Las sospechas golpean a la policia de entre Ríos. Los operativos en Villaguay derivaron en la detención de nueve civiles y cuatro policías.
¿Cuál es el efecto que genera la aparición de casos como estos?
El sábado, en un operativo por narcotráfico impulsado por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, se realizaron 24 allanamientos en la ciudad de Villaguay en simultáneo con otros, efectuados en el partido bonaerense de Moreno.Los procedimientos fueron el corolario de una investigación que llevaba más de un año en marcha y que buscaba desentrañar el funcionamiento de una banda que se dedicaba a la comercialización y producción de estupefacientes.
Los operativos en Villaguay derivaron llamativamente en la detención de nueve civiles y de cuatro policías, más la vinculación de otros dos uniformados de alto rango que, pese a haber quedado en libertad, deberán declarar en las próximas horas.Fue el propio jefe de la Policía Departamental de Villaguay, Daniel Randisi, quien sin ocultar la tristeza que le generó estos episodios, afirmó que deberán ser implacables a la hora de juzgar las responsabilidades de estos agentes en el delito investigado.
La tarea que tiene por delante el Gobierno sin dudas representará un desafío enorme y la puesta en marcha de una praxis que rompa la cadena de complicidades internas para que los delitos al interior de la policía salgan a la luz.
Un dato saliente, en el marco de la investigación es que, de los cuatro policías detenidos, dos policías dijeron que no tienen nada que ver con el tráfico de estupefacientes y se declararon consumidores de droga, por lo que pidieron, que se les practiquen los estudios correspondientes para determinar el consumo.
Este elemento, proporcionado por su abogado, vendría a justificar por qué sus nombres aparecen en las escuchas telefónicas.
Si esto se comprobara… ¿la ley prevé un trato especial?La Policía -ese organismo encargado ni más ni menos que de velar por la seguridad de las personas, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y evitar el delito en todas sus formas- tiene valiosos integrantes dispuestos a cumplir en forma eficiente su servicio a la comunidad.
Pero… ¿cuál es el efecto que genera en la comunidad la aparición de casos como estos? Esto tipo de delitos, ¿ponen a toda la fuerza policial en el foco de la tormenta?; ¿Hasta dónde podría llegar la red de responsabilidades?
«Entre Ríos exhibe una justicia que funciona desde el cargo más alto hasta el ciudadano sin ninguna jerarquía»
La ministra Rosario Romero, indicó que «la causa causó mucha sorpresa en la población. La investigación viene desde hace más de un año de mano del juez federal de Concepción del Uruguay, el Dr. Pablo Ceró, y de manos de la Policía también. Los jueces federales pueden apoyarse en la labor de la Policía de Entre Ríos, la Gendarmería o la Policía Federal. En este caso siempre lo hace con la Policía porque le tiene mucha confianza, especialmente cuando trabaja en investigaciones de narcotráfico».
Explicó que «venían hace mucho tiempo investigando escuchas telefónicas y lo que se llama estado de sospecha. Las escuchas son de horas y horas de conversaciones cruzadas para llegar a hacer estos 24 allanamientos simultáneos en el Departamento Villaguay y provincia de Buenos Aires».
«Hay cuatro policías detenidos: dos sargentos, un cabo y un subcomisario. Hay sospechados un comisario inspector y un comisario.
No están detenidos pero sí involucrados en la causa», agregó.
Dos policías detenidos por narcotráfico se declararon consumidores de droga.
Al respecto, consideró que «no es un dato que tenga envergadura dentro del ámbito policial.
Hay casos aislados en donde se les da una licencia para que puedan realizar un tratamiento.
La Ley 23.737 establece la medida educativa o la medida curativa, donde las personas que están sometidas a un proceso penal y dicen ser adictos y eso cobra verosimilitud en el proceso, se puede llegar a la no aplicación de pena respecto de esas personas si se someten a un tratamiento».
«Hay que tener en cuenta que todas las bandas de narcotraficantes siempre intentan cooptar a agentes estatales. Para lograr protección e impunidad siempre logran apoyarse en alguno que esté dentro del Estado», resaltó.
Comentó que «la provincia adhirió a la ley 26052, de Narcomenudeo. Es cierto que la Policía sabía y que la población también sabía dónde existían kioscos de venta de droga pero no se podía actuar porque se necesitaba la orden judicial y eso dependía de los jueces federales.
Hay uno en Paraná y otro en la costa del Uruguay, de ninguna manera podría haber atendido esa demanda ciudadana».
«Los cordobeses hace poco tiempo adhirieron a la ley y comenzaron a investigar.
Tuvieron tantos problemas con la policía provincial que tuvieron que generar una fuerza especial para colaborar con los fiscales y las investigaciones.
Por los antecedentes y demás arriesgo a decir que nosotros en la provincia no tenemos ese problema.
No digo que no haya casos, sino que es distinto a otras provincias», dijo.»Antes de implementar la ley de Narcomenudeo hubo un mes y medio de trabajo con la justicia federal porque precisamente el juez federal Ríos, de Paraná, era el más preocupado porque las investigaciones no se entorpecieran, es decir, por cuando haya que ir a allanar un kiosco de venta no se entorpeciera la búsqueda del proveedor principal.
Hasta ahora no hemos tenido conflictos de competencia, porque hay coordinación.
Estoy convencida de que en muchos casos de kioscos, tirando los hilos se llega al más grande», remarcó.
En ese sentido, manifestó que «veo una Policía completamente dispuesta a segregar a todos esos miembros de la fuerza que incurran en un delito.
Durante un año el procedimiento se venía haciendo en conjunto con el juez federal. Como ministra me enteré de los procedimientos el día que los iban a hacer.
