Como cualquier hijo de vecino, el exgobernador Sergio Daniel Urribarri fue citado por cédula, a través de la Policía, para asistir a la audiencia del viernes 22 fijada por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl. Ese día se resolverá el pedido de los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, que solicitaron la elevación a juicio de la primera causa por corrupción que podría sentar en el banquillo al actual presidente de la Cámara de Diputados.
En la causa “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P., Cargnel Corina E., Bustamente Jesús J.M., Montañana Hugo F., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, se investiga la distribución irregular de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, por un monto de $24 millones. La Fiscalía busca probar que el negocio del reparto de publicidad se hizo de un monto cartelizado, con las firmas Tep SRL y Next SRL a la cabeza, ambas adjudicadas a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y que de ese círculo participaban otras dos empresas, Bustamante y Montañana, aunque previo pago de “retornos”. Esto último lo confesó Jesús Bustamante, que zafó del juicio oral mediante un proceso de juicio abreviado, en el que admitió haber pagado coimas.
El jueves 1° de febrero, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga el negocio del reparto de publicidad vía el pago de sobornos, y que salpica, primariamente, a Urribarri, Báez y Aguilera, pero que compromete socios de las firmas Tep SRL y Next SRL, a los empresarios que participaron de ese negocio y a la familia del cuñado del exGobernador. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.
El escrito, que llegó a manos del juez Ruhl, incluyó el embargo y la inhibición de bienes para todos los involucrados en esa causa. El magistrado acogió favorablemente el embargo, y eso derivó en una seguidilla de recursos de apelación de los defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez,y de Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez, ya rechazado en Casación.
“El juez citó a todos los imputados para la audiencia del 22”, contó una fuente judicial a Entre Ríos Ahora. “Pero -aclaró- el Código no prevé la obligación de los imputados de asistir a esa audiencia, por lo tanto no es obligación que asistan. Puede desarrollarse esa audiencia sin la presencia de los imputados. Pero además, Urribarri y Báez, que están citados para ese día, se amparan en los fueros de legislador. No los pueden citar por la fuerza pública para que se presenten”.
En la causa, participan como defensores Raúl Barrandeguy , que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.
Los delitos investigados consistieron en el “direccionamiento”, así dice la imputación, de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según el dictamen fiscal. . Para los acusadores, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.
Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.
En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.
Aunque desde que el Ministerio Público Fiscal hizo el pedido de remisión a juicio, en febrero último, los planteos de la defensa han sido constantes.
El 14 de mayo último, la Cámara de Casación Penal rotuló como “inadmisibles” los recursos presentados por los defensores de Urribarri, del actual diputado provincial Pedro Báez y del cuñado Juan Pablo Aguilera contra la decisión adoptada por el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl, más tarde confirmada por el camarista Daniel Julián Antonio Malatesta, contra los embargos decretados sobre el patrimonio de los tres en la causa que investiga la distribución irregular de publicidad a las firmas Tep SRL y Next SRL.
La audiencia de elevación a juicio había sido fijada inicialmente para el 1° de junio, pero en función del planteo de recusación que soportó el juez Ruhl el trámite fue pospuesto, y aplazado para el viernes 22.
Fuente: Entre Ríos Ahora
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 18: El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, suscribieron hoy un convenio a través del cual los ferrocarriles que actualmente están bajo la órbita provincial vuelven a ser operados por el Estado Nacional.Foto NA: Cesar auspitz zzzz