El exgobernador y embajador renunció en abril pasado, pero aún no se concretó su vuelta al país; el trámite de renuncia ya tiene la firma del canciller Cafiero, pero falta un decreto presidencial.
El exgobernador de Entre Ríos y renunciado embajador en Israel, Sergio Urribarri, sigue en ese país pese a haber renunciado públicamente a comienzos de abril pasado, tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción.
La presencia del exfuncionario en ese país y su vinculación a la delegación oficial se confirmó en las últimas horas tras la difusión de una imagen en el canal LN+.
Ante la consulta de LA NACION, fuentes gubernamentales argumentaron que Urribarri “ya está renunciado” y que “se está finalizando su proceso de desvinculación de la tarea diplomática correspondiente al caso en virtud a su previa designación como representante argentino ante dicho Estado y hasta tanto no se haga efectiva su desvinculación, no puede abandonar la delegación argentina”.
La oposición había presentado en los últimos días pedidos de informes dirigidos a la Cancillería para conocer por qué Urribarri seguía en Tel Aviv.
En el Gobierno agregaron que a los embajadores “los designa y los da de baja un decreto presidencial” y que Urribarri “está renunciado, pero necesita el decreto presidencial para que cierre el tramite administrativo”.
Antes del regreso de Urribarri, un jury de Entre Ríos destituyó a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien había impulsado la investigación contra el exgobernador.
En Casa Rosada argumentaron que “no esta prohibido que esté en Israel” y destacaron que Urribarri “no tiene condena firme”. “Es el trámite que tarda una renuncia de este tipo y no hay nada ilegal, porque Urribarri ni siquiera tiene sentencia firme”, detalló una fuente a LA NACION.
“Pasaron más de 45 días desde que se informó la renuncia del embajador Urribarri. Ya debería estar de regreso en el país, pero nada de esto consta en documentos oficiales”, posteó en sus redes el diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio. Tras lo que se conoció un pedido de informe al canciller Santiago Cafiero, que lleva la firma de otros legisladores como Waldo Wolff, Rogelio Frigerio,Graciela Ocaña y Pablo Torello, entre otros.
“Apuntar a Cafiero es desconocer los mecanismos del Estado”, dijeron a La Nación fuentes del Ejecutivo. Y explicaron que Cafiero como canciller ya firmó el decreto de renuncia, “está terminándosela el trámite administrativo que incluye un decreto presidencial”, completaron.
Urribarri fue condenado el 7 de abril pasado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos. Entonces, en el oficialismo las lecturas sobre lo sucedido con la condena se dividían. Mientras que algunos reconocían su sorpresa por el volumen de la condena y la cantidad de hechos de los que se lo encontró responsables, otros aseguraban que no tenían un “análisis” sobre eso, pero sí admitieron que se seguía el caso porque según la resolución, iba a “traer consecuencias”.
La Justicia entrerriana encontró al exgobernador peronista, que cumplió mandato entre 2007 y 2015, culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado. El fallo, que fue por unanimidad, lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. En el debate se puso bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015 y se lo acusó de ser parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvío de fondos.
Tras conocerse el fallo, el funcionario puso “a disposición” su dimisión y así lo informó en su cuenta de Twitter. El presidente, Alberto Fernández, se la aceptó de inmediato, según confirmaron fuentes oficiales anoche mismo. “La ofreció él y fue lo mejor que pudo hacer”, sintetizó a este diario un hombre del Ejecutivo. “Independientemente de lo que pase en las instancias superiores de la justicia -adonde Urribarri prevé llegar con sus apelaciones a la condena- no puede haber un funcionario de Estado de alto rango condenado, menos a nivel internacional”, completaron.
