”.
“Parece increíble tener que aclarar lo siguiente: la imputación no se basa en el acierto o desacierto, conveniencia o no de la firma del Memorándum de Entendimiento; tampoco se basa en la oportunidad, mérito o conveniencia de la firma del mismo; tampoco se basa en la negociación del Memorándum; tampoco se basa en la mera inconstitucionalidad del Memorándum. La imputación que se les efectúa a los imputados, y así surge del requerimiento de juicio, es resumidamente el ‘haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA-DAIA (…) Es decir, la imputación no gira en torno a la suscripción misma del Memorándum, sino más bien a los fines delictivos que se evidenciaron”, se afirmó.
La DAIA también cuestionó al juez Obligado por la “desatinada comparación” entre el Memorándum y las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” dictadas cuando Raúl Alfonsín era Presidente de la Nación. “Más allá de la posterior inconstitucionalidad de dichas leyes, no habría surgido ningún elemento probatorio como para investigar un posible encubrimiento por parte del gobierno de Alfonsín. Entiendo que de haber existido, se hubiere iniciado sin dudas una investigación. Por el contrario, en el caso de autos, existe sobrada prueba de la posible existencia de delito”.
La apelación de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas de AMIA
Para esta querella, “la esencia de la arbitrariedad expuesta en el fallo gira en torno de la pretendida frustración del debate, oral y público, para impedir que se produzca la prueba, eliminando injustificadamente los alegatos de las acusaciones sobre cuestiones controvertidas y fundamentales de la imputación, que se pretende reemplazar por la opinión unilateral de los jueces”.
Al inicio del escrito, los familiares recordaron que las audiencias en donde se habilitó la palabra de las defensas “con intervención de los medios de comunicación, para escuchar a los imputados, invocando un código procesal que no es ley vigente en esta jurisdicción, el día en que se celebraba el acto donde se recordaba el atentado terrorista contra la AMIA, donde fueron asesinadas nuestras hijas”. Y recordaron que un día antes, el abogado Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta, había dicho en C5N que no iba a haber juicio oral.
“Nos preguntamos aquí, al igual que la Dra. López Iñiguez: ‘…si un ‘observador objetivo’ tendría motivos para considerar afectada la independencia del tribunal en las circunstancias del caso que nos ocupa…”, se añadió. A la jueza también le recriminaron que hubiera citado en su fallo un informe del relator especial de la ONU, Diego García Sayan, al que aludió la vicepresidenta Cristina Kirchner en su intervención, con críticas a la mesa judicial del macrismo. “Pero el informe no existe”, dijo la querella y “debe ser esclarecido, pues consideramos de extrema gravedad que la información invocada –y aportada por la actual Vice Presidenta no solo componga uno de los votos del fallo, sino que, además, pueda no resultar ajustada a la verdad”.
Sobre el fondo de la cuestión, la querella afirmó que “no existen circunstancias sobrevinientes” ni “prueba nueva” en la instrucción suplementaria que “torne innecesaria la realización de un debate” que ya estaba resuelto y con citaciones de testigos ordenada. “Es difícil de entender cómo, a lo largo de las 385 hojas que integra el fallo, ninguno de los Sres. Jueces haya siquiera mencionado el texto del exhorto remitido por Irán a la Argentina de fecha 4 de noviembre de 2017″ en donde queda claro “que para Irán el Memorándum entró en vigencia y que su objeto era muy concreto: Interpol debía poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA”.
Y se añadió que “existen pruebas concretas que exponen la falsedad del propósito declarado públicamente para la suscripción del memorándum” cuando “el único efecto real y permanente que ha dejado son los banners impuestos en las notificaciones rojas, que a la fecha Interpol se niega a retirar”.