La causa tomó impulso a partir de un procedimiento realizado el pasado 13 de febrero en el denominado «Camino del Borello», a unos 200 metros de la intersección con la Ruta Nacional N° 12, en el acceso a la localidad de La Paz.

Tras meses de tareas de inteligencia, la PFA logró reconstruir la logística del traslado de estupefacientes. Los investigadores determinaron que el vehículo utilizado para transportar la sustancia habría sido provisto por el propio comisario. La causa analiza también un conflicto derivado de la compraventa de dicha camioneta, marco en el que se registraron denuncias por presuntas amenazas con arma de fuego.

La causa cuenta con más personas privadas de la libertad y bajo la órbita de la Justicia Federal:

• César Leonel Ramírez: alias “Checho”, un albañil de 34 años domiciliado en La Paz con antecedentes por robo, asistido por el abogado Claudio Berón.

• Dos nuevos detenidos: representados por el abogado Alberto Salvatelli.

•Un prófugo: se trata del hermano de uno de los últimos arrestados, quien es intensamente buscado.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que las tareas de inteligencia sobre el entramado se desarrollaban desde tiempo antes, aunque el procedimiento de febrero permitió consolidar las pruebas sobre la presunta responsabilidad de los implicados.

Al tratarse de una causa que involucra a un oficial en actividad —hijo del exsubjefe de la fuerza provincial, Juan Ramón Rosatelli—, la Justicia derivó las tareas operativas a la PFA para asegurar la imparcialidad del proceso.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos manifestaron su respaldo a los procedimientos ejecutados por el fuero federal, al tiempo que ratificaron el principio de que “nadie está por sobre la ley”.