El procedimiento se concretó hoy, en instalaciones de la empresa ITASA, y en el marco de la resolución 223/ 18 dictada por el STJ.
En el acto estuvo presente y verificando la legalidad del procedimiento la secretaria de Superintendencia del STJ, Dra. Elena Salomón, cuya intervención estuvo rubricada por el gerente de la Empresa, Ing. Marcelo Conesa.
Con la acción que se concretó este miércoles, respaldada por el presidente del STJ, Dr. Emilio Castrillon, se alcanzó la meta impuesta para este año ya que se logró la destrucción final en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (A.N.Ma.C) de 5.292 armas de fuego y 15.061 municiones, las que fueron enviadas desde la Justicia provincial al organismo nacional a tal fin.
A ese procedimiento se sumó la fundición de metales que no eran partes esenciales de armas y armas neumáticas, proceso que debe realizarse para evitar el retorno de las piezas al circuito criminal.
La destrucción de las armas secuestradas en procesos judiciales se enmarca en el convenio firmado en 2015 entre el STJ y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para agilizar el intercambio de información y sistematizar la entrega de armas para su destrucción mediante un proceso transparente e imparcial.
Constatada la posibilidad de destrucción, se inicia el proceso que incluye la trituración de los elementos, la separación de la madera, plástico y metal, y finalmente la fundición de este último en un horno, procedimiento que fue realizado en el día de hoy.