Hubo tal cumplimiento de la orden judicial que se demuestra contundentemente que la Policía estaba dispuesta a investigarse hacia adentro.
La Policía no va a estar ajena al delito, lo importante es que no haya una complicidad, un apañamiento, una filtración.
Necesita una depuración de la mano de la justicia en estos casos, pero no veo que exista el problema de cuadros dirigenciales que estaban completamente comprometidos con el delito, como en Buenos Aires».
«Siempre hay ramificaciones y vínculos entre los grupos de narcotraficantes y también hay rivalidades que provocan homicidios y peleas.
Estoy segura de que Entre Ríos es una provincia que, a través de todos los estamentos del estado provincial y nacional, establece una hostilidad hacia el narcotraficante.
Ahora los jueces federales van a ser más, porque va a haber uno en Gualeguaychú, otro en Victoria y otro en Concordia. Ya hay más de 200 personas detenidas por los procedimientos de narcomenudeo. Van a empezar a perder bienes, recuperamos autos, dinero, armas. Entre Ríos tiene que perseguir el delito pero no abandonar la mirada hacia adentro de la Policía».
Un Policía actualmente «cobra un poco más de 20 mil pesos.
Ellos hacen muchas horas de servicios adicionales y por eso logra un mayor ingreso. Hay que trabajar mucho internamente en las crisis familiares, en los problemas de corte personal, apoyarlos para evitar crisis».
Habló de narcomenudeo y remarcó que «cuando hablamos de este tema no hablamos de combatir al adicto, sino al que es traficante, vendedor.
Los efectores de salud entonces tienen una doble tarea».
«Dentro de la Policía tenemos médicos, psicólogos, hay profesionales que acompañan a los policías. Incluso a veces hay crisis familiares y sin existir episodios de violencia muchas veces se les retira temporalmente el arma, se los pone bajo tratamiento», comentó.
«Tenemos una formación en la que hay mucho hincapié en los Derechos Humanos y esa cátedra existe en todos los institutos de formación de las fuerzas de seguridad. Eso es una política que es vital que siga. Siempre también se hacen talleres, capacitaciones especiales, tareas con las altas jerarquías de la fuerza. La mirada siempre está puesta en los Derechos Humanos. No estamos alentando políticas de mano dura y eso no significa ser tolerantes con el delito.
Creo que si las sociedades no tienen un criterio de que a la norma hay que hacerla cumplir, fracasamos en el derecho penal. Tenemos todo un sistema penal que es enormemente costoso y si no funciona para que las normas funcionen no sirve para nada», consideró.
Asimismo, manifestó que «somos mucho más efectivos en el combate hacia el delito y desde mayo en adelante muchísimo más. Tenemos más resultados, más juzgamientos de casos, más narcotraficantes presos, más bandas descubiertas».
No obstante, resaltó que «uno de los problemas a resolver es el de las cárceles. Hace ocho años empezamos a implementar un código acusatorio.
Teníamos 700 internos en nuestras cárceles y hoy tenemos 2400. Se triplicó el número.
Quinientos son presos federales, la mayoría por delitos federales.
De mayo a la fecha tenemos 200 personas detenidas por esto.
Hay cárceles en Paraná, Federal, Concordia, Concepción del Uruguay, estamos terminando una en Gualeguaychú.
El viejo hospital monovalente de Federal era un antiguo regimiento.
Lindero está el hospital de Salud Mental que tiene seis naves enormes que pueden ser utilizadas para unidad penal».
Sobre los policías de antes y los de ahora, dijo: «nunca pienso que tiempo pasado fue mejor.
Es cierto que gente con experiencia puede transmitirle a las nuevas generaciones eso que aprendieron, pero dialogo con cadetes y oficiales jóvenes y salen con mucha frescura y ganas de hacer cosas.
En muchos casos se han reconocido actitudes heroicas y en su mayoría son de chicos jóvenes».
Por otra parte, consideró que «siempre faltan policías, al igual que agentes penitenciarios.
Tenemos que ver que la cárcel no es la única alternativa en muchos casos. Por ejemplo, hay mamás jóvenes que caen por determinado delito y es mucho más humano y mejor en resultados una prisión domiciliaria con dispositivo electrónico y una vigilancia, que la cárcel».
Finalmente, remarcó que «no va a haber ninguna protección para funcionarios políticos. Las sospechas sobre funcionarios políticos ha hecho que la justicia actuara en un montón de situaciones y los tiene en investigación. Entre Ríos exhibe una justicia que funciona desde el cargo más alto hasta el ciudadano sin ninguna jerarquía».
«Creo que es alta la participación de efectivos en este tipo de casos»
Néstor Belini, periodista, dijo que «en esta investigación estuvo trabajando un sargento de la vieja escuela y con un legajo intachable.
Eso también hace a abordar este tipo de situación porque es un policía formado con otros parámetros. La formación de los policías también está en el tapete».
«Yo creo que este caso no mancha a toda la fuerza policial. Creo que es alta la participación de efectivos en este tipo de casos.
Cuando se desbarató la banda del Gordo González estuvo involucrado un alto jefe de la Policía, era jefe de Toxicología.
Fue sobreseído en un primer momento pero luego casación sostuvo que debía ser investigado por el supuesto delito de encubrimiento por aportar datos de lo que se iba a hacer.
Por otra parte, cuando se desbarató la banda del Gordo Nico, se reveló la participación de un policía que tiene relación con otro policía que están investigando su participación en algunos casos que han conmocionado al mundillo político de la ciudad.
También hubo participación de un policía en el caso de la banda de los Sotelo, que robaba casas en Paraná, Tala y Nogoyá. Los Sotelo no trabajaban con armas ni drogas», recordó.Asimismo, opinó que «tenemos este caso donde dos policías han reconocido ser adictos. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario».
