A través de una audiencia celebrada en la noche del viernes, la Justicia de Salto imputó al hombre de 56 años que admitió haber asesinado a Tatiana González.

Tal y como informaron distintos medios regionales, la mujer había avisado a su madre que cruzaría a Salto para visitarla e, incluso, le avisó cuando llegó al puente internacional. Sin embargo, conforme el paso de las horas, la madre de Tatiana comenzó a sentirse nerviosa ya que no lograba comunicarse con ella. Por tal motivo, llamó a la policía y denunció la falta de contacto con su hija. Asimismo, dijo que ésta había quedado en encontrarse con una expareja, padre de uno de sus hijos, previo a su encuentro.

Poco después se comprobó que su ingreso a Uruguay había sido registrado en el puente binacional. Se montó de inmediato un operativo de búsqueda en cuyo marco se localizó en la tarde del jueves el automóvil Peugeot 404 en que se desplazaba Tatiana, donde se encontraron sus pertenencias, su cartera y rastros de sangre.

Ya en la madrugada del viernes, efectivos policiales hallaron finalmente su cuerpo sin vida en inmediaciones del Agua Salto, a unos 200 metros de donde estaba ubicado su automóvil. Según detallaron fuentes cercanas a la investigación, presentaba una herida de arma de fuego y múltiples golpes en el rostro y la cabeza, por lo que se presume que la víctima haya querido huir del ataque.
Por su parte, fue detenido M.F.B.M, quien se alojaba en un hotel céntrico de Salto, el que admitió los hechos vertidos en su contra. El caso quedó en manos del fiscal Augusto Martinicorena, quien solicitó pruebas.

Culminadas las actuaciones correspondientes, el hombre fue imputado por “un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por femicidio en régimen de reiteración real; con un delito de tráfico interno de armas de fuego y un delito de porte y tenencia de arma de fuego en concurso formal, con un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos”, disponiéndose su prisión preventiva por el plazo de 180 días.

También se dispuso un embargo genérico por U$S 300.000 a solicitud de la defensa de la madre de la víctima.

Fuente: El telégrafo