La subinterventora del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Marina Alegre, se pronunció sobre la intervención dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, a través del decreto N° 3675. La medida responde a una serie de irregularidades detectadas por la Comisión Fiscalizadora Permanente del Iosper, que reflejan una grave situación financiera del organismo, con un déficit mensual de 2.000 millones de pesos, cubierto con fondos del tesoro provincial. Además, se destacan los retrasos en las prestaciones a los afiliados y el incremento de los gastos judiciales debido a incumplimientos.
En una entrevista Alegre detalló las acciones que se están llevando a cabo para solucionar estos problemas, enfocándose en la auditoría en curso y la necesidad de un saneamiento tanto económico como prestacional dentro de la obra social. «El déficit y la deuda acumulada se van a modificar en base a la auditoria que estamos realizando. Los montos totales serán comunicados por el gobernador», dijo.
En cuanto a las irregularidades con las que se encontraron al asumir el mando de la obra social provincial, señaló: «Hay cosas que no son necesariamente ilícitos, pero sí son procesos administrativos que terminan en un gasto mayor. Por ejemplo, cuando no hay una rápida respuesta al afiliado, se termina en un amparo».
«No hay duda de que en Iosper hubo una mala administración porque sino no habría este déficit. A esa mala administración se le suma el aumento de los costos de los medicamentos. Estamos seguros que con una administración diferente no se tendría ese déficit y se mejorarían mucho la prestaciones», enfatizó.
Alegre sostuvo que detectaron situaciones particulares en compras a proveedores, aunque evitó dar detalles precisos. «Por ejemplo, si se compraba el agua a 1.000 pesos y al lado lo vendían a ochocientos es evidente que los circuitos administrativos repercutieron en el déficit», se limitó a explicar.
En esa línea, remarcó que como autoridades interventoras su accionar se limita a «tomar medidas administrativas internas», las cuales serán anunciadas a su tiempo por el gobernador. «Desde el primer momento se están tomando medidas para solucionar los problemas de los afiliados y de los prestadores», subrayó.
Rechazo de los gremios
La intervención del Iosper fue repudiada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación del Personal Legislativo (APLER) y la Federación Entrerrianas de Sindicatos Municipales de Entre Ríos (FESTRAM), entre otros. En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue más cauta: manifestó su desacuerdo pero llamó al gobierno a abrir un canal de diálogo.
Consultada sobre la reacción de los sindicatos, la subinterventora sostuvo que «el directorio manifestó no estar de acuerdo con la intervención, pero también informaron que no iban a hacer ningún procedimiento legal».
«Nosotros no pretendemos quedarnos acá, sino sólo los seis meses que manda la Ley», aseguró y añadió que si bien la Ley define que la intervención es de seis meses «si es necesario se podría prorrogar un tiempo más». «Lo cierto es que una vez terminado el tiempo de seis meses, los interventores se deben retirar y convocar a elecciones», completó.
Quién es Alegre
Alegre es médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, con especialidad en pediatría y en terapia intensiva pediátrica, neonatología y cuidados críticos. Tiene posgrado en administración y gestión hospitalaria. Fue Presidenta del Comité de Bioética del Hospital Materno infantil San Roque, Paraná, Entre Ríos, periodo 2018-2021.
Además fue presidenta del Comité Central de Bioética e Investigación del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. Período 2021-2023. Hasta la fecha fue directora General de Recursos Humanos Hospitalarios y Centros de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
